Colombia. Militarización, complicidad institucional y condena mediática al Paro Camionero

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El cese de actividades del sector transportador lleva más de 40 días en las carreteras de Boyacá, César, Nariño, Antioquia, Santander y Cundinamarca, entre otras regiones del país. El saldo negativo de las negociaciones entre el gremio y el Gobierno se evidencia, hasta el momento, en la grave situación de derechos humanos (un muerto en Duitama, 13 detenidos en Cajicá, una tractomula en proceso de extinción de dominio, cientos de licencias de conducción canceladas) y los cerca de dos billones de pesos en pérdidas para la industria en el país. Mientras Juan Manuel Santos y los medios de comunicación condenan al gremio, sigue en ascenso la represión.

A pesar de que las demandas del gremio se relacionan con las consecuencias negativas de los Tratados de Libre Comercio (la entrada de multinacionales como Impala al negocio del transporte de carga, por ejemplo), el Gobierno se ha negado a ceder negociar temas como el precio de los combustibles, la tarifa de los fletes, el sistema de chatarrización ‘uno a uno’ y el valor de los peajes; para así preferir el señalamiento y condena de las personas que participan del paro.

Medidas gubernamentales

Juan Manuel Santos anunció a todo el país el pasado 15 de julio que iniciarían fuertes medidas militares y judiciales para dar fin a la protesta camionera tales como el decomiso de los vehículos para ser producto de extinción de dominio, la cancelación de las licencias de conducción a los conductores, multas de hasta 700 millones de pesos y cancelación de las licencias de operación a las empresas. También señaló que habría judicialización de quienes participen en los bloqueos.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el Director de la Policía, Jorge Nieto, el ministro de Transporte, Jorge Rojas, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el Fiscal General (e), Jorge Perdomo, y el vicepresidente Vargas Lleras hicieron parte de la creación del conjunto de decisiones.

Críticas al accionar del Esmad

Varios sectores de la sociedad rechazaron la manera en que el Escuadrón Móvil Anti Disturbios -Esmad- procedió en la ciudad de Duitama para acabar las concentraciones camioneras, hechos en los que resultó muerto Luis Orlando Saiz. A pesar de que el Instituto de Medicina Legal confirmó que su muerte fue producto de un disparo a la cabeza (proveniente de un arma del Esmad) el Gobierno respaldó el procedimiento.

Así lo demuestra la versión de Jorge Nieto, director de la Policía, quien argumentó el “uso de fuerza proporcional en la manifestación”. La versión de la población en Duitama siempre fue desestimada por las autoridades gubernamentales y la respuesta ante la indignación social fue el toque de queda.

Ante la imposibilidad de resolver la protesta de otra manera, Juan Manuel Santos exigió la presencia de 50 mil integrantes de la fuerza pública en todo el país: un aumento de cerca de 25 mil efectivos.

Medios de comunicación

Por su parte, algunos medios de comunicación presentan al Paro Camionero y sus consecuencias como tema prioritario en la agenda, sosteniendo que la responsabilidad de la protesta es de los transportadores que no quieren trabajar y que tampoco permiten la libre circulación de los vehículos que no se sumaron al paro.

Por otro lado, varios medios presentaron información errada acerca de la causa de la muerte de Luis Orlando Saiz, al sostener que el lamentable hecho era producto del manejo de artefactos explosivos artesanales y no, como en realidad ocurrió, por un disparo proveniente del Esmad.

Son numerosas las exigencias que rodean al Paro Camionero, pero son todavía más las trabas que el Gobierno impone para llegar a un acuerdo razonable. Mientras tanto, la población civil en las redes sociales,organizaciones defensoras de los derechos humanos en las regiones e incluso el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, se manifestaron en contra del tratamiento dado a la movilización social por Juan Manuel Santos.

CI JA/MP/18/07/16/15:00

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