Colombia: Las mujeres víctimas perennes de la trata de personas

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La expresión triste de María* se mezcla con rabia, impotencia y mucho miedo. Es un miedo que no se le quita de encima pese a que ya pasaron cinco meses desde que logró escapar de sus captores en Estados Unidos, a donde la llevaron engañada con un falso contrato de trabajo.
Las contrataciones falsas son uno de los ganchos para atraer personas, en especial mujeres jóvenes para explotación sexual. Pero también son víctimas del tráfico hombres y mujeres de cualquier edad, usados bajo condiciones de esclavitud en distintos oficios.

En Colombia, el delito afecta anualmente, según los datos disponibles, a unas 70 mil personas, lo que la sitúa en el tercer lugar de América Latina, detrás de República Dominicana y Brasil.

En conjunto, América Latina es en la actualidad el nuevo destino destacado del tráfico humano, un puesto que Japón ocupó en la década de los 80 y España en la de los 90.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, urgió el 13 de este mes, en Nueva York, a que los países endurezcan las medidas contra lo que se llama la esclavitud del siglo XXI.

Ban pidió reducir la impunidad frente al escándalo de que cada año millones de personas sean compradas y vendidas como si fuesen ganado, y recordó que «la mayoría de las víctimas son mujeres y niños».

Colombia, por ejemplo, se convirtió en los últimos años en receptor de víctimas del delito, procedentes casi siempre de los vecinos Ecuador y Perú. Estados Unidos ha sido y es el principal receptor del tráfico de latinoamericanos con fines de explotación.

«El año pasado desmantelamos una banda que tenía a 30 peruanos encerrados, trabajando en Bucaramanga», capital del norteño departamento de Santander, dijo a IPS bajo anonimato un oficial de Investigación de Interpol Colombia.

Pero las estadísticas reflejan sólo parcialmente la dimensión del delito porque muchas víctimas no denuncian por miedo a que los traficantes cumplan sus amenazas, por vergüenza social o porque no comprenden la magnitud de la violación a sus derechos.

«Una mujer me dijo que le había ido peor que mal, que ni le pagaron nada, pero que no denunciaría porque era solo mala suerte», dijo a IPS la abogada Lina Parra, de la no gubernamental Fundación Esperanza, que atiende a las víctimas de trata de personas en Colombia desde hace 13 años y en Ecuador desde hace tres.

«Y si la víctima no quiere, no insistimos porque consideramos que ya violaron suficientemente todos sus derechos como para ejercer mayor presión», continúo Parra.

La reacción de las víctimas no cambia que la dimensión del delito se equipara con el tráfico de estupefacientes y de armas. Se desarrolla, además, con estructuras que hacen muy complejo determinar los responsables, porque cada paso se maneja divorciado del siguiente.

«Primero hacen la captación, luego el traslado y después la explotación. Pero algunas personas son rescatadas tras ser captadas, otras son trasladadas pero no explotadas, lo que deriva las denuncias hacia el delito de secuestro, por ejemplo», explicó Parra.

En la dificultad de desmantelar las redes coincidieron tres funcionarios de Interpol que hablaron con reserva de su nombre.

Pero resaltaron que Colombia pasó hace dos años a abanderar la lucha contra la trata en la región, tras una labor de 15 años con mejora de los métodos de investigación y la coordinación entre las instituciones.

El impulso inicial lo dio la Fundación Esperanza, que en 1995 conformó el primer grupo interinstitucional contra la trata. Ahora se transformó en un Comité integrado por 14 instituciones, entre ellas la o­nU, dos ministerios, la Fiscalía General, el Instituto de Bienestar Familiar, Interpol y la propia Fundación.

Este mismo mes, unas 30 colombianas fueron reclutadas con engaños y llevadas a la ciudad de Ibarra, en Ecuador, donde tuvieron la suerte de ser rescatadas días después de ser confinadas en un centro de prostitución.

Pero Parra explicó que el episodio mostró también que el trauma no cesa con la liberación.

A lo vivido durante el cautiverio se sumó el amarillismo e insensibilidad con que los medios de comunicación trataron el rescate y la situación de las mujeres, lo que representó un nuevo trauma, relataron las víctimas en el albergue de la Fundación en Ecuador.

La Fundación acoge a las víctimas al menos un mes, atiende su salud física y psicológica, les ayuda a retomar su vida y les apoya en la denuncia y el juicio, cuando se producen.

Por su parte, los funcionarios de Interpol reconocieron la falta de recursos para hacer frente a «la complejidad del delito, diferente a cualquier otro».

Pero consideraron positivo que se haya modificado el Código Penal para endurecer el castigo. Las penas para los traficantes o explotadores de personas van ahora de 10 a 15 años.

Queda mucho por hacer, sin embargo. Citaron como ejemplo la necesidad de capacitar a jueces y fiscales para que comprendan la dimensión del delito, sus causas y consecuencias. Sólo así, aseguraron, el sistema de justicia dejará de percibir a las víctimas como responsables del propio delito.

«Muchas veces escuchamos durante los procesos que se 'machaca' a las víctimas con frases como 'para que se fueron' o 'como no se dieron cuenta' de que se les ofrecían oportunidades falsas», citó uno de los entrevistados.

María y el miedo que no cesa

Pero la gente cae en la trampa cuando está urgida de oportunidades. Fue el caso de María, de 40 años, original de un pueblo del central departamento de Tolima y residente en las cercanías de Bogotá, cuando fue captada por las mafias.

Todavía la domina el miedo, reconoció a IPS, y aún teme que sus captores la encuentren a ella o a sus hijos. Eso pese a que se sienta protegida por la Fundación y su caso avance en la Fiscalía. «Quiero volver a ser yo, pero no puedo», sintetizó.

Otro sentimiento que la domina es la rabia, porque en noviembre de 2008 aceptó un contrato que fue revisado por ella y su familia, antes de decidir que la oferta de un trabajo como servicio doméstico en casa de unos millonarios colombianos en Estados Unidos era una salida temporal al desempleo y a la falta de recursos que la angustiaba.

La oferta llegó por un pariente en cuya inocencia María aún confía. «No sabía quiénes estaban detrás», dijo.

Pero todo cambió cuando llegó a una ciudad estadounidense de la que prefiere no dar detalles. Le decomisaron su pasaporte y otros documentos, le impusieron jornadas que iban de 5:00 de la mañana a medianoche, con el único descanso de media tarde los domingos, y redujeron su alimentación diaria a unas pocas verduras.

En los 39 días de esclavitud que soportó, María rebajó de 58 a 41 kilogramos, mientras la forzaban a pasar horas de rodillas en tareas extenuantes de limpieza, vigilada y amenazada.

Todavía peor, se le impidió todo contacto con su familia, relató María despacio, como tratando de exorcizar lo vivido. Una mujer salvadoreña, empleada en una casa vecina a donde estaba confinada, notó su acelerado adelgazamiento y su actitud cohibida y buscó un momento de descuido de sus captores para dialogar con ella.

Le habló en español, le aclaró que todo lo que hacían con ella era ilegal, le explicó cómo reactivar el teléfono que sus captores mantenían bloqueado y le dio el número de emergencia para buscar ayuda con la policía, que inicialmente se limitó a obligar a los victimarios a que le entregasen el pasaporte y advertirles del trato irregular que le daban a la mujer.

Esa noche, la sometieron a todo tipo de amenazas para ella y su familia en Colombia. Le aseguraron que la denunciarían por varios delitos y pasaría años en una cárcel, si no firmaba un documento que exoneraba de toda responsabilidad a sus secuestradores.

Terminó huyendo disfrazada y en una camioneta, ayudada por la vecina salvadoreña y su marido, mientras sus victimarios pensaban que dormía.

La llevaron a un centro de atención para víctimas de trata de personas. «Allí empecé recuperarme, hablé con mi familia, con mis hijos varias veces, y pude darme cuenta de las dificultades que enfrentan muchas personas como yo. Coincidí con otras dos colombianas y otras cuatro se fueron el día que entré», explicó.

María dijo ser consciente de que tuvo mucha suerte y que su caso es leve respecto de lo que soportan otras muchas personas comerciadas como carne humana por las mafias. Por esas víctimas quiere llegar hasta el final, y cree que cuanto más se sepa que le pasó a ella, menos caerán en los engaños de los que fue víctima.

* María es un nombre ficticio, a petición de la testigo.

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