Colombia. La Semana Internacional del Detenido Desaparecido

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“Escribo en el olvido en cada fuego de la noche cada rostro de ti”. Juan Gelman

 

Por allá por los años 1988 o 1989 se realizó  en la ciudad de Bogotá uno de esos encuentros rutinarios  que los  militares del patio trasero de los Estados Unidos acostumbran  hacer para celebrarse, condecorarse y festejar lo que consideran sus hazañas en “la lucha contrainsurgente” y muy en particular contra “el comunismo internacional”. Causa que los hermanaba como el lazo de sangre más profundo. (¡Sin ningún propósito he dicho sangre,  tremenda ironía!). Fecha esa que paradójicamente coincidió con un Congreso Latinoamericano de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Evento  este que tuvo marcada trascendencia porque ese acto de barbarie de desaparecer a las personas como política terror implementada por las dictaduras de la región en aplicación del “Plan Cóndor”, había permeado a sus pares continentales que fungían como árbitros de las nuevas  “dictaduras constitucionales” o “democracias restringidas”. Y en nuestro país, referente cabal de ese novísimo “constitucionalismo”,  ya  se empezaba a padecer ese terrible mal, lo que hizo que este Congreso no sólo reuniera al joven pero muy  dinámico movimiento nacional de derechos humanos manifestado en una eclosión de organizaciones- entre ellas ASFADDES la anfitriona- sino que extrañamente concitara la atención del periodismo nacional.

Y cómo no memorar en este momento y en referencia a ese encuentro latinoamericano, que en él tuvieron destacada actuación la popular pareja conformada por Gabriel Betancur y Teresita del Colectivo por la Vida 5 de junio, así como el  señalado defensor de derechos humanos Gustavo Salgado Ramírez, no recuerdo de qué organización. Y cómo no referir que  los dos primeros fueron desaparecidos en el Magdalena Medio por paramilitares en una zona bajo control de las tropas al mando del temible general Faruk Yanine Díaz, y Gustavo lo fue en Bogotá en una acción del tenebroso DAS, organismo  cuyo cerebro  de “inteligencia” era José Miguel Narváez alto  oficial en comisión allí, hoy preso entre otros  por el asesinato del humorista Jaime Garzón. Narváez, asesor del Ministerio de Defensa, y  profesor tanto de la Escuela Superior de Guerra como de las mesnadas paramilitares de Carlos Castaño Gil. Y la organizadora ASFADDES ha sufrido la desaparición forzada de varios de sus integrantes, entre ellos Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero Mesa, desaparecidos en Medellín por las  llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia”, AUC, la cual era orgánico el comandante del GAULA  en esa ciudad el después general de la Policía Mauricio Santoyo Velasco, extraditado a los Estados Unidos y hoy preso en Colombia por el crimen de los dos defensores.

Pero no, no era aquel encuentro militar tan antagónico a  lo que  inspira el propósito de esta nota.  Sí es, empero, ocasión para recordar que en dicho convite el militar  de más alto grado en el país a la sazón ministro de defensa el general Rafael Samudio Molina, inauguró el ágape con sus pares haciendo referencia burlesca a la asamblea de derechos humanos, diciendo algo así : “Como yo sí no estoy desaparecido, aquí me ven”. Desde luego sonoras carcajadas celebraron la gracia sutil del general, el discreto encanto de la burlería. ¿Qué culpa tienen ellos si no sólo es ese –y sólo ese- el  sentido del humor que su formación les inocula, sino que  además el protocolo militar –para el caso de los iguales- y la disciplina –para el caso de los inferiores- ordena festejar  lo que exprese el hablante?

Esta sangrienta anécdota puede ser el principio y el fin de lo que se diga acerca de lo que la desaparición forzada significa para el Estado y para quienes en su nombre lo ejecutan. Ella agota el tema. Sin embargo, algo hemos de decir en desagravio de tan sentidas víctimas y en solidaridad con la Semana Internacional del Detenido Desaparecido que corre entre este 26  y el 31 de mayo.

Según el registro único de víctimas que lleva el Estado de este ominoso crimen, los desaparecidos en Colombia serían del orden de los 49.878. Pero según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, serían 80.472. Y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas  -¡otro eufemismo!-, mecanismo creado por el Acuerdo de La Habana suscrito entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC-EP., habla de que el número puede llegar a 120.000. Sea cual fuere la cifra, y en aras de la honradez haciendo la  salvedad de que no todos los casos corresponderían al tipo penal de Desaparición Forzada, se resalta como algo inaudito que en “la democracia más antigua y estable de América” como les gusta bautizarla y alardear sus usufructuarios,  secuestradores, usurpadores, o a cualquier título sus beneficiarios, el número de desaparecidos en Colombia supera a los de cualquiera de las sanguinarias satrapías que asolaron al sub continente: sea el Brasil de Castelo Branco precursor de este crimen en 1964, la Guatemala de Romeo Lucas y Ríos Mont, la Nicaragua  de Somoza, El Salvador de Napoleón Duarte, el Chile de Pinochet, o la Argentina de Videla y Cia.  Y pare de contar.

Lo anterior y dado que ese fenómeno criminal se da en el marco de la acción represiva durante el conflicto que enfrentó al Estado con la insurgencia de las FARC-EP, su competencia quedó en cabeza de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, alto tribunal de Justicia creado en el dicho Acuerdo para juzgar las atrocidades cometidas en los años de confrontación. Y como una de las traiciones estatales a esa “paz firmada”, reprensible burla de ella, se releva cómo, al tiempo que la dirección de la antigua guerrilla comparece lealmente  a este tribunal a dar explicaciones sobre las docenas de casos de desapariciones que se les atribuyen y por las cuales están dispuestos a responder, el estamento militar, autor con abrumadores elementos probatorios de responsabilidad no de docenas apenas sino de docenas de miles, calla como una ostra.

Y a la manera burlesca  de Samudio Molina, dicho estamento ¡se reclama víctima del conflicto! Y exige que sus hombres caídos, heridos, prisioneros de guerra, enfermos y aún presos por crímenes comunes, sean reconocidos como tales. Y en materia de la victimización que consideramos, sólo reconocen esta categoría y claman “con digna justicia”, para los suyos  que denominan “desaparecidos en acción”, dándoles una connotación que jurídicamente no les cabe ni corresponde a nivel del derecho interno ni del internacional. Esos no son víctimas de desaparición forzosa. Con  todo el respeto que merece el dolor de sus familias, único momento en que se hermanan las dos figuras.

La titánica lucha de los familiares de los detenidos desaparecidos cubre muchos frentes. Uno de ellos que pareciera mentira tuvieran que librar, es el de la memoria. Como con  justeza  lo resume Luz Marina Hache una de las dirigentes históricas del movimiento en Colombia, esposa del estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá y militante del M-19 Eduardo Loffner Torres desaparecido hace alrededor de 30 años: “La memoria, un escenario en disputa. El Estado siempre propendiendo por el olvido”.

Y hablando de olvidos, ¡cómo no llamar a estrados al periodismo nacional! Al igual que ocurrió con el horror de la guerra sucia y el terrorismo de Estado que tuvo expresiones tales como la tortura oficializada en la década del 70 del siglo pasado, el exterminio de cientos de dirigentes sindicales de la naciente Central Unitaria de Trabajadores CUT  y de miles de la Unión Patriótica en las siguientes 80 y 90, y los  “falsos positivos” en las dos primeras décadas de este siglo, sin el fundamental papel de silenciamiento, ocultamiento y desinformación del periodismo nacional, no habría sido posible que perviviera tan impune y prolongadamente la desaparición de personas. Con que se le hubiera dado apenas voz al clamor angustiado de las víctimas -atendiendo principios básicos del periodismo-, habría bastado  para que el Estado no hubiera podido tan olímpica y desfachatadamente incurrir en esta práctica. Pero no. El periodismo lo tenía claro: la voz era para los partes militares, para los voceros oficiales así fuera la voz de los victimarios. En una sola y definitiva frase, para lo que tenían claro y aún lo  llegaron a reivindicar como su legítima apuesta: para la defensa del Establecimiento. De su Establecimiento. De ahí, las  “fuerzas oscuras”, los “confusos hechos”, los “supuestos terroristas”, los “dados de baja en combate”, los “hechos materia de investigación”, los “presuntos maltratos”, los “no atendieron las voces de alto” o “no respetaron el retén militar” y los “se vieron obligados a usar sus armas para defenderse”.

Y en la coyuntura presente y para el hecho que nos ocupa, dos botones bastan de  nuestra: el diario El Tiempo de este 26 de mayo de 2020 en una crónica que pretende ser solidaria con la semana conmemorativa, dice de esta “práctica” -no crimen de lesa humanidad- que: “ha sido cometida  por todos los actores que han participado de las hostilidades, legales e ilegales”.  Qué bonita y aséptica forma  de sin recato alguno,  diluir, disfrazar, en últimas esconder, la responsabilidad abrumadoramente mayoritaria que en esta “práctica” tiene la fuerza pública, ejército y policía. Ya directamente, o como lo contempla la legislación nacional e internacional para derivarle responsabilidad al Estado, a través de particulares con su anuencia -léase paramilitares-. Qué bonita  –léase grosera- forma de asimilar unas cuantas docenas de desapariciones atribuibles a la guerrilla de las FARC, a unas cuantas docenas de miles atribuibles a las  “armas de la República”.

Y la revista cultural (¡¡!!)  oficial Arcadia, en su edición del 10 de julio de 2019, acerca de la campaña “Detrás” del Comité Internacional de la Cruz Roja, para honrar  el trabajo de los familiares de los desaparecidos: “En Colombia, el fenómeno aún afecta tanto al mundo rural como a las grandes ciudades. Ahora, con la extinta guerrilla de las FARC como interlocutores, bajo los marcos del Derecho Internacional Humanitario y lo pactado en el Acuerdo de La Habana,  ha habido avances en el esclarecimiento de muchos casos de desaparición”. Una deliberada y flagrante  mentira toda la nota. No sólo es falsa la buena nueva de que ha habido avances en el esclarecimiento de muchos casos, sino que es perverso en grado sumo el mensaje central  con intención subliminal que  se quiere fijar en la mente del lector: “los 50, 80 o 100.000 desaparecidos de Colombia, son por cuenta de las FARC. Menos mal que ahora están cantando….”.

De modo que con todo y el  artículo 12 de la Constitución Nacional, y el 165 del Código Penal colombiano con sus múltiples modificaciones, adiciones y supresiones; con todo y la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Desaparición de Personas, la Convención Interamericana de la OEA y la ídem Internacional  de las Naciones Unidas sobre el mismo tema, instrumentos todos vigentes y vinculantes para Colombia, aquí y en el mundo se sigue cometiendo este acto de ferocidad y barbarie. Por parte de los gobiernos. Sí de los gobiernos. Empero, ahí están los luchadores de la vida y la dignidad a los que saludamos en esta Semana conmemorativa del dolor pero también de la esperanza. Al MOVICE, ASFADES, CPDH, CAJAR, CINEP, Fundación Hasta Encontrarlos, Fundación Erika Bautista, Reinaldo Villalba, Gloria Gómez, Eric Arellana, Gloria Mancilla, Pablo Cala, Gladys López, Alirio Uribe, Gustavo Gallón, Fabiola Lalinde,  el padre Javier Giraldo y Eduardo Carreño, apenas unos entre una multitud…

 Alianza de Medios por la Paz

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