Colombia: La muerte no se aleja de los destinos del Departamento de Arauca

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Saravena, 05 de mayo de 2009.

ACCIÓN URGENTE

LA MUERTE NO SE ALEJA DE LOS DESTINOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Luego de las cifra elevada de muertes violentas, relatadas en nuestras dos últimas acciones urgentes, de nuevo tenemos que consignar los asesinatos de otras 10 pobladores del departamento de Arauca, que han perdido la vida sin que se establezca a cerca de los victimarios ni se halla hecho nada desde el Estado por detener esta escalada criminal. Reseñamos, entonces los hechos que pudimos documentar desde la Fundación sin que ello signifique que son los únicos ocurridos en este periodo:

Ayer 04 de mayo, en horas de la tarde, fueron asesinadas en la inspección El Troncal, jurisdicción del municipio de Arauquita, el señor CARLOS VÁSQUEZ, de 28 años de edad, directivo del Comité de Desplazados de esa municipalidad, y el joven MELQUIS ORTIZ, de 23 años de edad.


El domingo, 3 de mayo, fue asesinado en la vía que de Puerto Nariño conduce a Saravena, el señor PEDRO VICENTE CORREDOR.


El 28 de abril, en la vía que de la población El Amparo, Estado Apure, conduce al Caño La Colorada, en la hermana República Bolivariana de Venezuela, fueron hallados asesinados los señores WILMER QUINTERO PÁEZ, de 26 años de edad, natural de Arauquita y ANTOLINO VARGAS SÁNCHEZ, de 48 años de edad, oriundo de Rionegro-Santander, quienes habían sido reportadas por sus familiares como desaparecidas desde el pasado 27 de abril.

El&nbsp 25 de abril, en la Vereda Corocito, del municipio de Tame, en horas de la noche, fue asesinada con proyectiles de arma de fuego la menor de 15 años de edad, LINA JUDITH RAMÓN CASTILLO.

El 24 de abril, en el centro del casco urbano de Tame, fue asesinado el docente MILTON BLANCO LEGUIZAMÓN, afiliado a la asociación de Educadores de Arauca ASEDAR.

El 23 de abril, en el Barrio Obrero, de la inspección de La Esmeralda, municipio de Arauquita, fueron asesinados los esposos, JOSÉ RODRÍGUEZ CARRASCAL, de 35 años de edad y EMILSE GAMBOA ANGARITA, por hombres que irrumpieron en su casa de habitación causándoles la muerte, con arma de fuego.

El 21 de abril, fue ultimado el agricultor de 39 años de edad, OLIMPO CÁRDENAS CASTAÑEDA. El hecho de sangre se consumó al interior de la finca «La Fortuna» en la vereda Las Nubes, jurisdicción del municipio de Tame. Olimpo, era una de las víctimas y testigo del bombardeo a Santo Domingo, ocurrido el 13 de diciembre de 1998, donde fueron asesinados 17 personas, por la Fuerza Aérea Colombiana.

El 20 de abril, aproximadamente a las 11:00 a.m., en la vereda La Arenosa, resultó muerto por explosión de una mina anti-persona, el agricultor MIGUEL ÁNGEL PIMIENTO ROJAS, de 26 años de edad, en momento que se encontraba desarrollando labores de deshierbe con una guadaña.

Cuando miramos este número de muertes, no sobra insistir que la política de “seguridad democrática”, no es segura ni es democrática y definitivamente, como se ha venido exponiendo desde su inicio está muy apartada de dirigirse a la protección de los ciudadanos colombianos en su vida e integridad personal, lo cual resulta evidente en un departamento con alta presencia de fuerza pública en relación a su territorio y a su población.

La labor social de los dirigentes y comunidad organizada se sigue desarrollando entonces, en el marco de esta violencia inusitada que resta posibilidades de un ejercicio cabal y pleno.

Los actores del conflicto social y armado, están obligados a respetar a la población civil y no tenerla como blanco de sus acciones y hostilidades; exigimos hacerlo así ya, y además avanzar en una solución política que parta de la superación de las causas estructurales que lo originaron.

Al Estado colombiano, exigimos cumplir con su obligación constitucional de velar por la vida, honra y bienes de los araucanos, y los compromisos adquiridos con la firma o ratificación de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos; a los organismos de justicia y control, a que inicie sin tardanza las investigaciones por estos casos.

A la comunidad nacional e internacional, que como resultado de su observación y monitoreo permanente de la crisis social y humanitaria a que han sido sometidos los pobladores de esta región, exhorten a los actores que participan en el conflicto, para que hagan efectivos los principios y obligaciones en materia de Derechos Humanos.&nbsp
NUESTRA ACCIÓN ES LEGAL Y LEGÍTIMA

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA

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