Colombia: Investigarán a congresistas por supuestos vínculos con las FARC

La Procuraduría General de Colombia aunció este miércoles que abrirá una indagación en contra de la senadora de oposición Piedad Córdoba y otros dos congresistas por presuntamente mantener vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El procurador general, Alejandro Ordóñez, informó que se abrió esa causa disciplinaria contra las senadoras Piedad Córdoba, del Partido Liberal, y Gloria Inés Ramírez, del Polo Democrático Alternativo (PDA), y el diputado Wilson Borja, también de esta última formación política.

Ante esto, Borja dijo a teleSUR que aún no se le ha notificado formalmente sobre la apertura de un expediente en su contra por parte de la Procuraduría y agregó que en Colombia los casos judiciales se manejan a través de la prensa.

"El problema en Colombia es que los casos judiciales se tratan con la prensa, y respecto a esto (a la investigación) yo no tengo ninguna notificación más que la que me envió el antiguo procurador el año pasado, cuando se abrió una investigación en virtud del proceso de indagación sobre la Parapolítica", declaró.

"Que me notifiquen si hay algo nuevo, diferente a lo que ya tiene la Corte. Espero que la Procuraduría me notifique", agregó.

Denunció que esta nueva investigación se anuncia con la intención de "seguir enredando la situación en la que está el país, a favor de (Álvaro) Uribe, como lo mismo que han sacado contra magistrados de la Corte. No es más que lo que acostumbra a hacer este presidente, enredar las cosas para su conveniencia".

A Córdoba, que ha sido mediadora en la liberación de una docena de personas retenidas por las FARC y lidera el movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP), el presidente colombiano Álvaro Uribe le ha negado la posibilidad de intervenir en la liberación del cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo, retenido desde hace más de 11 años por esta guerrilla.

Esto pese a que la organización insurgente, al anunciar la liberación unilateral de Moncayo el pasado mes de abril, solicitó la presencia de Córdoba en el proceso.

Uribe ha dicho que si las FARC quieren liberar al uniformado, lo pueden entregar al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a la Iglesia Católica, únicos entes autorizados por su gobierno para tal fin.

La indagación disciplinaria es independiente de una investigación penal que cursa en la Fiscalía General desde el año pasado contra los mismos parlamentarios y por la misma acusación.

El procurador Ordóñez incluyó además en la indagación preliminar al concejal de Bogotá por el Partido Comunista (PC), Jaime Caycedo, que junto a los tres congresistas deberá atender el llamado de la Procuraduría, ya que sus nombres supuestamente aparecieron en computadores pertenecientes al número dos de las FARC, Raúl Reyes, asesinado por el Ejército colombiano en Ecuador.

En esos computadores, según la versión de Bogotá, aparecen mencionados los legisladores, así como periodistas, otros políticos y defensores de derechos humanos, entre otros.

Raúl Reyes fue masacrado el 1 de marzo de 2008, junto a los guerrilleros que lo custodiaban mientras dormían, tras un bombardeo y posterior incursión terrestre de tropas colombianas en territorio ecuatoriano, donde estaba asentado el campamento temporal donde pernoctaban.

Por esa acción militar que significó una violación de la soberanía ecuatoriana, Quito rompió&nbsp relaciones diplomáticas con Colombia, que hasta ahora no se han restablecido.

La Fiscalía colombiana y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), adelantan igualmente desde hace más de un año una investigación por vínculos de políticos y congresistas con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Como resultado, una treintena de congresistas, la mayoría de la coalición oficialista se encuentran detenidos a la espera de que se decida su situación judicial.

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