Colombia. Informe de responsabilidad de las FFAA en ejecuciones extrajudiciales se presenta a Juridicción Especial para la Paz en Casanare

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El pasado 16 de agosto 2018, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP) recibió el informe ‘Ni delincuentes, ni combatientes’, sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes de la Brigada 16 del Ejército Nacional entre 2005 y junio de 2007. El informe entregado a la JEP da cuenta de 20 víctimas de falsos positivos entre Casanare y Boyacá.

En el informe, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), con el respaldo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), documentaron 12 casos en los que estarían involucrados alrededor de 50 militares o más.

Entre los implicados estaría el entonces coronel Henry Torres Escalante, quien suscribió el acta de sometimiento ante la Justicia para la Paz y ratificó su compromiso con ese tribunal hace menos de un mes.

El proceso contra Torres Escalante se da por los asesinatos de Daniel Torres y de su hijo Roque Julio, dos campesinos de Aguazul, Casanare, ocurridos el 16 de marzo del 2007, y quienes fueron presentados como bajas en combate contra la insurgencia.

Según Fabián Valverde, quien ejerce la coordinación de derechos humanos del Congreso de los Pueblos Capítulo Casanare, la Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria logró establecer que de las nueve unidades militares que componen la Brigada 16, siete de ellas tuvieron una participación activa en la comisión de las ejecuciones. Además argumentó “una posible fase de planificación de la ejecución, el análisis de diversos métodos de encubrimiento, y finalmente los mecanismos de impunidad en la jurisdicción penal militar y jurisdicción ordinaria”.

Fundación de derechos humanos Joel Sierra emite alerta temprana ante los hechos que han causado zozobra en los habitantes del departamento de Arauca 

Por las calles y avenidas principales del municipio de Saravena durante el fin de semana se paseó un grupo de hombres fuertemente armados que vestían uniformes verdes, pero no tenían ninguna distinción de Policía o Ejército
lo que causó revuelo en la comunidad debido a que en los últimos días circuló un panfleto de supuestos grupos paramilitares en los que lanzan sendas amenazas contra los pobladores de esta región.

Debido a esta situación, la fundación de derechos humanos Joel Sierra emitió una alerta temprana, que hacen recordar el pasado reciente en el que la Policía Nacional trajo un grupo de sicarios que se anidó dentro de los anillos de seguridad en el centro del municipio de Saravena, quienes asesinaron entre el año 2003 y 2004 más de 45 personas de la región, la mayoría de los cuales fueron conducidos previamente a la estación de policía con cualquier excusa de verificar antecedentes o por no portar la cédula, para allí ser identificados y fotografiados.

Uno de los casos más emblemáticos que se recuerda es el del dirigente social y defensor de derechos humanos, miembro de nuestra fundación en la seccional de Saravena y trabajador de la Empresa Comunitaria de Acueducto Alcantarillado y Aseo ECAAAS E.S.P., Rito Hernández Porras.

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Los congresistas María José Pizarro, David Racero, Aída Avella y Gustavo Bolívar de la Coalición Lista de la Decencia, radicaron este miércoles ante el Consejo Nacional Electoral su declaración oficial de oposición al Gobierno del recién electo presidente Iván Duque.

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