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Colombia: ¿Hay corrupción en el DPS Prosperidad Social de la Presidencia de la Republica? 

Fernando Rubio 

La corrupción en las instituciones del Estado colombiano es uno de los principales fenómenos que afecta en la actualidad a la sociedad colombiana. No se trata de un problema menor como lo intentan sugerir algunos sectores de la sociedad civil.

Distintos estudios indican que la corrupción se roba anualmente casi 80 billones de pesos colombianos (unos 20 mil millones de dólares). Dineros que van a parar a manos de reconocidos ex presidentes/presidentes/vicepresident@s (Uribe, Pastrana, Santos, Duque y Marta Lucia) senadores, representantes, ministros, ex ministros, generales, coroneles, gerentes de bancos, multinacionales, contratistas y seudo empresarios como lo vimos recientemente con el caso de Centros Poblados, la entidad de Emilio Tapias, quien se alzó con 75 mil millones de pesos (18 millones de dólares) de un contrato para instalar computadores en escuelas y colegios por un valor de un billón 300 mil millones de pesos (300 millones de dólares) y que contó con la complicidad de altos funcionarios del Ministerio de las TIC (Abudinen). Dineros que van a parar en cuentas de paraísos fiscales.

Recientemente se destapo un escándalo que compromete a importantes asesores de María Paula Correa, la Jefe de Gabinete de la Casa de Nariño. Se trata del señor Andrés Mayorquin quien mediante descarado tráfico de influencias le consiguió a su esposa Karen Liseth Vaquiro, contratos por casi 1500 millones de pesos y becas universitarias del Icetex para hacerse a títulos universitarios chimbos.

Este caso es uno de los miles que se dan en el gobierno en todos los niveles, más ahora que se eliminó la Ley de garantías para que los alcaldes, gobernadores, ministros y gerentes del Estado adjudiquen a dedo centenares de contratos entre las roscas uribistas que serán utilizados para la compra de votos y el fraude electoral.

Seguramente esta epidemia de corrupción será más fuerte en aquellas entidades del Estado que disponen de gigantescas y billonarias sumas de dinero como es el caso del Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la Republica DPS (https://prosperidadsocial.gov.co/  ), gerenciada por una reconocida ficha parapolítica de Álvaro Uribe, la señora Susana Correa (de las entrañas de la industria del azúcar de Cali) que recibirá en los próximos meses los recaudos de la reciente reforma tributaria por una valor cercano a los 15 billones de pesos (casi 4 mil millones de dólares), además de administrar los presupuestos para atender a los 8 millones de víctimas del conflicto armado nacional.

El DPS gestiona varias estrategias para atender a población (24 millones) socialmente vulnerable y en condiciones de extrema pobreza (víctimas del conflicto) con programas conocidos como Familias en Acción, Familias en su Tierra, Jóvenes en Acción, Iraca (para víctimas del conflicto afros e indígenas), Ingreso solidario, Emprendimiento colectivo, Infraestructura social y vivienda, Empléate, Devolución del IVA etc.

Estos programas son ejecutados por Operadores escogidos a dedo o mediante licitaciones fraudulentas que son acomodadas por los funcionarios de contratación del DPS por lo que reciben cuantiosas comisiones, que igualmente benefician a los intermediarios enchufados con la alta burocracia del DPS y con el bloque de parlamentarios uribistas (ex senador Milton Rodríguez y ex Senador Horacio José Serpa, quien renuncio a ser candidato al Congreso porque le va mejor en el corretaje de comisionista).

Los operadores de programas como Fest, Familias en Acción e Iraca tienen organizado un aberrante sistema de despojo a los hogares y comunidades en cada uno de los ejes contemplados como seguridad alimentaria, proyectos productivos, mejoramiento de vivienda y fortalecimiento comunitario, que en el caso de Familias en su Tierra es de casi 5 millones de pesos  por hogar y en el caso de los indígenas y afros es de casi 4 millones de pesos.

El sistema de robo consiste en hacer firmar a los hogares y a las comunidades el recibo de unos incentivos que no reflejan lo que se debe desembolsar efectivamente (En mejoramiento de vivienda, por ejemplo, se deben entregar 2 millones de pesos, pero en realidad se entregan 200 mil pesos. Un robo descarado).

Mediante estudios y seguimientos que hemos hecho en los años recientes a lo que ocurre en el DPS hemos detectado una telaraña de contratistas que son los favorecidos a dedo o con licitaciones torcidas (en Secop I y II) por la Jefe de contratos de esa entidad, la Doctora https://kaosenlared.net/wp-content/uploads/2022/02/images-65.jpg Barragan.

Los operadores privilegiados en el DPS con contratos (2019, 2020, 2021, 2022) que oscilan entre los 20 y 30 mil millones son los siguientes:

Unión Temporal Familias 2021 con NIT No. 901.505.235-0 (Contrato de servicios 439 del 2021), representada por Diego Moreno Tirado identificado con cédula de ciudadanía No. 79.788.747 de Bogotá D.C.; la cual está integrada por una Unión Temporal organizada en Bucaramanga, (de manera ilegal), por la Fundación Terrazul (Nit 830.087.101-0), la Fundación para las soluciones integrales y servicios asociados Fundaservi (Nit. 800.032.735-4) e INGEAMBICOL (Nit 800.063.939-2).

La Unión Temporal Unidos por el Chocó con NIT: 901.501.979-3 integrada por La Asociación colombiana de Innovación con Nit  901.294.654-6, representada por la Doctora Paola Pinzón esposa de Alejandro Cárdenas, candidato a la alcaldía de Cimitarra (30 de enero del 2022); la Fundación Presente y Futuro con Nit 900.490.722-5; y la Fundación para las Soluciones integrales y servicios asociados Fundaservi (Nit. 800.032.735-4).

Consorcio Escalando Futuro-Corprogreso (Nit No. 901.518.621-7)  cuya Representante es la Doctora Luz Ángela Garzón identificada con cédula de ciudadanía No. 52.120.161   (Contrato de servicios 255 del 2021) e integrado por la Corporación Escalando Futuro Nit. 900.017.160-1; y la Corporación para la Investigación el Desarrollo sostenible y la promoción social con Nit 830.021.593-7. Luz Ángela Garzón Acumula casi medio billón de pesos en contratos desde el 2012 con el DPS creado por Santos.

Unión Temporal Alianza Fest IV identificado con NIT No. 901.520.331-2 y representada por Esther Añez Martínez identificada con cédula de ciudadanía No.49.730.424 de Valledupar, que está integrada por la Fundación Asociación Creando Futuro (ASOCREF) con Nit 900.174.216-5; la Fundación Fundalianza con Nit 819.005.064-5; y la Fundación Ayudanos 824.005.366-2. La señora Añez tiene varias condenas judiciales por robos al Estado en Bienestar Familiar.

Consorcio Fest Caribe identificado con Nit 901.518.545-5, representado por José Enrique Herrera Jiménez (socio de los paramilitares del Bajo cauca Antioqueño y Montería) con cedula de ciudadanía N 15.666.408 DE Planeta Rica e integrado por Corsodimarp  Nit. 806.011.836-1; Fundación Proteger Nit  900.242.855-3; y Fundación Labriegos por la paz Nit 900.064.245-7.

Estas Uniones y consorcios hacen parte de una arquitectura para institucional con claros visos delincuenciales como es el caso de los dispositivos armados de manera exprés por Diego Moreno Tirado y Alejandro Cárdenas, expertos en aportar pólizas falsas y organizar telarañas contractuales como la de Centros Poblados de Emilio Tapias, hoy encarcelado por sus trapacerías criminales.

Como Veeduría y Auditoria ciudadana hemos organizado un equipo que revisara toda la documentación aportada (con pothosop y falsas evidencias) al DPS por estas ESAL de bolsillo para justificar los desembolsos realizados por el DPS y que han sido utilizados para comprar mansiones en Bucaramanga y Riohacha (Moreno y Cárdenas), para adquirir vehículos de alta gama y para entregar coimas y comisiones a la red de corrupción infiltrada en el DPS.

En nuestros trabajos al servicio de la sociedad colombiana y de la ética pública, nos apoyaremos en la las leyes anticorrupción 1474 del 2011 (https://bit.ly/3AtZwcu ), en la Ley 2195 del 2022 recién aprobada (https://bit.ly/3Kze2nL ), en la ley 1712 del 2014 que consagra el derecho a la información (https://bit.ly/33K2L3s ), en el Documento Conpes 4070 del 2021 de reciente aprobación (https://bit.ly/3rKqNDu ), en las normas reglamentarias correspondientes, en las directivas y estrategias de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, en la Contraloría General de la Republica, en la Procuraduría General de la nación y en la Comisión Nacional de Moralización, para denunciar todo este entramado de corrupción y despojo de los presupuestos apropiados para los más pobres de Colombia y para las víctimas del conflicto.

Exigiremos a la Directora del DPS con la Ley 1712 (acceso a la información) en la mano la entrega de la más amplia información sobre los contratos, los informes de los Operadores, los POAS, Anexos técnicos, las plantillas de gestores sociales (explotados como mano de obra esclava) y los informes de los Supervisores que se han convertido en cómplices de los “macancanes” que se roban los dineros de los mas pobres.

Vamos a trabajar con las comunidades en la realización de Audiencias públicas y las rendiciones de cuentas para hacer realidad el Estado abierto y la transparencia en el gasto de los dineros públicos entregados al DPS.

Nuestro correo es: rubiofernando446@oulook.es

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