Colombia. Gobierno da la espalda al informe de Derechos Humanos de la ONU

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La alta consejería de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el informe de seguimiento que realizó frente a este tema durante el año pasado en Colombia. La oficina informó la grave situación de derechos humanos que atraviesa el país e hizo unas recomendaciones para mejorar la situación. Ante esto, el gobierno de Iván Duque descalificó el trabajo de la oficina en Colombia y declaró, de manera irresponsable, que las recomendaciones violan la soberanía nacional. 

El informe en cuestión es la producción anual de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se encargó de compilar casos concretos y realizar recomendaciones al gobierno colombiano. El informe, publicado en Bogotá por el representante de la alta consejería en Colombia Alberto Brunori el 25 de febrero del presente año, recibió el respaldo de las embajadas de Canadá, Noruega y Francia en Colombia.

 Los derechos humanos en Colombia

El texto deja en evidencia la preocupante situación en materia de derechos humanos al exponer 26 masacres durante 2019, así como 108 asesinatos a líderes sociales -lo que implica un crecimiento del 50% respecto al año antepasado-, con un índice de sistematicidad preocupante, y graves casos de violencia sexual y de género.

Esto llevó a la alta consejería a declarar la defensa de los derechos humanos como una actividad de alto riesgo en el país. De igual manera, el informe denuncia el alto número de asesinatos de líderes indígenas, entre los que se cuentan 66 asesinatos de integrantes del pueblo Nasa y 13 autoridades indígenas, por lo que hizo un llamado de atención específicamente a los crímenes de etnia. Esta situación tiene un carácter de gravedad más alto debido al contexto de implementación del Acuerdo de Paz firmado en el 2016.

Asimismo, la alta consejería invitó a la fiscalía a adelantar las investigaciones que pretendan develar los autores intelectuales de los vejámenes, con el fin de reducir la impunidad y buscar garantías de no repetición.

Por otro lado, al evidenciar que la mayoría de los casos de violaciones de DDHH ocurren en Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Caquetá, departamentos en los que la disputa de varios actores armados por el territorio se ha llevado a cabo con extrema violencia, la oficina de la alta consejería exhortó al Gobierno para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, principalmente en su apartado de restitución de tierras, ubicando a las víctimas como eje de dicha implementación y entendiendo que el problema de la distribución de la tierra hace parte de una de las causas históricas del conflicto en Colombia.

De igual manera, el informe realiza sugerencias importantes acerca del Ejército y la Policía. Frente a la primera, hace un llamado para investigar los casos de ejecuciones extrajudiciales y los registros de tortura, así como los casos de cooperación entre fuerzas armadas y grupos paramilitares.

Frente a la Policía, recomendó que el traslado de esta dependencia desde el Ministerio de Defensa hacia el Ministerio del Interior y a investigar los casos de violaciones a los derechos humanos que incluirían episodios de tortura y vejámenes a la dignidad de civiles, así como los casos de corrupción registrados en 12 de los 32 departamentos del país.

De igual manera, después de lo acontecido en el marco del Paro Nacional que inició el 21 de noviembre del año pasado, la alta consejería hizo un llamado a transformar los protocolos de acción del Escuadrón Móvil Anti Disturbios -Esmad-, involucrado en el asesinato de Dilan Cruz.

Frente a los casos de violaciones a los derechos humanos la alta consejería recomendó que estos deberían ser investigados por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar.

La reacción del Gobierno

A pesar de que la situación en términos de derechos humanos está en un nivel preocupante, la reacción del gobierno del Presidente Duque consistió en descalificar el informe en su totalidad y en atacar sus recomendaciones.

Comenzando por el jefe de Estado, quien debería asumir responsabilidades de cara a este informe, descalificó el texto al afirmar que se trata de una “intromisión en la soberanía de un país”, y además rechazó las recomendaciones al asegurar que exceden las funciones de la alta consejería.

De igual manera, Emilio Archila, Consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, cuyas funciones son las de garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz, calificó el informe como una “chambonada”.

Por otro lado, la canciller Claudia Bloom, declaró que el informe había sido construido a partir de posturas subjetivas que excedían su función, acusando la oficina de tener un sesgo ideológico.

Igualmente, miembros del partido del gobierno han rechazado el texto, criticando que las cifras presentan una supuesta extralimitación de las funciones. Al respecto el senador Ernesto Macías (expresidente del senado) propuso el cierre de la oficina de la alta consejería y la expulsión del país, reacción que no sorprende si se considera que el Centro Democrático ha sido negacionista del conflicto armado, así como de sus implicaciones en términos de derechos humanos, y han prometido acabar con la implementación del Acuerdo de Paz.

¿Qué queda?

A pesar de que este informe no tiene que coincidir necesariamente con las proyecciones del Gobierno y de sus cálculos políticos frente al conflicto (término que se habría podido eliminar del informe, aseguró el Gobierno), sí es urgente que se tomen medidas para la protección de los defensores de derechos humanos en el país y sobre todo que se solucionen los ya registrados y sistemáticos problemas al interior de las instituciones de la Fuerza Pública.

Por su parte, la oficina prometió continuar con la vigilancia multilateral hasta el año 2022, año en el que finaliza el acuerdo vigente.

Rechazar el informe no solo demuestra apatía por parte del Gobierno para mejorar los preocupantes indicadores, sino que se relaciona a la evidente falta de voluntad de avanzar en la implementación del Acuerdo y a garantizar la protección de las personas que le apuestan a la construcción de mejores condiciones de vida en los territorios. También cae en la estigmatización de la defensa de los derechos humanos, lo que aumenta el riesgo de este ejercicio.

La falta total de diplomacia en las declaraciones de los implicados demuestra que el gobierno de Iván Duque está desbordado por su falta de voluntad, tanto en reconocer el conflicto, sus características históricas y sociales, como de reconocer que el cumplimiento del Acuerdo firmado por el Estado colombiano es un elemento importante para avanzar en la construcción de paz del país.

Finalmente, la susceptibilidad del partido de gobierno frente al informe, en parte podría tener su fundamento en las coincidencias del mismo con muchas de las causas que se vieron expresadas en las movilizaciones de final de año pasado, y que en su momento fueron menospreciadas por el Gobierno.

CI YA/ND/06/03/2020/10:00

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