Colombia. Exigen acciones ante muertes por desnutrición de niños wayuu

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La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció la inacción de las autoridades ante las numerosas muertes de niños del pueblo Wayuu en el departamento de La Guajira, al norte de Colombia.

Los decesos que se asocian a cuadros de desnutrición, han sido denunciados en reiteradas ocasiones por organismos internacionales desde el 2013. Sin embargo, pese a los fallos, sentencias y órdenes de la justicia, la ONIC aseguró que aún no se han tomado medidas efectivas sobre el tema.

«Desde hace ocho años y hasta la fecha, más de 4,770 menores dejaron sus vidas en hospitales y rancherías, convirtiéndose en escalofriantes cifras que NO han sensibilizado a gobernantes y entidades involucradas en este flagelo», lamentó la organización.

La cifra de fallecidos fue brindada por el magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, en una audiencia pública que sirvió para describir la sentencia T-302, que en el año 2017 declaró el estado de cosas inconstitucionales en el departamento de La Guajira.

1) ¿Qué es el “Estado de cosas Inconstitucionales”?

En Colombia, el Estado de cosas Inconstitucionales es una herramienta legal que fue creada por la Corte Constitucional con el fin de proteger los derechos fundamentales de la población.

Cuando el alto tribunal declara esta condición en alguna localidad, reconoce la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales de las personas que viven ahí; además de la omisión de las autoridades para adoptar medidas que garanticen tales derechos.

El 8 de mayo del 2017, la Corte Constitucional de Colombia declaró el Estado de cosas Inconstitucionales en La Guajira al determinar que existía un incumplimiento por parte del Gobierno y de varias autoridades para atender la vulneración de los derechos fundamentales a la alimentación, salud y agua potable en los menores wayuu.

En la sentencia de 358 —que se dio a conocer un año después— la máxima corte consideró los indicadores de un estudio del Ministerio de Salud que establecía que, para el año 2013, la tasa de mortalidad por causas asociadas a desnutrición en menores de cinco años fue de 32,54% por cada 1,000 niños en La Guajira.

A través de esta sentencia, la Corte Constitucional estableció que el gobierno trabaje en base a las metas del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para reducir los índices de desnutrición crónica y establecer un plan de acción para responder a la vulneración masiva de los derechos fundamentales: agua, salud y alimentación.

Con esta medida, a su vez, la Defensoría del Pueblo quedaba comprometida a visitar cada seis meses al departamento para evaluar el cumplimiento de la sentencia e informar sobre la situación a la Procuraduría General de la Nación.

2) La indiferencia mata a los niños wayuu

En marzo del 2018 —casi un año después de esta sentencia— una visita de la Procuraduría General de la Nación daba cuenta de la condición precaria en la que seguían viviendo los niños wayuu.

«En las inspecciones oculares y visitas de campo, se hallaron niños en condiciones muy precarias, en recintos sin ventilación y sin el mínimo vital, ya que el agua que consumen no es potable ni apta para el consumo humano», relataron.

Enseguida, agregan: «Se encontraron centenares de niños sin atención y con evidentes signos de estado de desnutrición».

Esto motivaría que, a finales del año pasado, en diciembre del 2019, el Tribunal Superior de Riohacha, capital de La Guajira, cite al presidente de Colombia, Iván Duque y las autoridades competentes a una audiencia por incidente de desacato a la sentencia T-302. El presidente nunca llegaría y sus enviados reconocerían que el gobierno aún no cuenta con un plan de acción.

3) Denuncias por corrupción

A la indiferencia de las autoridades se suma ahora un nuevo problema en La Guajira: la corrupción.

En un reciente comunicado, la ONIC denunció que el Instituto Colombia de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Guajira, entidad encargada de velar por la prevención y protección integral de la primera infancia, se ha convertido en «la caja menor de la corrupción».

La organización indígena argumenta que desde hace cinco años las autoridades del ICBF actúan de manera arbitraria e inconsulta cediendo la contratación de personal para la atención de la primera infancia a fundaciones con intereses políticos.

«[Se] tiene por costumbre dejar la dirección de la Regional bajo un encargo temporal y apenas llegan las fechas de adjudicación de contratos, apartan del encargo al funcionario delegado, para darle vía al funcionario asignado por el nivel central», señalaron.

De inmediato, explican que este nuevo funcionario «viene con directrices específicas de debilitar la contratación de las asociaciones indígenas wayuu de le región, para ceder de manera arbitraria e inconsulta la millonaria contratación a fundaciones filiales a los intereses políticos y económicos».

«Mientras sigue la puja para acceder a los millonarios contratos de la atención a la primera infancia en la Guajira, los niños wayuu en los territorios indígenas se siguen muriendo de hambre y sed», advirtieron.

Indicaron que los niños en condición de mendicidad, salen a las vías principales a pedir limosnas, arriesgando sus vidas, ya que se lanzan o atraviesan de manera intempestiva a los vehículos.

Un video de octubre pasado recogido por NoticiasRCN, muestra como niños de Riohacha pertenecientes a La Guajira, buscan restos de comida en medio de toneladas de basura.

Ante esta situación, la ONIC emite un llamado para que el Estado colombiano, los organismos de control y las organizaciones de Derechos Humanos Nacional e Internacional se pronuncien al respecto.

Asimismo, solicitan que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nivel central y regional informe sobre las acciones que han implementado para contrarrestar este flagelo que sigue dejando en la mendicidad a los niños wayuu.

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