Colombia. ¿Es posible un Contrato ambiental, social y económico por Bogotá Postpandemia?

Izquierda alternativa bogotana

La Administración de la Alcaldesa de Bogotá, Dra. Claudia López ha entregado oficialmente su proyecto de Plan de Desarrollo de la ciudad para los próximos 45 meses.

Previamente se realizó la consulta con diversas expresiones de la sociedad civil de la ciudad, con las juntas administradoras locales, con los gremios, con las organizaciones sociales en sus diversas expresiones.

El trámite del Plan de desarrollo de Bogotá se da en una coyuntura marcada por el impacto de la pandemia del coronavirus, la recesión y parálisis de la economía que prácticamente ha frenado el curso regular que tenía la ciudad y por situaciones sociales muy graves como el hambre, el desempleo y la incertidumbre de las comunidades en la cuarentena, decretada por las autoridades que ha sido acatada parcialmente por amplios grupos comunitarios en situación desesperada.

Sobre la población bogotana hay un gran impacto existencial que marcara un corte histórico en la ruta temporal y social de la capital de la Republica.

El documento de partida se plantea como “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. El mismo contempla cinco propósitos, 30 logros, 58 programas generales, 17 programas estratégicos, 513 metas de sector y 79 indicadores, con una inversión que pasa de los 112,68 billones de pesos previstos en febrero a 109,28 billones de pesos hoy.

Para los cuatro años está planeado un ingreso total de 139,9 billones de pesos, de los cuales 30,6 billones son para funcionamiento y servicio de deuda, y 109,28 billones, para inversión.

Los sectores con mayor inversión.

Los sectores que tendrán mayor inversión serán: movilidad, con 37 billones; educación, con 23,7 billones; salud, con 16,3 billones; hábitat, con 7,2 billones; integración social, con 6,5 billones; gobierno, con 6,1 billones; cultura, con 2,2 billones; seguridad, con 1,9 billones, y ambiente, con 1,3 billones. En cuanto a otras transferencias, el presupuesto dispuesto es de 4,9 billones.

El documento incluye una propuesta para el manejo de los impactos de la peste ocasionada por el COVID19.

Desde el debate político originado en el Concejo Distrital se han planteado observaciones y cuestionamientos a temas relacionados con la protección animal, la salud mental, la educación superior, la gestión del Transporte masivo, las facultades para la contratación directa, la construcción del metro y del Transmilenio por la Avenida 68.

Al margen del texto del proyecto hay cuestionamientos a la administración y al modo de gobernar de López pues los primeros meses de gobierno han mostrado que hay evidentes compromisos con sectores sociales muy poderosos de la ciudad que controlan la banca, el sector financiero, la especulación inmobiliaria y el transporte masivo, casualmente los sectores que más aportaron económicamente a la campaña a la Alcaldía del actual burgomaestre.

López arrastra con elementos sustanciales del cuestionado y colapsado modelo neoliberal, que es bastante claro en la gestión de la salud y la red hospitalaria de la ciudad. Desde diversos sectores se ha señalado que la Secretaría de Salud del Distrito fue entregada a Sura, un pulpo de la salud del Sindicato Antioqueño, con amplia influencia del ex gobernador de Antioquia Sergio Fajardo.

El actual secretario de Salud, Señor Alejandro Gómez, es un reconocido Ceo de las Eps que ha utilizado su cargo para profundizar la privatización de los hospitales de la Capital e impulsar un oscuro negocio con el Hospital San Juan de Dios, además de tejer una densa Red de negocios con el Ministerio de Salud y el Instituto de Nacional de Salud para direccionar los billonarios presupuestos del sector en beneficio de sectores particulares que lucran con la mercantilización sanitaria y hospitalaria, especialmente en la actual coyuntura en que se ha hecho palpable el fracaso de la privatización de la salud colombiana con la Ley 100.

Adicionalmente llama la atención que en el enfoque tributario que acompaña el Plan de Desarrollo no hay un criterio de progresividad que priorice el gravamen a las grandes fortunas.

Las facultades a la Alcaldesa.

Bastante cuestionada es la idea de otorgar facultades extraordinarias a la Alcaldesa, pues es patente su afán por adelantar una promoción política en función de las elecciones presidenciales del 2022 y 2026.

No resulta coherente este modo anárquico, frágil y oscuro de hacer la contratación más si se considera el antecedente del referendo anticorrupción que fue liderado por López y la Senadora Angélica Lozano, que tiene amplia incidencia con prácticas clientelares en la distribución de altos cargos de la actual Alcaldía y en el manejo de prebendas, a la manera de una mermelada distrital, para favorecer los aliados del Polo (Nieves y Argote), verdes y liberales santistas del Concejo.

Con Claudia López el santismo se ganó la Lotería y la posibilidad de configurar un bloque antiuribuista engrasado mediante prebendas, cuotas, favores y contrataciones amañadas, tan criticadas por López en su desempeño legislativo como Senadora del Partido verde y en la campaña del referendo de marras.

Una meritocracia con engaños.

La famosa campaña de marketing institucional “#TalentoNoPalanca”, en la que se inscribieron en línea más de 80.000 ciudadanos, ha resultado en una simple estrategia para posicionar al actual burgomaestre distrital como adalid de la meritocracia y para desviar la atención sobre la hiperburocratización y polítización de los nombramientos en el Distrito. Entre las cuotas políticas que desmienten dicho plan sobresalen las de la ex concejal por el Polo Democrático Xinia Navarro, quien asumió la Secretaría de Integración Social; el nombramiento de Nadia Rangel, ex coordinadora programática de la precampaña de Antonio Navarro, como secretaria de Hábitat; la designación de la esposa de Antanas Mockus, Adriana Córdoba, al frente de la Secretaría de Planeación y del actor  Nicolas Montero, cercano al ex Alcalde de Bogotá, en la dirección de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

El componente técnico del gabinete corre por cuenta de la nueva encargada de la cartera de Educación Edna Bonilla, cercana a Luis Eduardo Garzón y primera secretaria de hábitat del distrito en 2007, durante la administración de Samuel Moreno; Carolina Urrutia, quien asumirá la Secretaría de Medio Ambiente y que en el pasado fue coordinadora programática de la campaña de Antanas Mockus a la presidencia en 2010 y directora de Semana Sostenible.

 

De otro lado es evidente el compromiso de la actual Administración Distrital por entregarle el manejo económico y productivo de la ciudad a personas ligadas al poder económico-político histórico nacional, y a la tecnocracia de la élite tradicional y emergente, procedente principalmente de la Universidad de los Andes y universidades prestigiosas del exterior.

Llama la atención la cercana relación de algunos de esos funcionarios con ex ministros del Gobierno Santos y particularmente con Mauricio Cárdenas, ex funcionario de las administraciones Santos, Gaviria y Pastrana, con notable ascendencia en las decisiones económicas del país.

Prueba de ello son los nombramientos de Carolina Durán en la Secretaría de Desarrollo Económico, de Mauricio Ramírez en Hacienda y Nicolas Estupiñán al frente del área de movilidad. Durán previamente trabajo en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Asobancaria; Ramírez en el DNP, en el Ministerio de Hacienda y en Fedesarrollo; y Estupiñan fungió en el pasado como Viceministro de Transporte del Gobierno Santos.

Parte de esa cesión, del control económico de la ciudad al gran capital, por parte de la administración López, corre por cuenta de entregarles   las empresas y sectores estratégicos en los cuales el distrito tiene incidencia, ya sea con participación accionaria o con recursos comprometidos para que funcionen. Los nombramientos en la Empresa de Acueducto de Bogotá, Transmilenio y el Metro de Bogotá, así lo corroboran.

En cabeza del Acueducto la Alcaldesa ha designado a Cristina Arango, ex gerente de las Empresas Públicas de Cali (Emcali) y ex directora de Coljuegos a nivel nacional; en Transmilenio el escogido ha sido Felipe Ramírez Buitrago, quien antes se desempeñaba como subgerente técnico y de servicios de la entidad. Para manejar los destinos de la Empresa Metro, la Alcaldesa optó por ratificar a Andrés Escobar, quien desde principios de 2017 se mantiene en el cargo, gracias al nombramiento del entonces Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Escobar en el pasado fue gerente de Construcciones Planificadas S.A (empresa propiedad de la Organización Sarmiento Angulo) y presidente de la empresa constructora Pedro Gómez.

 

Populismo de nuevo cuño.

Con el Plan y las prácticas administrativas de la alcaldesa, muy pegadas a un populismo mediático con muchos costos para las finanzas distritales, no se ve coherencia y consistencia en una estrategia gubernamental para superar las consecuencias de la peste del Covid19.

No se define una renta básica permanente para casi dos millones de familias en condiciones sociales de pobreza y miseria. A lo sumo lo que se ha organizado son instrumentos de asistencialismo con limosnas y ayudas bastante precarias.

No hay una estrategia de salud que recupere y sostenga los Territorios saludables de salud.

Las ayudas alimentarias son insuficientes. La administración distrital incluye presupuestos en curso de secretarías distritales como integración social y programas gubernamentales del orden nacional como familias en acción e ingreso solidario en sus propias cuentas.

Se mantiene el esquema del urbanismo neoliberal de los Planes de Ordenamiento Territorial que solo han favorecido y favorecen los grandes especuladores inmobiliarios.

No hay planteada una estrategia de transición ecológica para masificar las energías alternativas como la solar con granjas de paneles solares.

No se proyecta un Sistema del cuidado que atienda los grupos y comunidades vulnerables como la población discapacitada, los ancianos, los niños, los indígenas, los afros, las mujeres y los trabajadores en condiciones de desempleo.

No hay una estrategia para darle un vuelco a la educación pública en todos sus niveles para garantizar la calidad de la misma. Menos se plante un nuevo modelo de educación superior y de ciencia acorde con la crisis que padecemos.

La agencia de datos es otro mercado que se abre para Big Tech contrario a las necesidades comunitarias.

La negativa de la Administración Distrital, para invertir en el San Juan de Dios durante el Covid19, esconde intereses de especulación inmobiliaria en torno a dicho predio.

Las discrepancias con el presidente en el fondo son mínimas en relación a cómo manejar la crisis.

Es mentira que la agenda programática y el proyecto socio-político de Claudia para Bogotá defienda los intereses populares.

El Sistema de gobierno populista de centro.

El sistema de gobierno proyectado por la alcaldesa López más parece un populismo de centro que acude al protagonismo mediático para manipular emociones, sentimientos e incertidumbres del ciudadano. Lo cierto es que no se observa por ningún lado la proyección de un sistema de gobierno que implique la vigencia de los ejes fundamentales de la democracia participativa y directa.

Lo que tiene la ciudad es un caudillo que avanza al ritmo de sus caprichos y ocurrencia. Claudia López gobierna desde los medios y sus pronunciamientos no coinciden con lo que realmente ejecuta.

Se hace necesario promover un amplio debate en el que con todos los sectores de la ciudad avancemos en una discusión pluralista en los términos de una democracia que debe replantearse según los desafíos que sugiere la gravísima coyuntura que vivimos.

 

Bogotá, 12 de mayo del 2020.

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