Colombia. Es hora de superar la turbia página de la doctrina de la «seguridad nacional»

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Nuevamente ha sido sorprendido el país con la evidencia de algo que ya se conocía sottovoche: los seguimientos de la inteligencia militar a más de 130 «blancos legítimos», que en sentido estricto terminan siendo un número interminable, si se considera que quienes son objeto análisis de contexto, de elaboración de perfiles y de escuchas son apenas «nodos», desde los cuales se terminan configurando redes sin fin, o hasta dónde la «inteligencia» lo considere.

De lo episódico a lo esencial

Conocidos los hechos por parte del Gobierno –seguramente por anuncio previo de la Revista Semana– el ministro de Defensa, primero, y el propio presidente de la República, luego, se han apresurado a reiterar un discurso que ya es manido: se trata de casos aislados, de «manzanas podridas», que actuando por cuenta propia dañan la imagen de la institución castrense. El acento del necesario debate público tiende a trasladarse a un grupo de militares, no todos de alto rango –y mucho menos del más alto rango– en la escala militar, así como a las incontables actividades realizadas y a los numerosísimos hechos. El propósito es claro: al centrarse en el relato de los acontecimientos y de sus actores, se busca distraer de lo esencial, a saber:

a)Se trata de instituciones del Estado que comprometen, ni más ni menos, a las direcciones de inteligencia y de contrainteligencia del Ejército nacional, las cuales responden a una cadena de mando.

b)Tales instituciones vienen actuando de manera sistemática –no ocasional– desde hace décadas; su trabajo se intensificó desde los tiempos del Plan Colombia, cuando se pretendió la derrota militar del «enemigo subversivo».

c)Las señaladas instituciones fueron conformadas y han venido actuando con la asesoría de organismos de inteligencia extranjeros, especialmente de la CIA y del Mosad israelí, los cuales han formado cuadros y proveído inteligencia tecnológica que incluye la inteligencia satelital, el uso del big data y de todo tipo de aplicaciones y dispositivos.

d)Todo ese trabajo tiene un sustento doctrinario: las concepciones de la «seguridad nacional» y del combate contra el «enemigo interno», las cuales se basan en un entendimiento amplio y extendido que define como tal a quien sea considerado como una amenaza sistémica. No son solo los insurgentes armados, los excomandantes guerrilleros y los exguerrilleros y exguerrilleras en proceso de reincorporación; también lo son los defensores y defensoras de los derechos humanos; periodistas, mujeres y hombres dirigentes de diversos partidos políticos que se consideran «simpatizantes», y múltiples organizaciones sociales y procesos organizativos (sindicatos, oenegés y juntas de acción comunal, entre otros). Desde la firma del Acuerdo Final, los defensores de la paz también entraron a hacer parte de ese amplio espectro.

e)La ideología que se encuentra tras esa doctrina es esencialmente anticomunista, se inscribe dentro de corrientes políticas de ultraderecha y de corte fascista de alcance transnacional, pero con notorias manifestaciones organizadas en el campo político nacional. No son nada casuales las articulaciones con el accionar desplegado para enfrentar la «avanzada comunista» en Nuestra América y detener la expansión del «castrochavismo». Y, desde luego, con el reforzamiento de actividades que alientan el intervencionismo en Venezuela y el propósito de mostrar a Cuba no como el país que ha contribuido a materializar los propósitos de paz de Colombia, sino como el amigo, promotor y protector del terrorismo.

f)Hay suficiente evidencia, acopiada a lo largo de las últimas décadas gracias a investigaciones académicas y de organizaciones sociales, así como a fallos judiciales, entre otros, con la que se demuestra que las labores de la inteligencia militar no han sido simples ejercicios aislados de «constatación», sino que han cumplido una función de preservación violenta del orden social existente en la medida en que la «producción de información» ha sido útil para la elaboración de listados, cuyos integrantes han sido objeto de la desaparición forzada y del asesinato, e incluso para orquestar planes de exterminio contra partidos políticos, como ocurrió en su momento contra la Unión Patriótica. En suma, han sido uno de los pilares de las prácticas del «terrorismo de Estado».

g)En ese sentido, las labores de la inteligencia han terminado haciendo parte de estructuras criminales complejas, en las que se articulan y coordinan propósitos de apropiación y acumulación de riqueza y de preservación sistémica del orden a través del ejercicio estructural de la violencia, que ha incluido el uso de fuerzas mercenarias paramilitares, y que comprenden la participación activa de liderazgos políticos y grandes poderes económicos en diferente escala, configurando lo que la investigadora Vilma Franco caracterizó en su magnífica obra «Orden contrainsurgente y dominación» (2009) como el «bloque de poder contrainsurgente».

El contexto como factor explicativo de los hechos

Nos encontramos en un contexto en el que se advierte una intensa disputa, por una parte, por desplegar las condiciones, muchas de ellas pospuestas, para la construcción de un verdadera paz democrática con justicia social, para lo cual la implementación integral del Acuerdo de paz suscrito con las FARC-EP, junto con el avance hacia la solución política con las organizaciones insurgentes que continúan en rebeldía y la búsqueda del sometimiento de estructuras de criminalidad común, constituyen una condición necesaria e indispensable. Y, por la otra, por retrotraer al país a escenarios de intensificación del conflicto por cuenta de un entendimiento que privilegia la confrontación armada sobre el diálogo y la negociación y que, aunque afirma estar comprometido con la implementación del Acuerdo de paz, en realidad ha puesto en marcha una política de simulación y de consumación de la perfidia frente a lo convenido en La Habana.

Esa disputa indica que no hay aún una definición de la trayectoria predominante que tomará el proceso político, a lo cual se agregan las nuevas condiciones derivadas de la pandemia del covid-19, en las que, al tiempo que se ponen al desnudo los límites históricos del orden social vigente, se tiende a fortalecer las tendencias autoritarias de la dominación de clase, incluyendo salidas capitalistas que buscan –de manera aparentemente paradójica– el reforzamiento de las políticas neoliberales, aprovechando la «suspensión» obligada de la protesta y la movilización masiva.

En ese contexto, caben las preguntas acerca del papel que desempeñan las políticas de la inteligencia militar. Dentro de las muchas que se podrían hacer, hay unas que definitivamente no se pueden soslayar: ¿Quiénes dan las órdenes?; ¿qué relacionamientos y articulaciones poseen quienes dan las órdenes?; ¿quiénes son los receptores de la información y cuál es el uso que de ella se hace?; ¿por qué se despliegan importantes esfuerzos en presuntos «blancos legítimos» no criminales y no precisamente en la verdadera criminalidad? Y, junto con ellas, las responsabilidades derivadas de la cadena de mando en la Fuerza Pública y, sobre todo, las responsabilidades políticas del ministro de Defensa y del presidente de la República, si se tiene en cuenta que las labores de inteligencia en absoluto pueden definirse como de generación espontánea.

Solo la presión política, social y ciudadana podrá llevar a que haya un escenario de probable esclarecimiento de los hechos. La experiencia que ha tenido el país demuestra que a la ola de anuncios de «investigaciones exhaustivas» y de noticias hechas espectáculo, le sigue el reposo y hasta la irrupción de nuevos hechos (reales o fabricados) que sirven de cortina de humo para que las aguas turbulentas retornen a la «normalidad» y se continúe –como se evidencia nuevamente en este caso– con una actividad en absoluto contingente, que muestra, más bien, que responde a una política de Estado. En este punto, se advierten al mismo tiempo los límites de los diseños institucionales: ¿Hasta dónde puede llegar la Procuraduría?, ¿qué se puede esperar de la Fiscalía General de la Nación, cuya cabeza más visible era hasta hace pocos meses un de los funcionarios gubernamentales que exhibían sin sonrojo posturas cuando menos problemáticas en materia de derechos humanos?, ¿se abrirá alguna investigación contra el presidente de la República o el ministro de Defensa?

Desde luego que se precisa que haya un esclarecimiento de los hechos y que de ahí se deriven las consecuencias correspondientes, más allá de lo que ya ha ocurrido hasta el momento reproduciendo las prácticas de escándalos anteriores: la salida del Ejército de las «manzanas podridas». Empero, toda la trama tejida –y aún por tejer– no debe desviar del debate político de fondo, consistente en cuál debe ser el papel de la Fuerza Pública, en general, y de la inteligencia militar, en particular, en una sociedad en la que los más amplios sectores aspiran a superar de manera definitiva el ejercicio estructural de la violencia y –con muchos obstáculos– se han dado a la tarea de avanzar hacia la construcción de la paz, haciendo uso de la «caja de herramientas» brindada por el Acuerdo de paz.

Retomar las discusiones de La Habana y el Acuerdo de paz

Con base en sus experiencias de guerra y considerando los clamores de los más variados sectores políticos y sociales, particularmente de aquellos que corresponden al campo democrático y popular, las FARC-EP insistieron en la Mesa de Conversaciones de La Habana en la necesidad de abordar un gran debate nacional que pudiese derivar tanto en la redefinición de la doctrina que define el accionar de la Fuerza Pública, como en su propia reestructuración, a fin de reorientar la doctrina y la fuerza reorganizada hacia los propósitos de construir una paz estable y duradera. Así como el proceso de paz debía conducir a la por cierto muy compleja tarea de la reincorporación integral de la organización rebelde y sus integrantes, se precisaba igualmente que el Estado diera pasos hacia la transición, mucho más compleja aún, de una Fuerza Pública devenida en complejo militar-económico con inmenso poder político y convertida en una de las más grandes de Nuestra América a los escenarios propios de la nueva situación derivada de la firma de un acuerdo de paz. Desde luego, con el reconocimiento de que se trataba de un proceso gradual y continuo.

Como es sabido, el gobierno de Santos se rehusó sistemáticamente a incorporar cualquier disquisición al respecto. Y solo como consecuencia de la presión guerrillera y ciudadana accedió a considerar como parte del Punto del «Fin del conflicto» un sistema de garantías de seguridad que, a pesar de su enrevesado lenguaje por la negativa gubernamental a reconocer explícitamente la persistencia del paramilitarismo, incorporó en todo caso un concepto de seguridad integral, cercano a los entendimientos de las Naciones Unidas sobre la «seguridad humana» y accedió a considerar «garantías de seguridad y lucha contra organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios, masacres, que atentan contra defensor/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que atenten contra personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo» (Acuerdo Final de Paz, Punto 3.4).

A más de 40 meses de firmado el Acuerdo, aunque ha habido importantes desarrollos normativos al respecto, al largo listado de incumplimientos, o de cumplimientos a medias, se le suman los magros avances en ese campo. El gobierno de Duque, como lo ha hecho respecto de otros puntos del Acuerdo de paz, optó por desconocer fácticamente los acuerdos en esta materia, simular las obligaciones gubernamentales y desarrollar su propia política de seguridad, que en gran medida reedita diseños y prácticas en versión remozada de los aspectos gruesos de la política de «seguridad democrática», impuesta por su mentor político, el senador Uribe Vélez.

La siempre tozuda realidad muestra hoy la necesidad de retomar discusiones pospuestas en La Habana, como las de la doctrina de la «seguridad nacional» y las de las funciones de la Fuerza Pública en contextos de construcción conflictiva y contradictoria del propósito de la paz democrática con justicia social; a lo cual se agrega la implementación integral del Punto 3.4 del Acuerdo, cuya materialización efectiva demanda acciones similares respecto de los demás puntos del Acuerdo.

No cabe la menor duda, según los hechos conocidos, que se está frente a una actividad criminal de la inteligencia militar que debe comprenderse, como ya se dijo, en el marco de articulaciones y coordinaciones complejas de un concepto extendido de contrainsurgencia.

revistaizquierda.com/secciones/numero-85-mayo-del-2020/es-hora-de-superar-la-turbia-pagina-de-la-doctrina-de-la-seguridad-nacional-1

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