Colombia: en el 2015, Bogota no tendrá presupuesto participativo.

 

Se tramita en la actualidad el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la capital de la República para el año 2015. Los debates correspondientes se adelantan de manera casi clandestina en el Concejo distrital, la corporación que tiene la representación de 8 millones de ciudadanos. La cifra proyectada para el efecto alcanza los 17, 2 billones de pesos (8700 millones de dólares).

Para distintos sectores llama la atención la falta de deliberación en el espacio público de esa importante herramienta de gestión estatal, teóricamente asociada con la solución de los principales problemas que afectan los sectores más pobres y aquellos que están en condiciones de extrema miseria y segregación social, que son millones de seres humanos. A pesar de que el señor Petro, el alcalde de Bogota, se rasgas las vestiduras hablando de una Capital más Humana, la realidad es otra. Es la de los negocios de su familia, particularmente la de su esposa, hijos y cuñados, que aprovechan sus privilegios para adelantar operaciones y actividades contrarias a la ética y la ley. Esta izquierda de “saco y corbata” está mostrando que, como en México con el PRD, les importa un soberano pepino el interés colectivo de las mayorías, pues han sido infiltrados por las prácticas mafiosas y delincuenciales.

No obstante que inicialmente se ofreció el sistema de los presupuestos participativos para determinar la asignación de las partidas fiscales considerando las iniciativas y prioridades postuladas por las comunidades en sus Unidades Básicas de Participación, que para este caso son 186 urbanas y rurales, tal compromiso se desconocido sistemáticamente en los últimos meses de gobierno. De igual manera se está repitiendo para el próximo año.

Como bien es sabido, los presupuestos participativos son un canal de intervención democrática que permite la consulta  y diálogo de las comunidades con las autoridades alrededor de las prioridades del gasto y la inversión de los dineros gubernamentales. Los Presupuestos participativos son un instrumento de protagonismo popular y de gestión de los estados locales y municipales. La ciudadanía puede proponer y decidir sobre la inversión de parte de los recursos financieros estatales.

Esos presupuestos participativos y democráticos tienen como principal objetivo animar y estimular la intervención directa de las personas en este proceso, para de esa manera determinar las más importantes demandas e inquietudes de los habitantes, hombres y mujeres, en materia de gastos sociales fundamentales para de esa manera incluirlos en el presupuesto anual de las Alcaldías, dando prioridad a las materias más urgentes y adelantando un seguimiento, vigilancia y veeduría de los compromisos y acuerdos establecidos.

La más trascendental contribución de los presupuestos participativos es la fórmula de una ciudadanía protagónica, que propicia la intervención democrática de todos en la marcha de la ciudad. Es asumir la idea de que la gestión pública es algo que tiene que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos, que no solamente se consulta sino que igualmente se decide en el curso de la vida pública.

La puesta en práctica de los presupuestos participativos tiene múltiples potencialidades como:

Más  transparencia, ética y eficiencia en la gestión gubernamental, al compartir entre todos el debate acerca de en qué se van a gastar nuestros impuestos.

Cualificar la comunicación entre gobierno y ciudadanía, generando espacios de interlocución entre políticos/as, vecinos/as, colectivos y personal técnico.

Se trata de un proceso abierto a todo el pueblo, que propicia la participación directa de todas las personas, superando así la lógica de la representación excluyente, que se limita a la acción de votar cada cuatro años.

Se trata de un proceso autorregulado, es decir, que son los propios participantes los que deciden cómo deben ser las «reglas del juego» que deben regir el proceso.

Promueve  la reflexión activa y la solidaridad por cuanto todos los vecinos y vecinas tienen la oportunidad del conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del resto.

Así, pues,  los Presupuestos Participativos hablan de recursos financieros, e igualmente de nuevos escenarios de participación, de ampliación democrática en la vida local, de participar para decidir. Hablan en últimas de apropiación de los asuntos públicos por parte de la ciudadanía y el pueblo, lo que en el fondo constituye la esencia de la democracia protagónica y anti neoliberal.

Pero todas estas cosas positivas son las que no le interesan al señor Petro. La falta de participación ciudadana en la definición del presupuesto del 2015 es lo que explica el cumulo de problemas que registra esta herramienta como su alto endeudamiento que equivale al 56% (3 billones de pesos(1500 millones de dólares), las dificultades que plantea un costoso proyecto de Metro que se planea sin los recursos suficientes y sin hacer las previsiones necesarias en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los faltantes en la construcción de jardines escolares, colegios, centros de salud y de viviendas y las deficiencias en la ejecución que para octubre del 2014, presenta un faltante cercano al 45%. Es que el negocio con los bancos judíos es más importante que atender los problemas sociales de los más pobres.

Al proceder de esta manera Petro, por lo demás, viola una norma de la Alcaldía, el Acuerdo 489 de 2012 (http://bit.ly/1rekqGs), que establece, en el artículo 48, como uno de los objetivos de la estrategia financiera del Plan de Desarrollo la vinculación de manera directa de la participación ciudadana en i) la asignación del gasto, ii) la territorialización de las acciones públicas y iii) la puesta en marcha de la democracia participativa que signifique poder ciudadano desde la base social, sus territorios y sus organizaciones.

El Presupuesto Participativo –PP-, señala ese Acuerdo,  es un proceso social que pretende en un territorio específico, sea esta la Unidad Planeación Zonal, la localidad o el Distrito, identificar y caracterizar la demanda social y definir mediante la decisión de los ciudadanos o el consenso entre ellos, la asignación presupuestal a tales proyectos, que la administración se compromete a ejecutar en la vigencia correspondiente.

Son esas absurdas e ilegales acciones las que llevan a pensar que la paz que se pretende conseguir  para Colombia tiene pocas posibilidades de materializarse con esta clase de gobiernos y funcionarios autoritarios y ególatras. Para Petro, que durante años exigió a Uribe Vélez llevar a los líderes guerrilleros a la Corte Penal Internacional y a las mazmorras Norteamericanas mediante la extradición, la paz es un paraguas que utiliza de manera oportunista para salvar su pellejo frente a la arremetida del Procurador que él ayudo a elegir con sus maniobras politiqueras como congresista sistémico que fue del régimen oligárquico de los paramilitares. Es ese el mundo de la izquierda de saco y corbata, como aquella que opera en otras latitudes y es repudiada por las masas enardecidas que pugnan por el poder popular como alternativa a las Estados fallidos.

Son estas circunstancias las que permiten elevar las demandas y exigencias por nuevas formas de organización comunal en Bogota. Las masas deben avanzar en otras maneras de asociación que lleven a la emancipación y presencia de la resistencia popular revolucionaria en calles y plazas. Esa es una realidad que debemos asumir en todos los barrios y localidades en que se encuentra organizada la Capital de los colombianos.

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