Colombia. ELN: Gastos de guerra, un veneno para la paz
El nuevo gobierno que asume las riendas del Ejecutivo tras las elecciones del pasado domingo tiene las manos amarradas con el presupuesto, porque el anteproyecto del presupuesto del Estado para 2019, lo presentó en abril el actual gobierno de Juan Manuel Santos y en agosto será puesto a consideración del Senado. Los ajustes serán mínimos. Siempre es así: el primer presupuesto totalmente elaborado por el nuevo ejecutivo será el de 2020. Eso daría para pensar que Duque debe asumir un presupuesto del autodenominado ‘Gobierno de la paz’ o, al menos, el presidido por el Nobel de Paz.
No es así. En lo proyectado, como en los anteriores siete presupuestos elaborados en las administraciones de Santos (2010-2018), la paz es un enunciado mientras que la guerra es una realidad palpable. El presupuesto de Defensa y Seguridad, el segundo rubro más importante, sólo se reduce un 1,2% cuando se supone que estamos en los “tiempos de la paz”. No se trata de una sorpresa, sino de una continuidad. Desde que Juan Manuel Santos llegó al poder el presupuesto en Defensa y Seguridad ha aumentado un 52,31%. Lo más sorprendente es que desde que se firmaron los acuerdos con las FARC (noviembre de 2016) y el Ejecutivo comenzó con el mantra de la paz el presupuesto de guerra ha crecido un 6,8%. No disminuye, ni el tamaño, ni el costo de la Fuerza Pública a pesar del discurso oficial de que una vez que las FARC hizo dejación de armas, “la guerra se ha acabado”.
En 2018 el presupuesto de Fuerzas Militares y Policía se proyectó en 30,6 billones de pesos, pero terminó sumando 32,4 billones. En 2019, se prevé que sea de 31,9 billones… no se sabe dónde terminará.
Los datos no mienten
Según el análisis que hizo Libardo Sarmiento Anzola para la publicación Desde Abajo, en 2018 el total del presupuesto dedicado a la represión y control ciudadano rozó los 31 billones, porque se suma el gasto en inteligencia y contrainsurgencia, seguridad privada o fiscalía.
La tierra se siembra de balas y de guerra porque, mientras ocurría en los gobiernos del premio Nobel de Paz, la agricultura, la producción básica de ese mundo rural especialmente afectado por la guerra no ha hecho sino disminuir al ritmo de los recortes en el presupuesto. Para 2019 se prevé un presupuesto para el Ministerio de Agricultura de 1,4 billones de pesos, 600 mil millones menos que en 2018 y apenas un 35% de lo que se invertía en 2015. Esta disminución es del todo incoherente con un país que quiere cambiar las condiciones de desigualdad y tenencia de la tierra, que están en el fondo de muchos de nuestros conflictos. Pero es, también, incoherente con los discursos de Santos y con la denominada Misión para la Transformación del Campo Colombiano, creada por su Gobierno y que estimó que hace falta una inversión de 13 billones hasta 2030 para solventar algunas de las carencias básicas del agro en el país.
Estos informes y esas palomas de la paz no han logrado reducir el presupuesto de la guerra y la represión, ni consiguen que la realidad del agro amerite una inversión decente.
El censo nacional agropecuario de 2014 (el primero en 45 años) cifraba el área cultivada en el país en 7.115.000 hectáreas. El censo de 2016 ya marcaba una pérdida del 28% de estas áreas al reducirlas a 5.121.508. No es lo único grave, además de las dramáticas condiciones de vida y las desigualdades que han revelado los censos agropecuarios. En cuanto a la producción agrícola de 2016, queda claro que la mayoría está destinada a la agroindustria, a los cereales y a la explotación forestal (68%). Hortalizas, verduras y legumbres, esas cosas que comemos, sólo ocuparon un 4,2% (220 mil hectáreas) y los frutales se quedaron en 364 mil hectáreas.
No pasa lo mismo con el espacio dedicado a la ganadería. Mientras en 2014 había 30 millones de hectáreas dedicadas al sector pecuario, en 2016 ya sumaban 37,4 millones (7%). Un solo dato para concluir la radiografía del campo al que no se le invierte, para evitar que algo cambie: Colombia es el país de América Latina con el reparto más desigual de la tierra, porque aquí el 1% de los finqueros poseen el 81% de la tierra, cuando el promedio regional es que esas élites acaparen un 57%.
Más que nuevos recortes
El mantenimiento del presupuesto de las Fuerzas Militares y de la Policía en 2019 no es lo único que muestra la hipocresía de este Gobierno, quien habla de paz mientras invierte en la guerra. En 2019 se pagarán 65,8 billones de pesos en los intereses de la deuda, un 37% más que en 2018, que convierte en el principal rubro del presupuesto nacional. Los colombianos y colombianas dedicamos 2 de cada 10 pesos del presupuesto a soportar el yugo financiero. La educación sólo merece la mitad de ese esfuerzo (36,4 billones) y la denominada como Prosperidad Social queda en unos tristes 9,12 billones.
En 2019 tendremos un panorama similar al de 2018 cuando, según Sarmiento Anzola, “las principales [funciones] que cumple el colombiano son las de formar y reproducir la fuerza de trabajo, la represión y control de la clase trabajadora, la contribución al modelo capitalista financiarizado global y operar como órgano regulador de la sociedad; estas cuatro funciones concentran el 92% del Presupuesto de Gastos 2018”.
Al final, de la paz, sólo queda parte de la nueva institucionalidad que se desprendió de los acuerdos firmados con las FARC. En concreto, tres instituciones: la Jurisdicción Especial de Paz tiene prevista una asignación de 248 mil millones de pesos, la Comisión de la Verdad llega a los 135 mil millones y la Unidad de Búsqueda de desaparecidos tiene preasignados 180 mil millones; que sumados apenas llegan a ser 563.100 millones de pesos, que van a ser recortados cuando el presupuesto pase por el Congreso, porque allí la mayoría es de la derecha aglutinada en torno al uribismo.
¿La paz? Un discurso, un espejismo, una mentira que las cifras dejan al descubierto.
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