Colombia. El presupuesto del 2019 consolida la desigualdad y las múltiples violencias

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El más reciente anteproyecto de Presupuesto General de la Nación en Colombia denota de manera inconfundible los aspectos que son primordiales para el Estado colombiano, en donde el pago del servicio de la deuda pública figura incluso por encima de los derechos fundamentales de los y las colombianas, bajo los argumentos de las reglas fiscales cuantitativas que se han configurado en el marco de la violencia simbólica de la ley y la norma, con un blindaje constitucional en razón de las lógicas austeritarias del sistema neoliberal.

Este austeritarismo se ha visto reforzado tras la elección de Iván Duque, en tanto se ha evidenciado un incremento del asesinato de líderes sociales -violencia física-, y las múltiples reformas estructurales sobre temas pensionales, tributarios y laborales, entre otros, que concretizan una violencia estructural en el país, en tanto entran a formar parte del andamiaje legal que imbuyen a la sociedad a una determinada visión del mundo y ocasionan una violencia simbólica que se interioriza en las personas. 

La violencia simbólica y estructural de la sostenibilidad fiscal en Colombia

El blindaje constitucional del pago del servicio de la deuda pública y del control fiscal ortodoxo ha desembocado en la configuración de un sistema que violenta los derechos de los y las colombianas por medio del argumento de una pretendida sostenibilidad fiscal que prioriza e invisibiliza las causas y consecuencias del servicio de la deuda pública y pretende establecer unos rangos de gasto fiscal sin recurrir a la discusión de la legitimidad, legalidad y sostenibilidad de las acreencias emitidas por el Estado de Colombia.

(…)mediante el Acto Legislativo 03 de 2011, se introdujo al contenido normativo de la Constitución un “criterio” que pretende hacer de “la sostenibilidad fiscal” un supuesto “principio” que orientará a las ramas del poder público, dentro de sus competencias, en la toma de sus decisiones (…) al introducir esta reforma que modifica el artículo 334 de la Constitución, contentivo del modelo económico, aspira a que mediante la apertura de un “incidente de impacto fiscal”, posterior a la ejecutoria de la sentencia, proveniente de una alta corporación —órgano jurisdiccional “de cierre”—, se modulen o modifiquen, con el objeto de evitar serias alteraciones de la “sostenibilidad fiscal”” (Guerrero, 2012, pág. 81)

Como lo manifiesta Guerrero, en el anterior extracto, el acto legislativo 03 de 2011 en Colombia configura en el aspecto legal del país, las políticas de control fiscal y de la regla fiscal cuantitativa, subordinando directamente las decisiones judiciales bajo los argumentos de la sostenibilidad fiscal donde los derechos pueden ser negados y/o postergados en el tiempo, lo cual llega a traducirse en la violación de sus derechos fácticos.

Esta ley atenta directamente con la división de poderes que rige en Colombia y trasgrede la progresividad de los derechos, como por ejemplo el caso de la reducción de los aportes de los pensionados al sistema de salud del 12 al 4% que aliviaría las cargas de millones de pensionados que con un salario mínimo no pueden gozar de una vida digna como lo manifiesta Alirio Uribe es necesario que “[…] la Corte Constitucional le dé la razón a los más de 2 millones de pensionados que aspiran no seguir pagando con el salario mínimo actual la suma de $93.750 pesos, sino $31.250 con la rebaja del 12 al 4%” (Caracol Radio, 2018).

Ante la disputa por la progresividad de los derechos fundamentales de una capa tan vulnerada como son las y los pensionados en el país, el Congreso de la República aprobó la iniciativa, encabezada por los sectores políticos alternativos y de izquierda, acompasados por las constantes movilizaciones y manifestaciones públicas. Esta iniciativa legislativa fue objetada por el gobierno de Juan Manuel Santos aduciendo el impacto de sostenibilidad fiscal donde la decisión en última instancia fue tomada por la sala plena de la Corte Constitucional.

La sala plena de la Corte Constitucional negó la reducción de aportes de los pensionados, graficando así una violación de los derechos fundamentales, bajo el argumento de que al reducir los aportes de salud se estaría generando un hueco fiscal de por lo menos 3 billones de pesos invisibilizando que la partida presupuestal en Colombia para el sistema de salud se ha mantenido congelada y que el servicio de la deuda pública en el país -por ejemplo para el presupuesto del 2019- crecería aproximadamente un 29% es decir 14,5 billones de pesos aproximadamente, cinco veces más que el presupuesto necesario para garantizar la reducción de la prestaciones de salud de las y los pensionados.

Esta decisión de la Corte y de la Presidencia pone de manifiesto la violencia simbólica que se establece en las altas cortes bajo los instrumentos teóricos del Public Choice y que concretizan el aumento y/o manutención de la violencia estructural de las y los pensionados que tendrán que seguir aportando, el 12% y no el 4% como era la propuesta, negando el alivio de las altas cargas y necesidades económicas.

Esta violencia simbólica subordina a los altos funcionarios del Estado, quienes muchas de las veces pretenden que los postulados económicos estén por encima de una visión ideológica del mundo interiorizando unas normas rígidas que impiden la compresión compleja de una sociedad tan necesitada como la colombiana.

Presupuesto General de la Nación: La perpetuación del sistema austeritario en el país.

Aunque no se ha discutido y ratificado el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación PGN para el 2019 en el Congreso, nos basaremos en su estudio teniendo en cuenta las disposiciones contempladas en el artículo 351 de la Constitución Política, la cual impide el aumento de las partidas presupuestales en el congreso a menos que se expida una aceptación escrita directa del gobierno en manos del ministro correspondiente al sector a incrementar y, en el caso de las reducciones y/o eliminaciones, lo podrá hacer a excepción del servicio de la deuda pública, evidenciando la subordinación del poder legislativo ante el poder de los acreedores de la deuda pública, de nuevo la violencia simbólica consagrada en la Constitución, violencia que se interioriza y naturaliza.

El anteproyecto de PGN para el 2019 es el segundo presupuesto de la Nación tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Este presupuesto afronta el empalme del gobierno saliente de Juan Manuel Santos y el entrante de Iván Duque, que en primer lugar, está marcado por la continuidad en materia económica y en segundo lugar evidencia una contraofensiva del bloque de poder más retardatario en materia de violencia física concentrada en la tenencia de la tierra como fuente de poder político sobre el valor económico, bajo la tendencia de la disputa del excedente en las economías periféricas y de características tan marcadas en nuestro país.

Es así como ante el escenario totalmente adverso en materia de violencia física que se vive en el país, atestiguaremos como el presupuesto para el año 2019 ratifica una austeridad que se concretiza en la reducción del gasto social mientras se vive una mayor absorción del gran capital por medio de la partida correspondiente al pago del servicio de la deuda pública.

El Presupuesto General de la Nación para el 2019 está en el contexto de la desaceleración de la economía a nivel internacional, la inestabilidad internacional por las políticas unilaterales Estados Unidos, el alza de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense, la devaluación generalizada de las monedas de los países periféricos y la puesta en marcha de medidas económicas regresivas con respecto a la justicia social como: i) reformas tributarias, pensionales y laborales; ii) el aumento de la deuda pública; y, iii) la reducción del gasto social, entre otras medidas consagradas en las ya conocidas medidas de ajuste estructural impulsadas por las Instituciones Financieras Internacionales -IFIS-.

Este contexto tanto nacional como internacional está marcado por una nueva etapa de acumulación y concentración de capital trayendo consigo múltiples y diversas consecuencias para los países periféricos que pasan por aspectos económicos, sociales y claramente políticos, aspectos que pueden ser rastreados desde el año 2014 en nuestra región con las múltiples convulsiones de los llamados gobiernos progresistas, el deterioro de las condiciones sociales y el profundo menoscabo de las condiciones económicas.

En la siguiente tabla es posible atestiguar los presupuestos por sector del 2018 y el 2019, su crecimiento porcentual y su variación con el fin de identificar tácitamente las características de este y las prioridades del Gobierno Colombiano.

Tabla 1 Presupuesto General de la nación 2018 y 2019 en Colombia en miles de millones de pesos colombianos
Tabla elaborada a partir de (Ministerio de Hacienda, 2018; Galindo & Gómez, 2017)

En la anterior tabla se observa cómo el servicio de la deuda pública ostenta la mayor destinación presupuestal en Colombia, con una variación porcentual entre el 2018 y 2019 de 29,63, que equivale a 15,184 billones de pesos; siendo aproximadamente 4,6 veces el incremento en pesos del sector de educación, 4 veces el incremento de salud y protección, más de 3000 veces el incremento de ciencia y tecnología, y más de 15.000 veces el presupuesto de Ambiente y desarrollo sostenible.

El incremento del servicio de la deuda pública en el PGN 2019 es alarmante en tanto que guarda una gran diferencia con respecto a los sectores dirigidos a la satisfacción plena de los derechos de las y los colombianos; esto sin contar con los sectores que se ven golpeados directamente por el autoritarismo del gobierno los cuales son el sector del Trabajo con una reducción de 564.000 millones, la Registraduría con 523.000 millones, y la Cultura con 16.000 millones, entre otros sectores que se ven relegados de una asignación presupuestal tan necesaria para un escenario de posacuerdo en Colombia.

Las anteriores reducciones de las partidas presupuestos en Colombia van en contravía de la Constitución colombiana, la cual consagra la progresividad de los derechos, con clara direccionalidad como el caso de la reducción del presupuesto hacia las registradurías en el país como mecanismo para frenar aún más las consultas populares y cualquier manifestación de democracia directa desde la sociedad.

La siguiente gráfica evidencia el incremento de algunos sectores del PGN 2019 con respecto al 2018 y su diametral asimetría.

Gráfica 1 Incremento en pesos del presupuesto general de la nación 2018-2019 para algunos sectores en miles de millones.
Elaborada a partir de (Ministerio de Hacienda, 2018; Galindo & Gómez, 2017)

Es preocupante como el Gobierno colombiano impone por medio de la violencia simbólica de la ley un presupuesto totalmente inequitativo, que para el año 2019 absorberá más del 25% del presupuesto total, transfiriendo grandes masas de dinero al pago del servicio de la deuda publica mientras los derechos se ven cada vez más violentados y desfinanciados perpetuando e incrementando la desigualdad en el país que según algunas organizaciones internacionales somos el segundo país más desigual de américa latina y el caribe tras Haití.

Conclusión

Si bien el anteproyecto del PGN 2019 hace parte de las últimas disposiciones del gobierno del expresidente Juan Manual Santos, observamos con preocupación los recortes presupuestales a sectores destinados a garantizar derechos fundamentales de la población, recortes que tendrán la aquiescencia tanto del ejecutivo en cabeza de Iván Duque como por parte de las mayorías legislativas del Centro Democrático y sus partidos aliados. Es por esto que tenemos la responsabilidad de socializar y publicitar las discusiones en torno a este Anteproyecto de Presupuesto, y en las calles reclamar nuestros derechos.

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cadtm.org/El-presupuesto-del-2019-en-Colombia-consolida-la-desigualdad-y-las-multiples

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