Colombia. Educar no es adiestrar ni disciplinar llaneros
Según el estudio del “Tercer plan decenal de educación”, en Colombia se tienen que superar diez retos en el sistema educativo: regular el alcance del Derecho a la educación, mayor articulación de los niveles educativos, lineamientos curriculares pertinentes, una política pública para la formación de docentes, dejar de enseñar lo mismo; el problema de la educación no es tecnológico, sino pedagógico; la sociedad colombiana ha enfermado emocionalmente, superar el atraso en los niveles educativos del sector rural, mayor inversión, más apoyo a la ciencia y la tecnología.
No es por falta de leyes
La Constitución política de Colombia en el artículo 44, consagra la educación como un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes. En los tratados internacionales sobre los Derechos Humanos, Colombia ratifica “la obligación de los Estados para garantizar la implementación progresiva de la educación gratuita”, acorde con la Declaración universal de los Derechos Humanos, el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales, y culturales, la Convención internacional sobre los derechos del niño, la Convención americana de los derechos humanos y el Protocolo adicional en materia de los derechos económicos, sociales y culturales.
En el 2011 el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, generó el decreto 4807 por medio del cual “se establecen las condiciones de gratuidad educativa para los estudiantes de educación pre-escolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales y se dictan otras disposiciones”.
Respecto de lo anterior, ¿Por qué en Colombia para que se garantice el derecho a la educación gratuita y de excelencia, se deben realizar jornadas de protestas, marchas y demás vías de hecho?
En primer lugar, este es uno de los países más desiguales a nivel mundial, el segundo, solo superado por Haití. La corrupción es uno de los problemas más graves, que enfrenta Colombia. En el sistema educativo se refleja en los Programas de alimentación y transporte escolar para las instituciones públicas educativas de primaria, secundaria y media, pues los recursos se han convertido en el botín del clientelismo político.
Precisamente el tema de la corrupción en el sistema educativo ha despertado inconformismo y rechazo, tanto en profesores, como estudiantes y padres de familia, quienes han decidido salir a las calles y reclamar este derecho consagrado en la constitución política. En el 2017 en todo el país, el gremio de profesores a nivel nacional convocado por la Federación colombiana de educadores (FECODE), desarrolló un gran paro nacional desde el 11 de mayo que duró cerca de un mes, en donde demandaron mejores condiciones para el acceso a la educación, y aunque hubo un acuerdo con el gobierno, no se ha cumplido. A la fecha se han venido desarrollando múltiples manifestaciones reclamando el cumplimiento de los acuerdos pactados con FECODE.
¡Ay mi llanura!
En lo que va corrido del año 2018, exactamente entre la segunda mitad del mes de abril y la primera mitad del mes de mayo, estudiantes de los departamentos de Casanare y Arauca han tenido que salir a las calles y vías principales del país para reclamar por mejoras en la excelencia de la educación, pero la respuesta de los gobiernos locales ha sido negativa. Contrario a generar espacios de diálogos con los estudiantes, ha enviado al ESMAD y a la Policía nacional para disolver las protestas, tal como sucedió en el municipio de Aguazul, Casanare, donde los estudiantes de la Institución Educativa Cupiagua fueron agredidos por el ESMAD y la policía nacional, según informes de los medios de comunicación locales y alternativos.
Igualmente sucedió con estudiantes de Institución Educativa la Turúa, como lo revela Casanare Noticias el 7 de mayo: “Estudiante de noveno grado de la IE La Turúa de Aguazul fue impactada con los gases que arrojó el ESMAD. Hoy durante desbloqueo de la vía Marginal del Llano, la menor recibe atención en el Hospital de Tauramena. Según habitantes del sector fueron en total seis los estudiantes detenidos por la Policía durante las protestas”. Estas acciones evidencian una vez más que a la protesta social se le da un tratamiento de guerra, sin importar quienes están ejerciendo este sagrado derecho constitucional.
Al mismo tiempo, medios locales estigmatizan las protestas de los estudiantes, como lo hizo el portal informativo prensa rural del Casanare a través de su cuenta de twitter, que publicó textualmente: “Milicias del ELN estarían infiltrando concentraciones estudiantiles en Casanare según información de inteligencia, reveló la Policía de Casanare”. Lo que generó rechazo por parte de los profesores, padres de familia y la población en general.
En el Departamento de Arauca, también, los estudiantes hacen lo propio para reclamar el derecho a la educación. Después de largas jornadas de diálogo con las autoridades civiles, al no ser escuchadas sus peticiones, el 15 de mayo de 2018, en todo el Departamento, realizaron plantones frente a las alcaldías y la gobernación para reclamar mejores condiciones de transporte, alimentación escolar, mejoramiento de las infraestructuras físicas de las instituciones educativas, mejoras en la contratación docente. Según dice la población de estos municipios y las organizaciones que acompañaron las protestas, en municipios como Saravena y Arauquita, sólo hizo presencia la policía tomando fotos y grabando videos para tratar de disuadir a los estudiantes a que disolvieran la protesta. En algunos casos llegaron quitando y arrebatando las carteleras que llevaban los estudiantes. Las autoridades civiles no hicieron presencia inmediata.
“La represión y estigmatización que los estudiantes vivieron, gracias a que la respuesta del Estado fue enviar la fuerza pública, el caso más grave e indignante, fueron los insultos y señalamientos del alcalde del municipio de Saravena, a los líderes juveniles estudiantiles que participaban de esta importante jornada”, dijo un líder de los estudiantes.
La frase más celebre que el gobierno utiliza para dar respuesta a las exigencias de los estudiantes, profesores y padres de familia es que “no hay plata”, pero año a año sigue aumentando el presupuesto para las Fuerzas Militares, lo que se puede calificar como absurdo y contradictorio. Para el 2018, según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el presupuesto será de 235,6 billones de pesos (unos 76.628 millones de dólares).
http://www.eln-voces.com/index.php/voces-del-eln/militancia/1582-educar-no-es-adiestrar-ni-disciplinar-llaneros