Colombia. Detrás del genocidio hay un poder empresarial

La acción conjunta de militares y paramilitares han despojado la tierra a millones de campesinos y comunidades étnicas, para beneficiar a empresas petroleras y agroindustriales

Empresarios de la minería y  el agronegocio son los determinadores del despojo de tierras aplicado a comunidades indígenas, negras y campesinas, por medio de las Fuerzas Armadas y sus paramilitares, que configura una reestructuración territorial destinada a una nueva fase de extractivismo.

El desplazamiento forzado y el despojo de tierras no es un problema del pasado ni se ha detenido. Entre enero y junio de este año 16.190 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado. Según la Defensoría del Pueblo este año ese flagelo ha aumentado en 96,8 por ciento [1].

El Padre Javier Giraldo SJ sostiene que, “a quien aún crea que ni los paramilitares, ni siquiera cuando se camuflan bajo “Bacrim”, ni los pistoleros anónimos de hoy día, tienen lazo alguno ideológico o contractual con el Estado o con sus soportes partidarios o empresariales, se le puede remitir a que lea y analice el estilo literario y trasfondo ideológico-político de los panfletos en que los victimarios tratan de justificar sus crímenes” [2].

Despojar las tierras para entregarlas a las empresas

El Proyecto investigativo ¿Cómo nos quitan las tierras? demuestra cómo la acción conjunta de militares y paramilitares despojaron de la tierra a millones de campesinos y comunidades étnicas, para beneficiar a empresas petroleras y agroindustriales [3].

Los casos específicos de Curvaradó,  Jiguamiandó y los Consejos Comunitarios del Bajo Atrato en el Chocó, dan cuenta de la relación entre el despojo de tierras y la creación y consolidación de empresas. La Superintendencia de Notariado y Registro demostró que 17.720 hectáreas despojadas a la comunidad negra de Curvaradó y Jiguamiandó, fueron adquiridas de manera ilegal con el visto bueno de la Oficina de Registro de Quibdó.

El empresario Antonio Nel Zúñiga creó las empresas Urapalma, Palmura, la extractora Bajirá y se apoderó de hectáreas de bosques con las empresas Pizano y Maredién. En el 2004  Luis Fernando Zea, Héctor Duque y María Isabel Correa Gómez crearon la empresa Promotora Palmera de Curvaradó y Palmadó Ltda, empresas que contaron con el apoyo del Gobierno de Uribe (2002-2010) para beneficiarse de este despojo [4].

Las masacres y los asesinatos de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos (DDHH) y ex combatientes, hace parte de la estrategia de despojo de tierras. De los 1.100 líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, el 75 por ciento está relacionado con reclamación de tierras [5].

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció que este año han perpetrado 76 masacres con un saldo de 303 víctimas fatales, y que los departamentos más afectados son Antioquia con 18, Cauca con 12, Nariño con 9 y Norte de Santander con 6 [6].

Las Águilas Negras y las órdenes de Uribe

Juan Pablo Mina, líder comunitario de Punta Icaco en Buenaventura, Valle del Cauca, el 10 de noviembre tuvo que salir desplazado con su familia luego de recibir constantes amenazas y ser víctima de un atentado por parte de narcoparamilitares.

Guillermo Pérez Rangel, presidente de la Mesa de DDHH y Territorios del Cesar, Director Ejecutivo de la Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar y miembro de la Unión Nacional de Integración Rural (UNIR), ha recibido constantes amenazas, sin embargo, el 10 de noviembre extrañamente la Unidad Nacional de Protección (UNP) le retiró el esquema de protección.

Heiner Cuesta Mena, ex combatiente asesinado el 14 noviembre en el corregimiento Negua en Quibdó, Chocó.

José Lino Iruá Delgado de 14 años y Emerson Alejandro Dussán de 16 años, el 15 de noviembre fueron asesinados en la vereda Palmar en Obando de San Agustín, Huila, por un soldado del Batallón de Infantería 27 de Magdalena, adscrito a la Novena Brigada del Ejército.

Nerie Penna era integrante del Concejo Municipal de Planeación Participativa del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, fue asesinada junto a su compañero el ex combatiente Enod López el 15 de noviembre en Puerto Guzmán, Putumayo.

Jorge Riaño perteneció al Frente 15 del Bloque Sur de las FARC, estaba en proceso de reincorporación en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Agua Bonita, municipio La Montañita, fue asesinado el 15 de noviembre en Florencia, Caquetá.

El 19 de noviembre circuló un panfleto de las Águilas Negras en el que defiende la inocencia de Uribe y amenaza de muerte a varios periodistas de la prensa alternativacongresistas de oposiciónlíderes indígenas y  defensores de DDHH.

Bryan Steven Montes, ex combatiente en proceso de reincorporación en el ETCR Heiler Mosquera ubicado en la vereda La Pradera en Puerto Asís, fue asesinado el 19 de noviembre en la vereda El Picudo de Puerto Caicedo, Putumayo.

Jhonny Walter Castro pertenecía a la Mesa de Víctimas del municipio de Linares, Nariño, había denunciado amenazas de muerte sin recibir ninguna respuesta por parte de la UNP, fue asesinado el 20 de noviembre en su vivienda ubicada en el corregimiento San Francisco.

Rigoberto Pérez, líder campesino de la vereda Las Pavitas en Caimito, Sucre, fue víctima de un ataque con arma blanca el 21 de noviembre.

Libio Chilito era Fiscal de la Junta de Acción Comunal de Argelia, es una de las cinco víctimas de la masacre perpetrada por narcobandas el 21 de noviembre en el corregimiento El Mango en Argelia, Cauca.

En la vereda La Julia de Betania, Antioquia, el 21 de noviembre fueron masacrados por narcobandas siete recolectores de café y tres más quedaron heridos.

[1] El desplazamiento aumentó un 96,8 por ciento este año, según informe. El Tiempo, 18-08-2020.

[2] Inspección somera al exterminio de los gérmenes de una sociedad humana. Javier Giraldo Moreno, 12-03-2020.

[3] ¿Cómo nos quitan las tierras? Rutas del Conflicto, 5-11-2020.

[4] La industria de la palma llegó de la mano de los paramilitares a Curvaradó. Rutas del Conflicto, 3-11-2020.

[5] La violencia en Colombia se ensañó contra líderes e indígenas en 2019. Agencia EFE,  26-02-2020.

[6] 76 masacres durante el 2020. Indepaz, 22-11-2020.

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