Colombia. ¿Desconoce la Jep los instrumentos no judiciales de la Justicia transicional?

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Desde su proyección en los Acuerdos de paz del 2016 entre el gobierno y las Farc el Sistema de Verdad, Justicia, reparación y no repetición como mecanismo de justicia transicional se estableció que tanto la Comisión de la Verdad con la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas en la guerra, complementarían la labor judicial de la Jep para garantizar la Verdad como elemento central de la justicia restaurativa acogida para dar prioridad a las víctimas del conflicto armado colombiano.

La Jep, no obstante los obstáculos y la oposición cerrada de los grupos ultraderechista de la politica nacional encarnados en el uribismo gubernamental, se abrió paso y en el momento aborda los casos del secuestro, los “falsos positivos”, las consecuencias del conflicto en Tumaco, Uraba, el Cauca, la violencia contra los niños y el exterminio de la UP.

Han sido varios los intentos para eliminarla, limitarla o desviarla de su tarea esencial, pero el rechazo de la sociedad ha dado al traste con esas arremetidas perversas, asociadas con la guerra y la violencia politica.

Sin embargo, las víctimas, sus organizaciones y las de los derechos humanos han señalado una fuerte y delicada descoordinación entre la Jep, la Comisión de la Verdad y la UBPD, lo que obviamente afecta todo el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (https://bit.ly/3dw7uoi ).

Si bien es cierto cada uno de estos espacios tiene su propia dinamica como la judicial en el caso de la Jep, la de la Verdad y la ubicación de las personas desaparecidas, en las otras, no menos cierto es que la acción aislada de cada una de esta perjudica gravemente la construcción de la paz y la legitimidad del mecanismo judicial transicional.

Lo peor, les sirve en bandeja de plata los argumentos a los enemigos de la Jep para que la ataquen y desprestigien ante las víctimas.

Nota. La situación de las víctimas en el Cesar como consecuencia de la implantación del extractivismo minero, en este caso del carbón, explotado por Drumond y Glencor, demandan la apertura de un caso especial en la Jep. El Modelo minero es uno de los principales generadores de violencia en los territorios y en el asesinato de líderes sociales. Oro, carbón, níquel y otros minerales estratégicos son objeto de la disputa de poderosas multinacionales mineras que acuden a la violencia para obtener ventajas del Estado, como en el caso de la Drumond y Glencor, las cuales hicieron alianzas con los paramilitares del Bloque Norte, comandado por Jorge 40, para adquirir grandes extensiones de tierra en el departamento del Cesar con enormes yacimientos de carbón. Lo que indujo, adicionalmente, un proceso violento de despojo de tierras de campesinos beneficiarios de la reforma agraria de los años 80 por parte de poderosos terratenientes de Codazzi, la Jagua de Ibirico, el Paso, Valledupar, San Diego, Curumaní, Chiriguana, Chimichagua y Ariguani. Allí hay apellidos muy conocidos como Genecos, Araujos, Campo Soto, Castro, Lacouture, Prada y otros.

 

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