Colombia. Departamento de Nariño es objeto de saqueo de sus dineros públicos por la mafia Ramos Jurado de Sotomayor

Supuestamente en el departamento de Nariño, al sur occidente de Colombia, hay un fuerte protagonismo de la sociedad en los procesos de auditoría y control social sobre la gestión pública y la ejecución de los recursos públicos.

Nariño es uno de los 32 departamentos de Colombia con una población cercana a los 2 millones de habitantes con una cultura política abierta y pluralista.

En los últimos años sus gobernantes han sido lideres ligados a la izquierda democrática, aunque hoy, hay un gobernante, John Alexander Rojas Cabrera, vinculado a las maquinarias de la corrupción y el manejo oscuro de los asuntos públicos con claros nexos a la ultraderecha uribista. Rojas Cabrera está identificado como el responsable de la bancarrota financiera de la Empresa de Salud de la Caja de Compensación de Nariño.

Adicionalmente bajo la gestión de Rojas Cabrera hay varias situaciones problemáticas en lo que tiene que ver con la ejecución de más de 1300 proyectos financiados con las regalías petroleras, con recursos del presupuesto general de la nación, con los denominados “elefantes blancos”, con la situación de los hospitales de Pasto, Tumaco, Ipiales y la Union, con las condiciones de competitividad de la region y con los Índices de desempeño fiscal e institucional, asuntos que abordaremos en otros artículos.

En esta nota queremos retomar el caso de la Fundación Desarrollo y Liderazgo Social/Funder y su ruta de corrupción con proyectos productivos cafeteros por un valor cercano a los 50 mil millones de pesos, en los municipios de Sotomayor, el Tambo, Tagua, Samaniego, el Tablón de Gómez, Túquerres y la gobernación de Nariño, en los que son claves los hermanos Jimmy, Silvia y Daira Ramos Jurado del municipio de Los Andes Sotomayor, Nariño. Se trata de una nueva mafia estatal con asiento en la provincia del departamento.

Este editorial recoge los avances de las investigaciones periodísticas realizadas por el equipo del portal Cuestión Publica sobre “La Moñona de contratos: el mecanismo de las empresas carrusel para exprimir dineros públicos en Nariño” que tiene como protagonista a la Fundación Funder (Ver en el siguiente enlace https://cuestionpublica.com/monona-de-contratos-el-mecanismo-de-las-empresas-carrusel-para-exprimir-dineros-publicos-en-narino/).

La suerte loca de Funder.

Camuflada entre uniones temporales y consorcios, la Fundación Desarrollo y Liderazgo Social (Funder) participo en cinco contratos con entidades públicas durante la pandemia, entre junio de 2020 y enero de 2021, que suman más de $48 mil millones, para poner en marcha proyectos agrícolas y ecológicos en diferentes municipios del departamento de Nariño. En tan solo 28 semana dicha entidad privada multiplico por 5 los recursos públicos que había ejecutado en cuatro años, pues, entre 2017 y 2019 firmó a su nombre 18 contratos por $8.874 millones y ahora en tan solo cinco contratos, participa mayoritariamente de un presupuesto tan cuantioso que alcanza para atender dos veces las regalías destinadas al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Nariño.

Historia de Funder.

Constituida hace 17 años en Pasto, Funder era una entidad desconocida en la contratación pública de Nariño hasta febrero de 2016, cuando Juan David González Arias, en ese entonces con 26 años, asumió como representante legal y la fundación empezó al año siguiente un mecanismo de asociación con otras empresas para quedarse con millonarios contratos públicos en tierras nariñenses. Pero González Arias solo parece ser una pieza dentro de un gran entramado de negocios y políticos que tiene como punto neurálgico a los hermanos Jimmy, Silvia y Daira Ramos Jurado del municipio de Los Andes Sotomayor, Nariño.

En el desarrollo de estos negocios Cuestión Pública encontró una firma falsificada para una licitación, una comercializadora de medicamentos que resultó metida en un proyecto para fortalecer la economía de los productores de café, una interventoría a la que pertenece la cuñada de un representante legal de una empresa supervisada y unos ex socios con conflictos de interés. La fundación Funder está en su ‘cuarto de hora’ y hay cosas que no tienen coherencia.

Un contrato súper exprés.

Eran los últimos días del mes de octubre de 2020 y en El Tambo, Nariño, se tejían los detalles finales para la celebración de un contrato por $8.793 millones, el mayor presupuesto que se había asignado durante la administración del actual alcalde Jairo Sebastián Rojas Solarte, quien justo por esos días había viajado a Bogotá para “realizar gestiones ante entidades del orden nacional”, como consta en el decreto que justifica su comisión de servicio en la capital.

Sin el alcalde Rojas en el municipio de El Tambo, el contrato de todas formas se firmó. Mediante contratación directa y bajo la figura de urgencia manifiesta, que en términos coloquiales se le llama ‘un contrato a dedo’, Edwin Muñoz Guerra, secretario de gobierno y quien quedó como alcalde encargado, celebró el contrato cuyo objeto es fortalecer la economía de productores de café afectados por la pandemia en El Tambo y siete municipios más de Nariño.

El contratista escogido.

El contratista escogido fue la Unión Temporal Fundamed, representada legalmente por Maritza Fernanda Mavisoy Jurado, ex auxiliar jurídica de Funder y sobrina de los hermanos Ramos Jurado, quienes, desde el municipio de Los Andes Sotomayor, en el norte de Nariño, han logrado establecer conexiones con varios políticos nariñenses.

La Unión Temporal Fundamed está conformada por Funder y Distrimed del Sur, esta última es una empresa que, según su portafolio de servicios, se dedica a la “comercialización de medicamentos y equipos médicos y hospitalarios”. ¿Cómo resultó contratada para fortalecer la economía de los productores de café nariñenses?

Aquí se entiende por dónde van los tiros, si el nombre de Distrimed del Sur no se hubiera prestado para conformar la unión temporal, Funder sería la única ejecutora del contrato, lo cual no era conveniente. Tres razones: primero, Funder tiene el 95% de la participación de la unión temporal, según consta en el Registro Único Tributario (RUT); segundo, Funder ya había conformado otra unión temporal en similares condiciones para suscribir un contrato parecido en el municipio de El Tablón de Gómez, Nariño, cuatro meses antes, y lo volvería a hacer en dos contratos más tras la firma en El Tambo; y tercero, el representante legal de Distrimed del Sur es Carlos Hernán Paguay Gustín, quien fue miembro de la junta directiva de Funder entre 2014 y 2018; es decir, Paguay salió de Funder para luego representar legalmente a otra empresa que hoy es socia de Funder.

Con esos y otros arreglos, entre junio de 2020 y enero de 2021, Funder participó en cinco contratos firmados, ya sea como contratista directamente o a través de uniones temporales y/o consorcios, en cinco municipios de Nariño que suman $48.024 millones y sobre los cuales dicha fundación tiene una participación del 69% del monto total de los contratos, sumando su participación en cada uno.

Un matrimonio y una firma falsificada

Aunque la moñona de contratos para Funder empezó oficialmente el viernes 19 de junio de 2020 en el municipio de El Tablón de Gómez, detrás de esos contratos hay una historia poco conocida que dejó una huella de presuntas irregularidades.

El 3 de febrero de 2020, la Alcaldía de El Tablón publicó el aviso de convocatoria pública para la ejecución de un proyecto de apoyo a productores de café en tres municipios de Nariño. Al mes siguiente, el 17 de marzo, la alcaldía dejó constancia de que recibió tres proponentes: Consorcio Café El Tablón, Unión Temporal Café Colombia y Unión Temporal Procafé 2020.

Competidores no competidores, el Consorcio Café El Tablón estaba conformado por Óscar Gerardo Gómez Burgos y las empresas Funandino y Fundespac, y tenía como representante legal a Daniela Romero Andrade, quien es la esposa de Juan David González Arias, actual representante legal de Funder. Por su parte, la Unión Temporal Café Colombia estaba representada legalmente por Maritza Fernanda Mavisoy Jurado (la misma del contrato de El Tambo) y era conformada por Funder (90%) y la empresa SIIE Ingeniería (10%). Dos de los tres proponentes aparentaban ser competidores, pero en el fondo eran el matrimonio González Romero.

Aunque el 17 de abril se le adjudicó el contrato a la Unión Temporal Café de Colombia, es decir, al esposo de la pareja de proponentes, la Alcaldía de El Tablón de Gómez, en cabeza del alcalde Óscar Didier Bolaños González, revocó la adjudicación y declaró desierto el proceso seis días después. ¿La razón? La Unión Temporal Procafé 2020, el tercer oferente de la licitación, allegó a la Alcaldía un documento de declaración juramentada del ingeniero Derian Manuel Delgado Bravo en donde él asegura que su nombre fue utilizado sin autorización para ser incluido como supuesto miembro del equipo de trabajo de la Unión Temporal Café de Colombia.

Además, en el escrito que fue anexado por el proponente dentro de una solicitud de revocatoria del proceso, Delgado Bravo sostiene que su firma fue falsificada para soportar “un supuesto contrato de prestación de servicios que nunca ejecuté”.

En el acta de revocatoria, la Alcaldía de El Tablón de Gómez sostiene que la representante legal de la Unión Temporal Café de Colombia, Maritza Fernanda Mavisoy Jurado, sobrina de los hermanos Ramos Jurado, manifestó que existía un “acuerdo verbal” con el ingeniero Delgado Bravo, pero que después él decidió no continuar con su vinculación en el proyecto. Pese a esto, Mavisoy Jurado habría guardado silencio de esta situación incluso hasta días después de la adjudicación. La Alcaldía de El Tablón de Gómez, en cabeza de Óscar Didier Bolaños, al parecer no verificó por cuenta propia la denuncia de Delgado Bravo y asumió la versión de Mavisoy Jurado.

El 14 de mayo de 2020, la Alcaldía de El Tablón abrió un nuevo proceso licitatorio y la Unión Temporal Café de Colombia volvió a presentarse, esta vez con González Arias como representante legal. Y, pese al antecedente de supuesto fraude, la unión temporal, en la que Funder tiene un 90% de participación, volvió a ganar la licitación por valor de 8.145 millones y dio por iniciada su buena suerte durante la pandemia.

Todos los caminos conducen al municipio Andes Sotomayor.

Las interventorías de los contratos en los que hoy Funder tiene participación son realizadas por empresas y personas que han tenido cercanía con los miembros de la fundación y también con los hermanos Ramos Jurado. En otras palabras, quienes deben hacer el seguimiento técnico al cumplimiento de los contratos de Funder, los interventores, fueron socios, son cercanos y/o conocidos de los supervisados.

Fundación Mercajusto, entidad sin ánimo de lucro representada legalmente por Carmen Leonor Hidalgo Melo, participa en la interventoría de tres de los contratos mencionados anteriormente: en La Llanada y Taminango, Nariño, a modo propio, y en El Tablón de Gómez mediante una unión temporal con la Fundación Niños y Jóvenes por la Paz, representada por Nury Alejandra Andrade Acosta.

Las investigaciones de Cuestión Pública han encontrado que Fundación Mercajusto había sido socia de Funder entre 2017 y 2018 en una unión temporal que conformaron ambas para ejecutar un contrato por $1.966 millones en Los Andes Sotomayor, en el norte de Nariño. En ese entonces, el alcalde de dicho municipio era Jimmy Fernando Ramos Jurado, quien obtuvo 2.638 votos en las elecciones regionales de 2015 y contó con el aval de los partidos Cambio Radical y Conservador.

Las hermanas de Jimmy Fernando, Silvia Liliana y Daira Yanipza Ramos Jurado, también tienen vínculos políticos. En las elecciones a Congreso en 2018, Silvia Liliana Ramos le hizo campaña a la Cámara de Representantes a Gilberto Betancourt Pérez (Cambio Radical) y al Senado de la República a Javier Tato Álvarez (Partido Liberal), tío del actual diputado de la Asamblea de Nariño Julio Aníbal Álvarez.

Los hermanos Ramos Jurado, una mafia en la provincia nariñense.

Ahora bien, ¿qué tienen que ver los hermanos Ramos Jurado y Los Andes Sotomayor con Funder? Resulta que personas y empresas que hoy tienen un vínculo directo o indirecto en la ‘moñona’ millonaria de contratos de Funder también contrataron en la alcaldía de Jimmy Fernando Ramos Jurado. Entre 2016 y 2019, Funder y varios de sus actuales socios, ex socios, interventores y familiares firmaron con dicha Alcaldía al menos 60 contratos que suman $12.926 millones.

Una relación de varios años

Aunque los hermanos Ramos Jurado no tienen ningún vínculo formal con Funder y las demás empresas socias en la ‘moñona’ millonaria de contratos durante la pandemia, hay tres hechos que los relacionan directa o indirectamente con la fundación:

Primero, Maritza Fernanda Mavisoy Ramos, sobrina de los hermanos Ramos Jurado, fue auxiliar jurídica de Funder entre 2016 y 2019 y es la actual representante legal de la Unión Temporal Fundamed, encargada de ejecutar el contrato en El Tambo y en la cual Funder tiene una participación del 95%. Mavisoy Ramos también fue representante legal de la Unión Temporal Café de Colombia (en la que Funder tiene el 90% de participación) cuando fue revocado el primer proceso contractual en El Tablón de Gómez.

Segundo, las empresas y personas hoy socias de Funder, además de las interventorías, lograron una significativa contratación durante la alcaldía de Jimmy Fernando Ramos Jurado, uno de los hermanos, en Los Andes Sotomayor.

El tercero es un contrato por valor de $2.375 millones que Silvia Liliana Ramos Jurado firmó el 30 de diciembre de 2014 con la Gobernación de Nariño, en ese entonces en cabeza de Raúl Delgado. Silvia Liliana actuó como representante de la Unión Temporal Proyectar Nariño, la cual tenía a su cargo un proyecto relacionado con el saneamiento rural y la descontaminación ambiental en la cuenca del río Pacual. La interventoría inicial de dicho contrato fue ejecutada por Carlos Eduardo Montilla Tobar, pero el 22 de enero de 2018, tras el fallecimiento de Montilla, la Gobernación de Nariño, en ese momento en manos de Camilo Romero, abrió una invitación pública para contratar una nueva interventoría y el contratista elegido fue para sorpresa y no sorpresa de todos, la fundación Funder.

La Unión Temporal Proyectar Nariño, de la cual Silvia Jurado fue representante legal, estaba conformada por Óscar Gerardo Gómez Burgos y la Corporación para el Desarrollo Social y Ambiental – Codesa. Resulta que, según información de la Cámara de Comercio de Pasto, Codesa tiene como director ejecutivo suplente a Jhoner Armando Alvarado Ordóñez, quien entre 2017 y 2018 fue el representante legal de la Unión Temporal Nariño Adelante, con la cual Mercajusto y Funder ejecutaron un contrato por valor de $1.966 millones para el “fortalecimiento en generación de ingresos, seguridad alimentaria y acompañamiento psicosocial a población víctima del conflicto armado” en tres municipios de Nariño. Dicho contrato, recordemos, fue adjudicado por la Alcaldía de Los Andes Sotomayor cuando Jimmy Ramos Jurado estaba en el poder.

Para resumir: Silvia Liliana Ramos Jurado y Jhoner Armando Alvarado hicieron parte de una empresa a la que Funder le hizo parte de la interventoría. Además, Alvarado representó legalmente una unión temporal conformada por Funder y Mercajusto, la cual fue contratada en la alcaldía de Jimmy Fernando Ramos Jurado en Los Andes Sotomayor. Hoy Mercajusto participa en tres interventorías a contratos en los que Funder tiene la mayor participación. Desde 2015 los hermanos Ramos Jurado han tenido vínculos, directos e indirectos, con empresas y personas con las que hoy Funder tiene algún tipo de relación.

Algo más.

El contrato que actualmente está ejecutando Funder en el municipio de Tangua, el quinto de la ‘moñona’ millonaria, tiene como interventora a la Unión Temporal Cafecol Interventores, conformada por la Fundación Caminos Integrales y Funandino, esta última fundación (Funandino) firmó 42 contratos durante la Alcaldía de Jimmy Ramos Jurado en Los Andes Sotomayor, incluso Funder fue la encargada de hacer la interventoría en un contrato de Funandino con la Alcaldía de Túquerres en 2019 mientras Funandino hacía la interventoría en un contrato de Funder en el municipio de San Lorenzo durante el mismo año.

La representante legal de dicha unión temporal, la interventora en el contrato de Funder en Tagua (Cafecol Interventores), es María Camila Romero Andrade, hermana de Daniela Romero Andrade y cuñada de Juan David González Arias, el representante legal de Funder. Dicho de otra manera, el cuñado contratista y la cuñada interventora.

El carrusel no para y los recursos de los municipios nariñenses caen en las mismas manos y llenan los mismos bolsillos.

La buena racha de Funder no termina. Cuestión Pública encontró que el mecanismo exitoso de contratación se repite en una nueva licitación adjudicada apenas el 8 de junio de 2021 a Funder por la Alcaldía de Túquerres, Nariño, en cabeza de Juan Fernando López Meneses. El contrato por $188 millones tiene por objeto la “implementación de acciones para la recuperación de cobertura vegetal en los predios de importancia ambiental”.

En la licitación de Túquerres también participó una conocida compañía ‘competidora’ de Funder: la Fundación para el Desarrollo Sostenible y la Participación Ciudadana – Fundespac -, empresa que meses atrás había conformado un consorcio con Funandino y en el cual, la representante legal era Daniela Romero Andrade, esposa de Juan David González Arias (representante legal de Funder).

El anterior es el escenario de corrupción y despojo que se presenta en Nariño y que la sociedad civil debe denunciar con toda la fuerza.