Colombia. Cuarentena en Tunja: Calvario para la clase popular

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La incapacidad y poco interés del Estado y sus instituciones para actuar frente a las necesidades de las mayorías, agudizan la situación sanitaria, de salud, económica y social que actualmente atraviesa el país. Reflejo de la crisis que el sistema capitalista genera y profundiza en todos los sectores sociales empobrecidos del mundo.

El manejo negligente del gobierno a la emergencia desatada por el COVID-19, deja en evidencia las diferentes contradicciones; donde prevalece la protección de bancos, grandes empresas y multinacionales sobre la vida, la integridad y la salud de las mayorías.

Aunque en el país, fue decretada cuarentena por 19 días; y que en lugares como Bogotá, Casanare y Boyacá se han implementado medidas de aislamiento y cuarentenas voluntarias, el COVID-19 avanza en el país. A la fecha se reportan 277 casos confirmados de contagiados y 3 muertes.

La cuarentena es un privilegio de clase

No puede ser efectiva la cuarentena en un país en donde el desempleo, el trabajo informal y la tercerización laboral son el pan de cada día. En Colombia cientos de niños mueren por malnutrición, el “rebusque” es la única forma de tener el mínimo vital de muchos jóvenes, la mayoría de mujeres no tienen remuneración económica por su trabajo en la economía del cuidado, los campesinos están endeudados porque no existen garantías sobre la producción de alimentos y donde muchos de los ancianos son abandonados a su suerte.

La clase popular tiene que seguir con sus labores cotidianas en los diferentes territorios en búsqueda del sustento diario

En el caso de Tunja, las cifras del DANE demuestran que es uno de los municipios con mayor índice de desempleo con un 12,7% promedio. Esta cifra puede llegar, en meses como marzo de 2019, al 14%, superando incluso la tasa de desempleo nacional que se encuentra en 10,5%. En la capital boyacense la informalidad laboral llega al 42,4%. De los trabajadores formales, gran parte de ellos tienen Contrato de Prestación de servicios, donde el empleado debe asumir el pago de seguridad social y prestaciones.

Este panorama no es alentador, muchas personas y familias dependen del rebusque, exponen sus vidas en busca de sustento y enfrentan a diario a las vacunas (extorsiones) o el pago del gota a gota. A estas problemáticas se le suma la persecución y abuso policial, legalizado por medio del código de policía. Estos trabajadores no tienen las garantías para asumir una cuarentena quedarse en casa y proteger a su familia, porque las cuentas de los servicios públicos, el pago del arriendo y la comida para vivir no dan espera.

¿Qué ha sucedido con el Hospital San Rafael de Tunja?

Varios son los hechos que han evidenciado la grave crisis que atraviesa el sector salud en el municipio. En el año 2017, parte del techo de urgencias colapsó, dejando heridas a 12 personas, dos de ellas sometidas a cirugías por la gravedad de sus heridas. En marzo del presente año, comunidades denunciaron filas de 18 horas para acceder a una cita médica general o con especialistas; incluso los casos que requieren ser tratados prioritariamente no conseguían obtenerlas.

La atención en hospitalización está en alerta amarilla, pues tan solo hay 216 camas y para cubrir las necesidades se tienen que adaptar a diario camillas«

La infraestructura instalada, camillas, utensilios y medicamentos, es insuficiente, lo que generan zozobra sobre las rutas y capacidades para afrontar el COVID-19.

Los trabajadores de la salud tampoco están exentos de la explotación laboral: llevan a cabo largas jornadas, no reciben un pago justo y están expuestos al contagio. Estos deben distanciarse de su círculo familiar para enfrentarse al reto de brindar la mejor atención en las peores condiciones.

Tunja la ciudad universitaria…

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC- implementa una serie de medidas improvisadas por la coyuntura del COVID-19. Las medidas implican la virtualización de las clases, obviando las condiciones reales de los estudiantes que en su mayoría son de estratos 1, 2, y 3, algunos viven en zonas rurales, no tienen acceso a internet y no todos poseen los medios adecuados como los computadores, Tablet y/o Smartphone para el desarrollo académico.

Además, la contratación docente, no se realiza en fechas que permitan el cumplimiento del calendario académico. No se han dado garantías para los cerca de 700 profesores, quienes en una eventual suspensión del semestre quedarían sin contrato, lo que generaría no tener sueldo ni acceso a salud para ellos y sus familias.

El toque de queda y la represión de la fuerza pública

Las fuerzas militares y policiales aplican su papel de represión y “control” apelando a diferentes multas económicas y punitivas. Fortaleciendo el monopolio de la fuerza por medio de políticas y doctrinas de control social, con las cuales infunden miedo e incertidumbre.

La presencia de actores armados estatales y para-estatales -que defienden los intereses de las empresas y los dueños del capital- han dejado miles de ejecuciones extrajudiciales (mal llamados falsos positivos), violaciones, abusos y asesinato sistemático de excombatientes, y de líderes/as sociales, que en esta crisis del COVID-19 no han cesado.

Hacinamiento del 39,5% en Centros Penitenciarios en Boyacá, nada alejado de la realidad nacional

El sistema carcelario estalla por las condiciones indignas de hacinamiento (a nivel nacional supera el 54%), la falta salubridad y mala alimentación.  Estas situaciones no son coyunturales y han sido denunciadas desde hace más de 20 años. Con la pandemia del Covid-19 se empeora la situación sanitaria y de salud, debido a las nulas garantías para la prevención del contagio y, aún menos, de posibles tratamientos.

La violación de derechos humanos a personas privadas de la libertad, llegó a una masacre que fue cometida el día 21 de marzo en distintas cárceles del país, dejando, según cifras oficiales, 23 personas asesinadas, y más de un centenar de heridos.

Ante la exigencia de los familiares de los reclusos por información y atención a los presos, el gobierno prefirió reprimir, con el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD a los manifestantes en inmediaciones de la cárcel La Modelo.

En estos centros penitenciarios también se encuentra un alto porcentaje de personas privadas de la libertad que no han sido condenadas, entre ellos muchos líderes sociales y personas retenidas injustamente.

Que la cuarentena no nos detenga…

La organización y lucha por vida digna deben ser constantes. Es indispensable exigir al gobierno la puesta en práctica de rutas claras que lleven a contener la crisis humanitaria y social, además dé garantías de vida para las mayorías empobrecidas del país.

La comunicación popular y las herramientas digitales son en este momento nuestro instrumento, la solidaridad con nuestros hermanos de clase debe estar llena de acciones. Debemos enfrentar a los medios de comunicación masivos, ya que buscan legitimar y fortalecer el gobierno de Duque, además de ocultar las problemáticas y la crisis que enfrentamos día a día.

Debe cesar el asesinato de líderes y lideresas sociales, brindar garantías de subsistencia y vida digna a la clase popular afectada por la crisis sanitaria, además de desmontar las políticas y leyes lesivas que han formulado: ley de financiamiento, reforma laboral y reforma pensional que generan crisis social.

Las personas privadas de la libertad deben tener garantías en los centros penitenciarios. Las fuerzas militares en cabeza de la policía nacional y el ejército nacional no deben perseguir, imponer multas económicas, ni cometer violaciones de DDHH. Urge congelar las deudas bancarias, el cobro de servicios públicos y demás que pongan en riesgo las condiciones de estadía y supervivencia.

No olvidemos que estamos en Paro Nacional y es tarea de la clase popular profundizar la lucha por la emancipación. Continuemos en dinámica de lucha, de resistencia y movilización. La realidad nos demuestra que tenemos razón. ¡Primero lo primero, salud y educación!.

 

https://trochandosinfronteras.info/cuarentena-en-tunja/

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