Colombia. Comunidades negras colombianas logran en la Justicia control sobre territorio ancestral

Una batalla ganada por las comunidades tradicionales. La Justicia de primera instancia de Popayán, municipio ubicado en el Departamento del Cauca, sudoeste de Colombia, devolvió los derechos territoriales y comerciales de la zona media y alta del río Timbiquí al Consejo Comunitario Renacer Negro. Esto elimina cualquier resquicio legal de que la tierra pueda ser utilizada por mineros legales o ilegales para proseguir con las extracciones en el área.

Se trata de una decisión histórica. Además de restituir el territorio a la población, reconoce y protege a la comunidad tradicional que lo habita, resguarda sus derechos y otorga salvaguardas que garantizan restituciones similares en otros aspectos, bajo los cuales esa población viene siendo víctima de abusos.

Al Consejo Comunitario Renacer Negro, integrado por una decena de comunidades negras ancestrales, se le asegura el control legal de un territorio de 71 mil hectáreas, que ha sido fuertemente explotado por mineros ilegales. Éstos, a base de escavadoras, dragas y procesos químicos de filtración, han destruido gran parte del valle del río Timbiquí y su fauna de peces.

El Consejo conquistó este reconocimiento legal después de enfrentar años de persecución y apropiaciones ilegales de sus recursos naturales por parte de personas y organizaciones delictivas. Durante ese período, la zona fue explotada como fuente de recursos para financiar actividades delictivas, además de haber sido área de confrontación involucrando al ejército colombiano y terreno para cultivos ilegales.

A fines de los años 1990, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) (hoy, Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder) otorgó los derechos territoriales de esa área a las respectivas comunidades tradicionales, que reúnen 762 familias, distribuidas en 11 aldeas de pueblos afrodescendientes, que son representadas por el Consejo. A pesar de esta concesión, el territorio continuó como objeto de disputa entre distintos sectores y organizaciones (tanto legales como delictivas), debido a la existencia de oro y otros minerales, como plata, hierro, níquel, magnesio, cobre y zinc.

Durante los últimos años, empresas de los alrededores de las comunidades regionales habían explotado la región, autorizadas por la Agencia Nacional de Minería de Colombia. El territorio también llegó a ser utilizado para el cultivo de coca por parte de grupos armados y su consecuente exposición a contextos de violencia e inseguridad. La presencia de esos grupos atraía además al ejército colombiano, provocando desplazamientos masivos de personas, que huían del conflicto armado.

El territorio de 71 mil hectáreas alberga a 762 familias, distribuidas en 11 aldeas en la zona del Cauca.

Al final de la última década, con la elevación del precio del oro a nivel mundial, hubo un incremento de la demanda y el consecuente aumento del precio del metal. Depósitos del río Timbiquí, ricos en el recurso, se convirtieron en fuente de ingresos para grupos delictivos, que encontraron en la explotación del oro una oportunidad de financiamiento de bajo riesgo para una serie de actividades delictivas.

La explotación del metal en el área, con máquinas pesadas y procesos químicos de alto impacto ambiental, degradó gran parte del lecho del río, además de haber contaminado sus aguas con metales pesados. Todo esto fue determinante para destruir un suelo que era fuente de ingresos y subsistencia para las comunidades locales, con pesca, cultivo de ñame y mandioca, además de la minería artesanal. En aquella época, mineros ilegales llegaron a imponer cupos de extracción a los habitantes locales, a base de amenazas y violencia, permitiéndoles trabajar sólo algunos días de la semana y solamente en determinadas zonas geográficas.

(Con información de la Fundación Avina)

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