Colombia: Acción directa contra los feminicidios en Medellín, Plaza Mayor, Jardín de Flores, 9 de agosto 2013

Nos reunimos en medio de esculturas gigantes elaboradas con flores, que simbolizan el orgullo y la identidad de una cultura que ha traicionado históricamente a las mujeres, por conservadora, misógina, racista, colonialista y acumuladora. Nos ponemos de pie vestidas de negro, portando claveles rojos y simbolizando heridas mortales en nuestro cuerpo; para decir que el jardín de flores que se ha impuesto como maquillaje en la ciudad, es una trampa más del poder, para ocultar la violencia feminicida, el control militar, el despojo, el desplazamiento y el empobrecimiento; que destruye comunidades y las mantiene en silencio y el miedo.

Comunidades donde la vida de las mujeres en lo cotidiano esta marcada por las violencias, el control de sus cuerpos, la explotación sexual, la maternidad forzada, el trabajo precario y la ausencia de alternativas radicales para sobrevivir a la desposesión y a la primacía del poder patriarcal.

“La cultura moldea nuestras creencias. Percibimos la versión de la realidad que ella comunica. Paradigmas dominantes, conceptos predefinidos que existen como incuestionables, imposibles de desafiar, nos son transmitidos a través de la cultura. La cultura la hacen aquellos en el poder –hombres. Los varones hacen las reglas y las leyes; las mujeres las transmiten”

Gloria Alzandua, lesbiana feministas, chicana, activista, escritora

La violencia feminicida en Medellín y Antioquia es violencia de Estado

En la ciudad de todos por la vida, las mujeres sobrevivimos.

La violencia contra las mujeres en Antioquia y Medellín expresa la histórica violencia patriarcal que se da en una región colonizadora, mayoritariamente católica y de valores conservadores que están todos dirigidos a atacar la libertad de las mujeres. Esta violencia hoy además se ve agravada en dimensiones aberrantes por la continuada guerra y sus transformaciones sucedidas con la mentirosa desmovilización paramilitar y la ideología del posconflicto.

En lo rural se da una disputa armada por el control de bienes comunes naturales, como el agua y los minerales de alto valor en el mercado global, patrocinada por multinacionales y legitimada por decisiones gubernamentales.

En lo urbano la disputa por el territorio busca el control del tráfico de drogas, la extorsión y el gobierno sobre una comunidad delimitada para la explotación económica, sexual y del reclutamiento; y del lado del Estado por la “recuperación” de grandes extensiones de territorio para megaproyectos urbanos como el cinturón verde, estrategia justamente desarrollada alrededor de los asentamientos donde hoy es masivo el desplazamiento intraurbano de la población más empobrecida y afrodescendientes que está huyendo de las balas.

En este contexto estructural las mujeres son víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral, de violencia sexual, de esclavitud doméstica, de malos tratos y tortura, de persecución policial, de feminicidio, de reclutamiento forzado, de violencia económica, institucional, sicológica…, violencias todas aberrantes, violencias feminicidas. Violencias que mantienen el empobrecimiento histórico de las mujeres como clase y su marginalidad social y cultural.

Ante esta situación la respuesta de los agentes del Estado, funcionarios, policías y militares es minimizar las violencias contra las mujeres, atribuirlas a su vinculación filial o afectiva con miembros de los grupos armados, o a su condición de mujeres transgresoras que participan de estos grupos, y finalmente calificar como violencia intrafamiliar o crimen pasional lo que les pasa a las mujeres, llevando de nuevo esta violencia estructural al terreno de lo privado y por tanto natural al hecho de nacer mujeres; por estas consideraciones para los agentes del Estado las muertes están justificadas y son una cifra más en los homicidios.

De otro lado, los gobiernos departamental y de ciudad mantienen un discurso ambiguo de derechos humanos restringidos a la disponibilidad presupuestal, aplican políticas públicas que no cumplen los mínimos de pertinencia para la grave situación de miles de mujeres empobrecidas y racializadas, y que son insuficientes para la superación de la violencia y la pobreza en la vida cotidiana de las mujeres.

Mientras las mujeres niñas jóvenes adultas estén atrapadas cotidianamente en familias agresoras, en escuelas discriminadoras, en trabajos esclavos, informales y de explotación, en comunidades objeto de la guerra y el despojo, en trampas del amor y la sumisión.

Mientras la violencia feminicida sea silenciada y las acciones del Estado para su erradicación sean solo un espectáculo masivo, una respuesta policiaca, una campaña de sensibilización, una estrategia de seguridad y control.

Seguirán muriendo mujeres, seguirán violando mujeres, seguirán explotando mujeres, seguirán discriminando mujeres, seguirán descuartizando mujeres, seguirán desplazando mujeres y el Estado y sus agentes seguirán siendo responsables de esta violencia feminicida.

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