Chile. Un fracaso anunciado y previsible

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La propagación de la pandemia del SARS-CoV-2 hacia los barrios, comunas y localidades que concentran una gran densidad poblacional, particularmente en la provincia de Santiago, terminará de poner al descubierto las injusticias del sistema político y del modelo económico que rige en nuestro país. Lo cierto es que ya han quedado expuestas las inequidades, precariedades y limitaciones del sistema de salud que ha sido destruido durante los últimos 40 años, pero lo dramático es que esta exposición se traducirá en costos humanos enormes para la salud y la vida de las millones de personas que conforman las realidades sociales urbanas donde el virus ha llegado a instalarse.

Las cifras de contagios de la última semana y los lugares donde estas se concentran, son una constatación en cuanto a que el gobierno ha fallado rotundamente en el modo de gestión aplicado para enfrentar esta pandemia. La famosa «meseta» de Mañalich no existe, el aplanamiento de la curva de contagios es una fantasía tan grande como lo del mejor sistema de salud del planeta o el oasis de Piñera; no estamos en una meseta sino frente a una pendiente de aspecto feroz, cuya cima es imposible siquiera divisar. Los principales afectados por este fracaso gubernamental son, sin duda, los sectores populares y los más desvalidos de la población. Algunos, en el mezquino mundillo de la derecha gobernante, podrán sentirse satisfechos de que por fin el virus se ha instalado en los barrios del pueblo, pues ahora el pueblo tendrá que dedicarse a tratar de sobrevivir a la pandemia y al flagelo social que implica el abandono por parte del Estado.

Una política adecuada para enfrentar la pandemia no sólo exige ocuparse de las cuestiones sanitarias, médicas y técnicas, sino que exige al Estado hacerse cargo y ocuparse de las necesidades esenciales de la población. Sin embargo, incluso en las cuestiones de salud este gobierno se ha caracterizado por no resolverlas, no proveer insumos, equipamientos y materiales a los centros públicos de salud; no reclutar personal suficiente, ni otorgar las garantías laborales necesarias; no generar una política de prevención y resguardo, entre otras.

La necesidad y urgencia de tener una política adecuada se expresa, precisamente, en un período de cuarentena sanitaria. En esta condición de confinamiento social es donde el Estado debiese estar al servicio de los ciudadanos. Pero el gobierno ha hecho todo lo contrario. Preocupado solo de cuidar los intereses de los poderosos, ha dispuesto de los recursos del Estado para cubrir las exigencias del gran empresariado, ha fomentado el despido laboral, generado medidas de desprotección, incrementando las rebajas salariales y la precarización laboral, afectando con ello a millones de personas que quedan sin trabajo, sin resguardo legal y sin ayuda material. Junto con ello, no ha tenido ninguna actitud efectiva para limitar los cobros de los servicios básicos o simplemente asumir como Estado los costos de estos (agua, luz, gas, salud, transporte público, telefonía, internet), ni menos aun de asumir el otorgamiento de un sueldo básico de emergencia y de una canasta básica de artículos de consumo de primera necesidad. No existe la voluntad ideológica de adoptar una política estatal seria de auxilio material oportuno para la población; los recursos del Estado son ilimitados para apoyar a los poderosos, incluida la clase política que en su gran mayoría se resisten a disminuir sus cuantiosas dietas y están más ocupadas de ello que de legislar sobre medidas de apoyo efectivo hacia los ciudadanos comunes y corrientes. O bien, los recursos del Estado sí están disponibles para las Fuerzas Armadas y policiales, las que gastan millones de dólares en equipos y medios destinados a reprimir a la población, pero no están disponibles para los equipamientos y necesidades del Cuerpo de Bomberos que, por añadidura, es un servicio voluntario.

El pueblo, hasta ahora, se ha rascado con sus propias uñas y ha hecho lo posible para tratar de contener la propagación de la epidemia, pero no basta con eso. La magnitud y gravedad del problema no es posible resolverla con la sola autosuficiencia popular, no alcanza, no basta, porque la enfermedad COVID-19 no da espacios físicos ni tiempos calendario, es implacable y afecta de modo directo e inmediato la vida de las personas. Este asunto va más allá de la salud puesto que afecta el conjunto de los aspectos de la vida de los ciudadanos y para abordarlo de modo suficiente se requiere una labor constructiva del Estado de principio a fin. Prever el daño, prevenir la propagación de la enfermedad, auxiliar a los afectados, asumir los costos de la sobrevivencia humana, son cuestiones esenciales que competen al Estado, ese debiese ser su rol y la preocupación y ocupación de los gobiernos.

Sin embargo, ese objetivo no forma parte del interés de los ocupantes de La Moneda. Las medidas que ha ido adoptando durante toda esta pandemia han ido a destiempo, atrasadas, han sido insuficientes, han tenidos alcances reducidos, han sido confusas o han sido contradictorias, al punto que no cabe sino suponer una intencionalidad de no querer frenar la propagación del virus sino posibilitarla. Ejemplo de ello son la resistencia a suspender las actividades escolares y la insistencia en querer reiniciarlas prontamente, cuando todo indica que no es aconsejable ni posible hacerlo aún; lo mismo ocurre con las actividades del comercio en general y de los centros comerciales del retail en particular; con la insistencia en ordenar el reingreso a labores presenciales de los trabajadores públicos que cumplen funciones a distancia. Para qué decir de lo que ocurre en el mundo laboral privado donde impera la ley del poder y del abuso; en igual conducta sospechosa se inscriben las constantes negativas a establecer cuarentenas en comunas, ciudades y localidades que han reclamado insistentemente por medidas preventivas; etc. Es decir, ha habido una actitud gobernante que ha ido a contrapelo de lo que aconsejan tanto los especialistas en epidemias como las necesidades de la población.

Las obligadas cuarentenas masivas por causas sanitarias han dejado completamente al descubierto la cara miserable de este sistema. La crisis sanitaria y humanitaria provocada por la pandemia no ha hecho sino poner en primer orden las demandas sociales que la clase trabajadora ha venido manifestando en el último tiempo, particularmente desde el 18 de octubre en adelante. La precariedad de la estructura económica y social chilena no es un buen augurio frente a una pandemia como la infección COVID-19. La precariedad del sistema de salud nos pone ante una situación alarmante. El gobierno, consciente de este problema se pone el parche antes de la catástrofe se desencadene y para ello se aferra a viejos métodos de propaganda y manipulación mediática.

El reciente uso del concepto «viroterrorismo» por parte de las autoridades, en particular por las del ministerio de Salud, obedece a un afán  de desprestigiar cualquier asomo de críticas y cuestionamientos a la deplorable conducción que han tenido de la crisis sanitaria y humanitaria creada por la pandemia, pero que no es más que el reflejo de las deformaciones estructurales que cargamos como sociedad. Lejos de asumir sus responsabilidades, lejos de esbozar una autocrítica, lejos de corregir los errores y fallas groseras que vienen repitiéndose a diario, los gobernantes recurren, una vez más, a un manoseado recurso de poner la atención en cuestiones ajenas al asunto que ellos deben resolver.

No es que estemos en presencia de una nueva modalidad de manejo mediático sino de un nuevo y atractivo «concepto» que ya con el sólo uso de la palabra «terrorismo» cumple el propósito de atraer la atención y generar adhesión hacia quienes lo enfrentan. Se inscribe, por lo demás, en la misma lógica belicista que ha desarrollado Piñera, en particular desde el inicio del Estallido Social en adelante. Ahora, persistiendo en su lógica marcial, el gobierno habla de «la batalla de Santiago» y de «viroterrorismo», amén de desplegar fuerzas militares como si efectivamente fuesen a librar un combate o un enfrentamiento bélico, cuando se supone que debieran salir a cumplir una labor social.

El SARS-CoV-2 no se enfrenta ni se elimina con balas sino con una política de salud destinada y dedicada a ese objetivo y con un sistema de seguridad social destinado a proteger a la población. Ante el inminente hecho de que la propagación del virus pondrá en jaque el espejismo de Piñera (su inexistente oasis) y la fantasía de Mañalich (el mejor sistema de salud del planeta), el gobierno utiliza las viejas técnicas de culpar a los demás de sus propios errores e insuficiencia, de centrar la atención en asuntos inexistentes, cuidándose las espaldas frente a una eventual reacción popular ante tanto desamparo y tanto abuso. Desde ya, cualquier expresión de reclamo popular la calificarán de terrorista y en función de esta posibilidad es que despliegan con bombos y platillos sus fuerzas armadas en actitud bélica y a sus fuerzas policiales en la actitud represiva y provocadora de siempre.

Los gobernantes no aceptan críticas ni cuestionamientos, haciendo ejercicio de la forma patronal de mandonear, dirigen el país de la misma manera y ahora calificarán de «terroristas» a quienes les reprochen algo. Reiteran una y otra vez que sólo debe haber una voz (salvo que la voz disonante provenga desde la derecha, claro está), que la oposición debe apoyar y sumarse a sus decisiones, cuestión que por lo demás, no necesitan ni formularla con una oposición inexistente, que se ha negado a sí misma.

Forma parte de esta delirante estrategia el despliegue de una impresionante campaña publicitaria a favor de Piñera y su gobierno, forzando alzas en su popularidad vía encuestas «delivery». Además, el inusitado abuso de apariciones en los medios de prensa empresariales del propio Piñera y de cuanto politiquillo y politiquilla de derecha puede asomar sus narices (algunos hasta el límite del hartazgo) ante algún micrófono o ante alguna cámara, denota que una buena parte de los recursos del Estado a que puede echar mano el presidente producto de la dictación del Estado de Catástrofe, han sido destinados a estas campañas publicitarias de lavado de imagen, servicios de insuflar personajes y a financiar encuestas con el mismo fin. Es cierto que Piñera, cual émulo de Trump y Bolsonaro, es un enfermo de vanidad y egolatría, pero el sobre abuso de la publicidad en que ha incurrido en las últimas semanas raya en el delirio.

Todo esto solo viene a graficar que las prioridades y ocupaciones de los gobernantes caminan por vías muy distintas de las que realmente necesita la población para enfrentar y soportar los efectos de esta pandemia. El futuro inmediato se torna demasiado escabroso para nuestro pueblo, lo que obligará a redoblar las medidas de iniciativa propia.

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