Chile. Que se hunda el mundo, pero las empresas no se tocan

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Esta vez conviene ir directo al grano, o al hueso. Sin anestesias locales ni miriñaques literarios. El actual objetivo del gobierno piñerista, punta de lanza de las mega empresas y la Banca- tiene como único norte privilegiar al capital privado por sobre los intereses de la sociedad civil, arropar al lucro y disfrazar al totalitarismo con prendas de una desfalleciente ‘democracia protegida’. Para demostrarlo, sólo se requiere observar los datos y hechos acontecidos en los últimos meses.

Desde el ‘estallido social’ del 18 de octubre de 2019, incluyendo el ‘Acuerdo por la Paz’ firmado en noviembre de ese mismo año por la mayoría de las tiendas partidistas existentes en el país, Sebastián Piñera no ha dado satisfacción alguna a las demandas populares que provocaron, precisamente, estallido y acuerdo. En todas y cada una de las apariciones del mandatario ante la prensa, reforzó su ideario bolichero anunciando medidas que favorecían exclusivamente al mundo empresarial y financiero, acompañando, en algunas ocasiones, varias medidas de orden público tendientes a castigar más severamente a quienes manifestaban opinión crítica y salían a las calles a demostrarlo.

La propagación del virus Covid19 alcanzó finalmente las tierras chilenas y la población comenzó a sentir sus efectos. Fue un verdadero “salvagobierno” para la derecha. La Moneda comenzó a llegar tarde y vacilante con sus respuestas a las exigencias que toda crisis impetra. Piñera y sus asociados sabían que cualquiera medida en beneficio de la salud y tranquilidad de la población, atravesaría, sí o sí, por la necesidad de obligar a las empresas a detener sus ritmos productivos, parcial o totalmente, sin perjudicar, además, a sus trabajadores en cuanto a materias de remuneraciones. Y si París bien valía una misa, salvaguardar el modelo y proteger a las empresas bien valía tener cien mil infectados. Y así actuó el gobierno.

Estamos recibiendo un potente grito que exuda clasismo y soberbia: “maldito populacho… déjennos expoliar, depredar y lucrar tranquilos, tal como lo hemos hecho siempre… somos los jefes… somos los patrones”. Y la verdad es que sí lo son, pues suficiente argumento que lo corrobora es constatar que la casta política, con escasas excepciones, manifiesta obsecuencia y dependencia respecto de los capitales financieros, cuestión que ha sido demostrada inequívocamente.

¿A quiénes, en estricto rigor, protege y cobija el actual gobierno, aun a riesgo de que el país sea vapuleado letalmente en la batalla contra Covid-19? ¡A las empresas, y a sus amigos y asociados! Ello es indesmentible.

Que se hunda el mundo, pero a la empresa no se le toca ni con el pétalo de una rosa.

En los meses finales del 2019 varias mega empresas sintieron que un frío sudor recorría sus espinas dorsales.

Por ello, ante la desesperación que les provocaba la significativa caída en la apreciación de la ciudadanía, llevó a ciertos grupos de extrema derecha a abominar de la democracia institucional, proponiendo (o ‘avisando’) acciones violentas, bélicas, para “poner las cosas en orden” en las calles de las grandes ciudades, en las universidades y en la Araucanía. Todo, en defensa de las empresas, aunque bien sabemos que muchas de ellas –las principales, las más grandes- fueron privatizadas por la dictadura militar el año 1988, ‘regalándolas’ a determinados colaboradores de ese gobierno totalitario, mismos que hoy fungen de “grandes chilenos”. El siguiente listado de empresas que la dictadura entregó a manos privadas fue publicado por la revista “Punto Final” (edición 545).

“Sociedad Química Minera de Chile (Soquimich); Industria Azucarera Nacional (Iansa); Empresa Nacional de Explosivos (Enaex); Compañía de Aceros del Pacífico (Cap); Laboratorios Chile; empresas eléctricas Metropolitana, Quinta Región, Chilectra Generación, de Melipilla y de Coquimbo; Empresa Nacional de Electricidad (Endesa); Compañía de Teléfonos de Chile (CTC); Telex Chile. Además, Empresa Nacional de Comunicaciones (Ecom); empresas eléctricas de Tarapacá, del Norte, de Aysén, de Magallanes; hidroeléctricas de Pilmaiquén, Pullinque, Colbún-Machicura, Pehuenche; Línea Aérea Nacional (Lan Chile); Instituto de Seguros del Estado; Empresa Nacional del Carbón (Enacar); Carbonífera Schwager; Chile Films; Sociedad Chilena del Libro”

A lo anterior, debemos agregar otras empresas estatales entregadas también rápidamente a manos privadas a finales de 1988. Entre ellas: la Compañía de Teléfonos de Chile, Endesa, Chile Films, Sociedad Chilena del Libro, Edelnor, Inacap… y otras que no alcanzaron a ser pasadas a propiedad de los saurios pero sí fueron desmanteladas, como Ferrocarriles del Estado, Codelco, Banco del Estado, pero que, no obstante, el entonces saliente gobierno dictatorial metió mano para favorecer a grupos y personas del régimen, tanto en ellas como también en Enap, Correos, TVN y las que dependen del Ministerio de Defensa.

Agregue usted, amable lector, a poderosas empresas y consorcios que fueron nutridos y protegidos durante la administración de la ex Concertación, como Isapres, AFP’s, concesiones viales, madereras, etc., lo que arroja un número de poderosos actores interesados en que ningún gobierno ponga trabas ni dificultades a sus operaciones. Es a esos grupos a los cuales Sebastián Piñera se esmera en no rozarles siquiera con la brisa de su abanico.

Pero, ¡ojo y cuidado!, porque no sólo en la Derecha existe interés en mantener intocable e impoluto el “derecho a lucro”, pues también la Centroderecha o Nueva Mayoría –desde hace décadas- ha engordado con este asunto que hoy, de manera hipócrita y por mero interés electoral, dice rechazar. El siguiente cuadro –referido solamente a uno de los temas propios de la administración del estado: la Educación- demuestra cuán involucradas estuvieron (o siguen estando) ciertas personalidades ex concertacionistas con las ilegales ganancias económicas del aún más ilegal lucro, ya sea como propietarias de un establecimiento, socias del mismo, o miembros del Consejo respectivo.
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Jorge Schaulsohn (ex PPD), Universidad ARCIS
Mariana Aylwin (DC), Universidad ARCIS
Gutenberg Martínez (DC), Universidad Miguel de Cervantes
Jaime Ravinet (DC): Universidad Autónoma de Chile
Andrés Navarro (DC) Universidad San Sebastián
Andrés Navarro (DC) Universidad Andrés Bello: Dueños de la infraestructura
Grupo Norte Sur (Militantes DC) Universidad Central. Además tiene 9 colegios y 4 CFT’s
Mónica Eliana Jiménez (ex Ministra de Bachelet) Sostenedora de colegios y Rectora de la U de Temuco
Clemira Pacheco (PS) 18 colegios en la octava región, los traspaso a su familia
Jorge Arrate (ex PS), Universidad ARCIS
Sergio Bitar (PPD), Universidad Mayor
Sergio Molina (DC), Universidad del Mar
Genaro Arriagada (DC), Universidad de las Américas
Roberto Muñoz Barra (PPD), Universidad del Mar
Edmundo Hermosilla (DC), Universidad Miguel de Cervantes
Alberto Etchegaray (ex Ministro de Alwyn), Universidad Viña del Mar
Ernesto Livatic (DC), Universidad Central
Daniel Farcas (PPD), UNIACC
Walter Oliva (DC), Universidad Miguel de Cervantes
Julio Bustamante (DC), Universidad Andrés Bello
José Joaquín Brunner (PPD), Universidad Diego Portales
Agustín Squella (ex Ministro de Lagos), Universidad Diego Portales
Eduardo Aninat (DC), Universidad Finis Terrae
Pilar Armanet (PPD), Universidad de las Américas
Pilar Romaguera (PS), Universidad de las Américas
Francisco Cumplido (DC), Universidad Miguel de Cervantes

Para este gobierno, y para sus asociados en la expoliación, lo primero y principal es y seguirá siendo la salud de la empresa. ¿Y la salud de la población? También, pero después de la anterior.

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