Chile. Por el derecho a protección y seguridad social para todas y todos los trabajadores

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Miles de contagios cada día, más de mil personas fallecidas y las cifras irían en aumento. Los hospitales y centros de atención pública están desbordados. Trabajadoras y trabajadores de la salud y quienes trabajan atendiendo a personas vulneradas y con mayores factores de riesgo, realizan sus labores sin elementos de protección personal adecuados. Este es el escenario que enfrentamos con un gobierno que lo tenía todo pensado y se jactaba de estar preparado para las consecuencias de la pandemia. Y, ¿cómo no? Si de manera engreída y soberbia declaran tener el mejor sistema de salud del planeta.

En este mismo momento se hacen sentir con crueldad las primeras y brutales consecuencias para la clase trabajadora, resultado de la crisis económica que se venía gestando desde hace mucho tiempo y que la pandemia agudizó. Se calcula ya más de un millón de personas sin empleo, cientos de miles sin su fuente de trabajo por cuenta propia, micro emprendedores sin recursos.

Esta crisis sanitaria, económica, ambiental y social no nos afecta a todas y todos de la misma manera. Golpea con salvaje violencia a quienes justamente creamos la riqueza social, mientras ellas y ellos quienes desde sus privilegios y herencias viven de la explotación, siguen mayormente con protección de toda índole.

La imposibilidad de atención oportuna y digna se debe fundamentalmente al largo proceso de desmantelamiento de la salud pública que ha sido planificado y ejecutado desde los sucesivos gobiernos, para reforzar el carácter de negocio lucrativo que le han dado a la salud, como a la educación, la previsión, la vivienda, etc. Lo de ellos y ellas no va por el lado de la protección de la vida y la salud de las mayorías.

Los efectos de las crisis económicas se deben al modelo rentista, improductivo, parasitario y orientado a satisfacer las necesidades de consumo de materias primas de las potencias imperialistas. Un modelo de desprotección para la clase trabajadora y de desolidarización de la política previsional, donde de nuestro propio trabajo tenemos que ahorrar para seguro de cesantía y jubilación, abandonando el Estado la obligación de asegurar una verdadera seguridad social a cargo de los impuestos de la clase explotadora.

Es el empresariado y el Estado (este último dirigido desde hace décadas por serviles funcionarios del capitalismo), quienes están al origen de la actual situación, por acción y por omisión, por sus supuestos actos planificados y conscientes. Son ellos quienes deben pagar por la crisis que provocan.

Exigimos una protección y seguridad social para todos y todas las trabajadoras. Exigimos el aseguramiento de un ingreso familiar solidario acorde al costo de la vida y que no salga de nuestros ahorros de los fondos de cesantía. Exigimos el cese del cobro de cuentas de servicios básicos. Exigimos protección a la maternidad y los derechos de las y los niños. Exigimos el derecho al pan, el trabajo, la salud y el techo.

Debemos juntar nuestras fuerzas para que se transformen en un caudal que pueda barrer con el abuso y que fertilice el campo que construirá una nueva sociedad, libre de explotación, opresión y de clases sociales.

Por esto y mucho más, porque hay miles de razones para protestar y exigir.

QUE LA CRISIS LA PAGUEN LAS Y LOS RICOS

Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas AIT

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