Chile. Orietta Fuenzalida, candidata elecciones de empleados públicos: “El Estado castiga a sus trabajadores”

Por Felipe Menares Velásquez, Politika

En entrevista con POLITIKA, plantea duras críticas al Estado como empleador, a la actual y anterior conducción de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y también a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). En dos días, 12 y 13 de diciembre, se realizarán las elecciones de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), entidad […]

En entrevista con POLITIKA, plantea duras críticas al Estado como empleador, a la actual y anterior conducción de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y también a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En dos días, 12 y 13 de diciembre, se realizarán las elecciones de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), entidad que reúne a cerca de 80 mil trabajadores del Estado. Será un nuevo proceso electoral para los “Cabreados”, agrupación que ha participado en los comicios desde el año 2011.

Orietta Fuenzalida Reyes, actual 6º vicepresidenta de Previsión y Seguridad Social de la ANEF, aspira a presidir la agrupación encabezada hoy por Carlos Insunza. La abogada de 55 años, sin militancia política y funcionaria de la Dirección del Trabajo, conversa con POLITIKA y plantea duras críticas al Estado como empleador, a la actual y anterior conducción de la organización y también a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

¿De qué están “cabreados” en la ANEF?

Las demandas estructurales de los trabajadores del sector público, a quienes representa la ANEF, no tienen avance. Tenemos la constatación, a través de nuestra experiencia como dirigentas, de que el motivo por el cual no avanzan es porque los dirigentes que componen la mesa directiva de la ANEF, en su gran mayoría, son militantes de la Concertación/Nueva Mayoría, partidos que estuvieron en el gobierno por muchos años, e hicieron lo que sus partidos políticos estaban diciendo que se tenía que hacer.

Esta subordinación a los partidos políticos ha sido el gran escollo para que las demandas de los trabajadores públicos no avancen y que se queden permanentemente en el discurso. Eso tiene un costo no solo para los trabajadores del sector público, sino que también para el pueblo, porque finalmente, el Estado que tenemos, neoliberal y al servicio del gran capital, es el que nosotros queremos transformar.

¿Cuáles son esas demandas estructurales?

La principal demanda de los trabajadores públicos es la estabilidad laboral. Cada servicio da sus propias peleas, pero en términos generales, como ANEF no hemos avanzado en un nuevo modelo de empleo para los trabajadores públicos, en que exista estabilidad y derechos laborales.

En la ANEF estamos concentrados trabajadores de planta y a contrata, con exclusión de los trabajadores a honorarios. Eso también ha sido una gran carencia, porque el empleo más precarizado en Chile no es defendido por la ANEF y han surgido los sindicatos de los honorarios para enfrentar esta vulnerable situación que tienen, al no ser reconocidos como trabajadores.

Hay otras demandas estructurales, como la previsión. Los trabajadores públicos tienen trayectorias laborales completas. En muchos servicios se mantienen los trabajadores por años, van haciendo carrera y, sin embargo, al término de su vida laboral, se encuentran con que tienen una miserable jubilación, para las mujeres es peor todavía. Entonces, siendo esta la confederación más grande de Chile, no ha liderado una lucha fundamental para los empleados públicos, gozar de una verdadera pensión que les dé dignidad una vez que se retiren. Hemos conseguido bonos, pero son paliativos.

¿Qué proponen sobre la relación con los trabajadores a honorarios del Estado?

Planteamos que los trabajadores a honorarios deben ser reconocidos por la ANEF. No se trata de un reconocimiento formal y paternalista, en que nosotros los representemos a ellos. Los honorarios con su organización sindical tienen que ser respetados por la ANEF como un actor válido y tienen que estar sentados en la Mesa del Sector Público, negociando junto a todos los trabajadores el petitorio, cosa de la cual se les ha privado.

Cuando estaba Raúl de la Puente de presidente, fueron a pedirle a la ANEF que hiciera una gestión para que ellos pudieran estar sentados en la MSP y pudieran estar negociando sus propias condiciones para traspasarse a la contrata. De la Puente y los dirigentes que estaban en esa reunión dijeron que no a los trabajadores a honorarios, porque no habían procedimientos ni protocolos que hicieran posible que ellos estuvieran ahí. Le cerraron la puerta a cualquier incidencia que pudieran tener directamente los trabajadores hablando con el Gobierno sus condiciones laborales.

¿Qué expresiones de inequidad de género hay en el sector público?

La mayoría de las mujeres trabajadoras del sector público estamos a contrata y a honorarios, y hay brechas que tienen que ver con las remuneraciones y eso es algo que hay que abordar a través de políticas que hagan posible que las mujeres tengan igual remuneración que los hombres, cuando están en las mismas condiciones. Me parece que hay un avance en ese sentido, pero falta muchísimo.

Pero también hay otras inequidades. La mayor cantidad de denuncias de acoso laboral que existen en el Estado, cuando decimos que el Estado maltrata, lo hace mayoritariamente a mujeres. En ese sentido, las mujeres tenemos que dar una lucha organizada para hacer visible el maltrato que existe en el Estado, porque no basta con los protocolos y las instrucciones. Nos hemos dado cuenta de la ineficacia que tienen estos instrumentos y es necesario que la ANEF le dé una mayor importancia a este tema. Hemos constatado que en muchas organizaciones hay redes de protección que defienden a acosadores y muchas veces son los propios dirigentes/as que encubren a los acosadores.

¿Cómo evalúa el papel del Estado como empleador?

Soy dirigenta de la Dirección del Trabajo y uno tiene ese parámetro de que hay una legislación laboral que, de alguna manera, protege a los trabajadores del sector privado, a pesar de todas las deficiencias que esto tiene. En el sector público no hay un organismo fiscalizador de los incumplimientos laborales hacia los trabajadores. Realmente, hay impunidad respecto de conductas contra la dignidad de los trabajadores.

En estos momentos, en el Ministerio de Transportes y en el Ministerio de Educación, se ha despedido a siete dirigentes de los sindicatos a honorarios y los criterios por los cuales están despidiendo a estas personas es por mala calificación. Entonces, ahí uno ve la falta de criterio y de aplicación del respeto a la actividad sindical, y la discriminación, porque los dirigentes que estamos en las asociaciones de funcionarios, tenemos una ley que excluye a los dirigentes de la calificación. Solo si el dirigente lo expresa, se le califica, porque si vamos a desarrollar nuestro trabajo sindical con autonomía, y tenemos que responsabilizar a alguna jefatura por maltrato o incumplimiento laborales, obviamente estamos expuestos a que esa jefatura nos califique mal y eso nos cueste el empleo.

Este es un Estado que castiga a sus trabajadores, que no tiene una buena conducta como empleador. Si fuera fiscalizado, estaría con muchísimas faltas.

¿Es correcto si uno dice que el Estado se ha convertido en el “botín de guerra” para los gobiernos de turno?

Por supuesto, y por eso es necesaria la estabilidad para cumplir la función pública a cabalidad, sin estar sujeto a que venga un gobierno y coloque a la gente de su bando y vuelva a despedir a los otros y así sucesivamente.

En todos estos años, los trabajadores se han perfeccionado, han tenido acceso a la educación superior. Es un Estado en que hay muchísima especialización, entonces, trabajadores que están 10 años cumpliendo una labor pública, son despedidos para colocar a otros en su lugar que sean de confianza. Eso no corresponde.

La gran mayoría de los trabajadores públicos cumple una labor hacia los demás, hacia la ciudadanía, en que el ser de una u otra ideología no importa, lo importante es servir bien a la comunidad.

Como “Cabreados” han tenido una activa participación junto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP. ¿Cómo evalúa el despliegue de la actual conducción de la ANEF con respecto a la demanda por un cambio al sistema previsional?

Yo diría que las opciones políticas referidas a la conducción de la ANEF, han hecho que primen lo que mandan sus partidos. Como han sido gobierno, no estaba en la agenda del gobierno de la Nueva Mayoría el instalar un sistema de reparto y terminar con las AFP. La repercusión que eso tiene en la ANEF es que todas las luchas de No+AFP han sido frenadas por los directorios que ha tenido la ANEF y este directorio en particular, por supuesto.

En el plebiscito que se llevó a cabo en el año 2017, nosotros luchamos porque la ANEF pudiera hacerse parte de esta demanda y lo promoviera. Conseguimos que la asamblea nacional, que reúne como a 500 dirigentes de todo el país, pusiera eso como su principal foco, sin embargo, en la aplicación no se efectuó.

Es tanto así, que el aporte que tenía que hacer la ANEF, que era de apenas un millón de pesos para incrementar el sistema de votación y todo lo que ello implicaba, nunca se hizo a la Coordinadora. Además, se negó a difundir y promover que se hicieran mesas en los servicios para hacer de este plebiscito un hito movilizador. Solo se mandó un correo diciendo a los funcionarios que votaran en línea.

No se puso ni un cartel en el frontis. En nuestra asamblea de junio de 2017, no discutimos nada respecto del aborto en tres causales, sin embargo, la ANEF se la jugó con todo. Podríamos haber definido, especialmente las mujeres funcionarias, que era el aborto libre el que preferíamos, pero la línea del partido del presidente Carlos Insunza bajó así. Había que colocar una tremenda gigantografía afuera de la ANEF, había que ir al Tribunal Constitucional, etcétera. Se gastaron más recursos humanos y financieros en aborto en 3 causales que en la lucha de No+AFP.

¿Ve posibilidades de articulación en la ANEF con otras multisindicales, además de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)?

Como “Cabreados” nos articulamos con todos los que luchan por la defensa de los derechos de los trabajadores y de los pueblos. Tenemos que vincularnos con todos los que estén en esta disposición, más allá de las barreras que nuestra institucionalidad nos está predefiniendo.

Nosotros participamos en la demanda por fraude en contra de la elección del año 2016. La CUT se allanó a la demanda, admitiendo los vicios que tenía esa elección. El fallo, entonces, nos fue favorable y, enseguida, se hizo otra elección, que también fue fraudulenta, y ese proceso está casi por terminar y habrá una sentencia y lo más probable es que sea también de fraude.

A la actual conducción de la CUT no le reconocemos legitimidad, ni siquiera legalidad. Pensamos que es fraudulenta y no nos sentimos representados por esa directiva. Además del fraude, han traicionado los intereses de los trabajadores. La reforma laboral fue patronal e impulsada por la CUT y también por la ANEF, que se sumó a este carnaval que había para que se aprobara, porque era la reforma del Gobierno.

 

 

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