Chile. La lucha continúa (la burla de la asamblea constituyente)

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Introducción

El estallido social en Chile tiene sus causas en el modelo neoliberal capitalista impuesto por la dictadura de Pinochet. Su implantación le costó a nuestro pueblo miles de fusilados, asesinados, desaparecidos, detenidos y torturados. Fueron 17 años de terror.

El fin de la dictadura fue una necesidad obligada del mismo desarrollo del modelo y por la lucha creciente del pueblo por su libertad y por la democracia. La debilidad y la traición de los partidos considerados populares, permitieron el pacto para mantener el modelo económico y la Constitución erigida sobre éste. Pactaron por una democracia tutelada y en total consonancia con los intereses de los grandes consorcios transnacionales e imperialistas.

En los 30 años de “democracia” el modelo ha funcionado sin mayores sobresaltos, logrando exprimir y empobrecer paulatinamente a nuestro pueblo. En 2019, luego de un largo período de crisis mundial del sistema capitalista, que comenzó en 2008, se agudizó el malestar del conjunto del pueblo. Poco a poco fueron incrementándose las protestas involucrando a todos los ámbitos de la sociedad, lo que desembocó en el gran estallido social.

Todos los partidos que asumieron el pacto entre Pinochet y la Concertación, digitado desde Estados Unidos, y los que se incorporaron con posterioridad, aceptando la lucha política exclusivamente dentro de los marcos de la constitución de la dictadura, fueron corrompidos por las grandes empresas capitalistas. Conformaron una casta social particular exclusiva para administrar el modelo y los intereses de la clase dominante. Es la que denominamos la “clase política”. En el modelo neoliberal todo se transa en el mercado, incluido los valores, los principios y la moral. Todo tiene su precio.

Esta situación es la que empujó a nuestro pueblo a divorciarse del sistema establecido, del Estado en su totalidad y de la “clase política” como sus representantes.

La desesperación de la clase dominante junto a la “clase política” condujo a un acuerdo entre el gobierno y la oposición parlamentaria para sofocar el estallido. Para ello recurrieron al mismo truco del pacto con Pinochet, con el objetivo de engañar una vez más al pueblo.

EL ACUERDO DE LA “CLASE POLÍTICA” PARA CONVOCAR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Cada punto del acuerdo al que llegaron el gobierno y los partidos de oposición, tiene un propósito claro:   permitir ciertas reformas cosméticas para maquillar y mantener la esencia de la Constitución pinochetista.

Es la institucionalidad vigente la que no permite una solución real a los problemas de nuestro pueblo. Por ello, no es viable convocar mediante los mecanismos establecidos en un sistema jurídico en crisis, una Asamblea Constituyente que tiene justamente la misión de cambiarla.

No se puede dejar en manos de quienes han lucrado bajo esta Constitución su redacción. Por ello, el pueblo se opone a que la Convención Constitucional sea integrada por miembros de una clase política corrupta. Sería como poner al zorro a cuidar el gallinero.

Es necesario tener en cuenta que la clase política en las últimas elecciones no llegó a la mitad de los votos, por lo que es muy difícil que hoy logren un 20 % de apoyo. El pueblo rechaza tanto al gobierno como a los partidos de oposición enquistados en el parlamento.

La elección de los miembros con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados es otro engaño para que solo sean elegidos los de la “clase política”.

El voto obligatorio basado en los parámetros establecidos por la clase política solo conduce a dejar todo igual como ha estado hasta ahora. Bajo estas premisas, donde la clase política tiene garantizada su victoria electoral, el voto obligatorio solo busca legitimar una opción que no es del pueblo.

La Constitución es el ordenamiento jurídico del sistema político, económico y social imperante. La lucha de nuestro pueblo es contra ese sistema en su totalidad, por lo que crear una instancia que sólo redacte la carta magna, sin constituirse en un poder real, significaría el fracaso del proceso de lucha para realizar cambios verdaderos.  Las FF.AA. y los órganos represivos del Estado son los mismos que ejecutaron el golpe de Estado a Salvador Allende. Deben ser desmantelados íntegramente para construir unas nuevas FFAA formadas en una doctrina militar y de seguridad nacional, que vele por los intereses del pueblo, no por la clase social minoritaria que hasta ahora ha gobernado. El accionar de ellos contra las marchas y movilizaciones es un reflejo que su doctrina es la misma de la época de la dictadura: su enemigo es el pueblo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior la Asamblea Constituyente debe elegirse a través de un sistema electoral participativo. La democracia representativa en los hechos dejó de serla. Su caducidad como orden social es producto del mismo desarrollo de la sociedad en todos sus planos. El estallido social es el mejor ejemplo de la incapacidad de la democracia representativa como ordenamiento social justo. La asambleas populares autoconvocadas y los cabildos no solo deben ser órganos consultivos sino la base de la elección de la Asamblea Popular Constituyente (APC) y de la futura democracia chilena. Deben legitimarse y formalizarse como instancias permanentes de nuestra sociedad. Todas las instituciones del Estado deben subordinarse al mandato de la APC, como el órgano realmente democrático y legítimo. En especial las FFAA y las instituciones policiales. Tanto el ejecutivo como el parlamento en el momento de su constitución deben cesar sus funciones. Será un poder de transición que una vez redactada la nueva Constitución y refrendada mediante un plebiscito dejará el poder a las nuevas autoridades elegidas mediante lo establecido en el nuevo ordenamiento jurídico. Únicamente cumpliendo la APC el rol de gobierno provisional y de transición se puede garantizar que el proceso realmente sea constituyente y de todo el pueblo.

La Comisión Técnica de la clase política tendrá como misión mejorar el mecanismo que los perpetúe en el poder.

Un acuerdo cocinado de antemano por la clase política que el Congreso Nacional solo formalizará. Es un acuerdo que no considera la participación y la voluntad del pueblo.

El pueblo se da cuenta de este engaño. Es el deja vu de la época del pacto entre Pinochet y la clase política.

Algunas consideraciones políticas del estallido social

Para poder establecer un camino claro por donde debe transitar la lucha de nuestro pueblo por una sociedad mejor, es necesario tener una caracterización lo más acertada posible de la principal o principales contradicciones en que se desenvuelve el conflicto.  Con anterioridad, ya hemos señalado que la contradicción principal que atraviesa nuestra sociedad es entre el gran capital frente al mediano y pequeño capital. Las políticas neoliberales aplicadas mundialmente por las instituciones dominadas por el imperialismo determinan el modo y qué produce y qué actividad económica desarrollan los países tercermundistas. Chile está destinado a ser una economía extractivista y exportadora de materias primas. Esta labor la desarrollan las empresas transnacionales y las grandes corporaciones nacionales. En ellas, participa no más del 20 % de la fuerza laboral. Su producción va al mercado mundial y representa más del 90% del PIB. El otro 80% de la fuerza laboral está dedicada al mercado interno y comprende las denominadas MIPYME (micro, pequeña y mediana empresa), servicios y empleados públicos. Su aporte al PIB no pasa de un 13 %.

Con el modelo neoliberal y las imposiciones del FMI, BM, OMC, OCDE, los tratados comerciales de libre comercio, etc., han llevado a la economía del país a generar esta gran “clase media” que abarca casi el 80 % de la población. No obstante, su masividad, su incidencia en la economía es mínima. Su heterogeneidad hace que sus intereses y demandas prácticamente sean irrealizables en su mayoría o pasan a un plano secundario dentro las prioridades de los gobiernos y parlamento. Para el país y el conjunto de nuestro pueblo esto no es el principal problema, sino al estado de subdesarrollo a que nos conduce las políticas del imperialismo haciendo improductiva a casi la totalidad de la fuerza laboral. Es la única forma para que los ricos sigan enriqueciéndose hasta en situaciones de estallidos sociales o crisis económicas del sistema. Para subsistir al capitalismo le es suficiente el 20 % de la fuerza laboral, sin embargo, ello conlleva a la sobreproducción de mercancías, sinónimo de estancamiento y recesión.

Desde que comenzó la crisis del capitalismo en el 2008 esta “pequeña burguesía” fue de a poco disminuyendo su poder adquisitivo y aumentando sus deudas llegando a límites imposibles de subsistir dignamente. Históricamente siempre una parte de la pequeña burguesía tenía posibilidades para avanzar y ocupar lugares en las filas de la gran burguesía. En las condiciones actuales del desarrollo del capitalismo, esto ya nos es posible. Por el contrario, la gran burguesía cada vez es menor cuantitativamente y más poderosa en riquezas materiales.

De tal modo, cuando en el pasado normalmente se consideraba la contradicción entre la pequeña burguesía y la gran burguesía como secundaria y no antagónica, hoy, éstas son de características antagónicas (irreconciliables) y ocupan el lugar principal del conflicto en nuestra sociedad. La gran mayoría de las demandas sociales como educación gratuita y de calidad, pensiones dignas, sistema de salud digno, asequible y de calidad, preservación y mejoramiento del medio ambiente, salarios dignos, fin a todo tipo de discriminación, y una lista interminable de exigencias justas, que ha sido imposible realizar en los 30 años de democracia, han hecho colmar la paciencia a nuestro pueblo. El pueblo se ha dado cuenta que para solucionar los problemas no se trata de poner tales o cuales políticos al frente del gobierno sino del sistema en sí que es necesario cambiar.

La gran desventaja circunstancial de nuestro pueblo es su incapacidad política de negociar. La cooptación por el sistema de los que en algún momento fueron sus partidos políticos lo ha dejado acéfalo para la conducción y negociación política. Roles que, en cierta medida, han asumido las organizaciones sociales que, por razones “naturales”, están limitadas a demandas reivindicativas o en última instancia transformar a estas en políticas, lo que no les permite ver más allá del sistema mismo. Ejemplo de ello es la Unidad Social cuyos dirigentes en la mayoría de los casos, son además miembros de partidos políticos pertenecientes a la corrompida “clase política”.

En las circunstancias actuales, el estallido social es la orden de arranque para un nivel superior de lucha. Es el inicio de la lucha por cambios de fondo. La lucha reivindicativa irá dejando el espacio a la lucha política donde la tarea urgente es la construcción de la organización política revolucionaria que asuma el rol conductor, organizador y negociador si es necesario.

Ya no puede la pequeña burguesía tener un futuro promisorio bajo el capitalismo. Es innegable que su porvenir de esplendor se encuentra en el socialismo. Solo la unidad con la clase obrera los llevará al triunfo. Solo con cambios revolucionarios harán de Chile un país digno como se merece.

Chile no necesita reformas, necesita una revolución

26 de noviembre 2019

Portal Rodriguista

Colectivo La Vereda (veredapopular@gmail.com)

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