Chile. La discriminación y el abuso que legitimará el Control Preventivo de Identidad

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Norma aprobada por el Congreso, deja a criterio de las policías decidir a quién exigirle identificación, aun cuando no exista indicio alguno de un delito. “El patio de una universidad va a ser un foco principal de la acción policial”, advierte parlamentario opositor a la medida. “En Chile se es delincuente por cara”, añaden desde el Observatorio Penitenciario.

La noche del 12 de mayo, al interior de la Tercera Comisaría de Antofagasta, dos mujeres fueron detenidas y maltratadas verbal y físicamente por carabineros. Se trata de Fernanda Torres y Karen Lagües. Junto con insultarlas, los funcionarios las golpearon, les dieron patadas. Las afectadas no pudieron identificarlos por sus nombres ni rangos, ya que los policías ocultaron sus identidades. Ellas, en cambio, exhibían sus credenciales y andaban vestidas con las tenidas del lugar en el que trabajan, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Torres, de hecho, es su Jefa Regional.

Paradójicamente, las funcionarias estaban aquel día en ese recinto cumpliendo la labor que les correspondía: Velar por los derechos de los detenidos, tras la marcha convocada en apoyo a las movilizaciones de Chiloé. “Nos hemos negado a que avance en la legislación el Control Preventivo de Identidad porque estamos conscientes –y ahora lo hemos sufrido en carne propia– de las arbitrariedades que se producen en este contexto. Hacemos el llamado a que, por favor, se deseche, porque viola los Derechos Humanos”, decía Lorena Fries, directora del INDH, al presentar, el 17 de mayo, una querella criminal por lo ocurrido.

Un día después, el Congreso despachaba el Proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación –más conocido como Agenda Corta Antidelincuencia– y, junto con ello, elControl Preventivo de Identidad.

Una herramienta “innecesaria”

“Tenemos la convicción de que va a ser un instrumento que va a restringir libertades de los ciudadanos y, potencialmente, dañar y constituir abusos por parte de las policías, toda vez que le entrega a cada funcionario policial que decida de acuerdo a sus propios criterios –y, a veces, hasta su sola opinión– en qué momento seleccionar y mantener a una persona retenida en la calle, hasta por una hora”, señala el diputado Leonardo Soto (PS).

El parlamentario, que encabeza a un grupo de socialistas que recurrirán al Tribunal Constitucional para que el mencionado Control no se implemente, agrega: “Es una herramienta innecesaria, toda vez que ya existe un Control de Identidad autorizado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, y esa facultad se utiliza ampliamente”.

En la actualidad, las policías chilenas (Carabineros y PDI) pueden realizar lo que se conoce como Control de Identidad, pero en casos muy puntuales: si una persona es sorprendida cometiendo un delito in fraganti, o se tienen sospechas fundadas de que se aprestaba a cometerlo; si ha participado de este, o se encuentra vinculado a ese hecho; a los sentenciados a penas de presidio, reclusión o prisión que hayan quebrantado su condena; y a los detenidos o presos que se hayan fugado.

Dicha identificación debe realizarse en el lugar donde se encuentra la persona, mediante su cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte y, en caso de que se niegue, puede ser conducido a una unidad policial para concretar la identificación. “Al año, más de dos millones de personas son controladas mediante este instrumento. Entonces, nadie puede, sensatamente, sostener que se necesitan más controles policiales en este país”, señala Soto.

¿Cuál sería la diferencia con el nuevo Control Preventivo de Identidad? Que este se podrá realizar a cualquier persona, sin que medien los requisitos antes mencionados. Es decir, sin que esté cometiendo un delito, se sospeche que lo hará, o se encuentre vinculado a él.

“El patio de una universidad va a ser un foco principal de la acción policial”

De ahí que el Control Preventivo de Identidad sea considerado, por sus críticos, como una medida involutiva que afectará los derechos de los ciudadanos y se hable, hoy, de una “detención sin sospecha”, en alusión a la tristemente célebre “detención por sospecha”.

Derogada en 1998, esta última sostenía, por una parte, que la policía podía detener a aquel que anduviera “con disfraz”, o con algo que dificultara su verdadera identidad y rehusara darla a conocer. Y, por otra, en caso de que la persona se encontrara “a deshora”, o en lugares o circunstancias que significaran atribuirle “malos designios” y si las explicaciones de su conducta “no desvanecieren las sospechas”.

En conclusión, si bien el Control Preventivo de Identidad excluirá a los menores de 18 años, se realizará en el mismo lugar donde se encuentre la persona –salvo que esta se niegue a identificarse– y no podrá extenderse por más de una hora. Dicho procedimiento se podrá realizar no existiendo sospecha alguna de que se haya cometido un delito o vaya, eventualmente, a llevar a cabo.

“¡Mira lo que autoriza este instrumento!”, señala, enfático, el diputado Leonardo Soto. “Autoriza a que un policía ingrese a un autobús, o a un vagón del Metro y seleccione a algunas personas, las baje y las controle en el exterior y los mantenga inmovilizados y retenidos hasta por una hora en el lugar, sin expresión de motivo, causa o justificación”, explica. Y es que, como sostiene el artículo 12 de la Agenda Corta Antidelincuencia, los funcionarios policiales podrán verificar la identidad de cualquier persona “en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público”. “El patio de una universidad va a ser un foco principal de la acción policial”, advierte el parlamentario.

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 Como una forma de impedir los abusos que podría cometer la policía en estos procedimientos, en el mismo artículo se establece que los funcionarios “deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria”. Una obligación que, al menos hasta ahora, es teoría. Ha sido profusamente documentado en imágenes y denuncias que los integrantes de Carabineros acostumbran a quitar estas identificaciones de sus solapas en contextos de represión. Sin ir más lejos, es lo que acusaron las funcionarias del INDH. “Si lo hacen con la directora regional delInstituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene la facultad legal de observar y revisar los procedimientos policiales, ¿tú crees, realmente, que se van a identificar antes de hacer algo, como dice la Ley?”, se cuestiona Soto.

“Acá se es delincuente por cara”

Lejos, el argumento más sostenido entre quienes se oponen al Control Preventivo de Identidad es su calidad discrecional y la puerta que abriría a actos de discriminación por parte de las policías, considerando que quedará a su criterio la selección de quienes serán sometidos a la fiscalización. Soto argumenta que la evidencia internacional, en esta materia, señala que las policías operan en base a estereotipos, a ideas preconcebidas, “en donde el joven es más ‘peligroso’ que el adulto mayor, la persona de color más ‘peligrosa’ que la de tez blanca y en donde los que tienen apariencia inusual también son sospechosos”.

César Pizarro, fundador de la ONG 81 Razones –que agrupa a familiares de los internos muertos en el incendio de la Cárcel de San Miguel, en 2010– y del Observatorio Social Penitenciario, concuerda con esta tesis. “Las detenciones, los controles a la gente en la calle siempre son por ‘caracho’; acá, se es delincuente por cara, y yo creo que va a ir siempre enfocado al barra brava, al que está vestido de negro, al libertario, a la gente con vestimenta diferente a lo ‘normal’ socialmente”, asegura. El abogado Rodrigo Román, por su parte, añade que el Control Preventivo de Identidad “es una disposición que se enmarca dentro del contexto de criminalización de la pobreza, puesto que las policías se van a valer de esta herramienta para perturbar, fundamentalmente, al pueblo pobre”.

Hoy, de hecho, es sabido que en las plazas, parques y calles –sobre todo de los sectores marginados de la sociedad– es ‘normal’ la exigencia del carnet de identidad, por parte de las policías, aun cuando no existan indicios de la comisión de algún delito.

Delito y desigualdad

Entre 2009 y 2015, durante casi seis años, Tamara Canales trabajó como educadora social en un proyecto de la Municipalidad de Estación Central y del Ministerio del Interior, en el que se vinculó con jóvenes vulnerados en sus derechos, algunos de ellos infractores de ley. Cree que el Control Preventivo será aplicado casi exclusivamente a personas en riesgo social.“Lamentablemente, de ellos se presume la comisión del delito sólo por su apariencia física, o lenguaje. Dudo que un oficinista con corbata sea expuesto a esta vulneración, pero sí un joven con zapatillas, cabeza calva y buzo de algún club de fútbol, como los que hoy son perseguidos en tiendas y supermercados como medida de ‘prevención’, señala. El problema de la delincuencia, dice, tiene que ver con otras cosas distintas a la represión. “Se trata de desigualdad y falta de oportunidades”, apunta.

La desigualdad puede medirse en distinta dimensiones, siendo la relativa a los ingresos y la educacional dos de las principales. En noviembre 2015, se dio a conocer el Estudio Económico de la OCDE Chile 2015, donde nuestro país lideró el ranking de los países más desiguales. La foto es la siguiente: el 10% más rico gana 26 veces más que el 10% más pobre.

“En este modelo neoliberal, donde no existe una educación gratuita y de calidad que les permita a las personas acceder a oportunidades de desarrollo, este sistema deja muchos marginados en la vereda y en el ámbito de los marginados cunde la posibilidad de tener caminos alternativos, como los delictuales, para poder resolver las demandas a las que el propio sistema los empuja”, señala Soto.

Una herramienta “inútil”

El proyecto de ley de Agenda Corta Antidelincuencia fue enviado al Congreso en enero de 2015, por la presidenta Michelle Bachelet. Originalmente, la iniciativa no contemplaba el Control Preventivo de Identidad. Este fue incluido el 30 de junio de ese mismo año, por la mandataria, en una indicación que si bien no es exactamente la misma de hoy, facultaba igualmente a las policías para realizar dicha fiscalización.

«El aumento de la actividad criminal y de la sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía, medido a través de encuestas de victimización y tasas de denuncia, hacen necesario combatir los delitos de mayor connotación social”, señala la presentación del mensaje. La intención, han argumentado sus defensores en el Congreso, es poder encarcelar a alrededor de 66 mil personas que hoy se encontrarían con órdenes de detención pendiente. La pregunta es: ¿Contribuirá, efectivamente, el Control Preventivo de Identidad a “la lucha contra la delincuencia”?

El diputado Soto indica que, además de “innecesaria”, esta herramienta resultaría “inútil”. “Como va a ser dirigido a personas que no necesariamente tienen conductas delictivas, que nada hacen y que circulan y caminan libremente por las calles, no va a conseguirse que existan personas detenidas. Es solamente un control social”, explica. Pero, va más allá y advierte que “según lo que dicen los expertos, es posible que aumente la delincuencia con este instrumento, porque va a distraer a uniformados de la policía de Carabineros, a recursos vehiculares y tecnología que hoy se utilizan para el control de grupos criminales”.

“Quieren dar solución a la delincuencia aplicando algunas leyes, pero hoy sólo se invierte en reinserción entre el 2% y el 5% de todo el ingreso que tiene Gendarmería”, cuestiona César Pizarro, del Observatorio Penitenciario. “Es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, si vamos a meter 15, 20 mil presos más, de aquí en 10 o 15 años vamos a tener a toda esa gente nuevamente saliendo en libertad, enajenada por un sistema penal denigrante. Es una muy mala solución, aplicada como farándula, no analizada humanamente”, añade.

Tratando de explicarse las razones que hay detrás de la férrea defensa del Control Preventivo de Identidad por parte de la Derecha y un sector importante de la Nueva Mayoría, Soto trae a colación un interesante concepto. “No es sólo de Chile. En muchos otros países, cuando aumentan los niveles de inseguridad surge lo que se llama ‘populismo penal’, que establece recetas simplonas –como aumentar las penas, o entregar facultades de control social a las policías– para ilusionar a la galería, que clama por medidas fáciles y para que les den tranquilidad inmediata”.

El fraude de Farcas y Nogueira

Entre los años 2002 y 2010, el diputado PPD Daniel Farcas fue vicerrector académico, pro-rector y rector de la UNIACC. Fue durante ese período que esa casa de estudios recibió $15.000 millones de las Becas Valech. Se crearon “cursos que no servían para completar los estudios escolares que muchos de los ex prisioneros habían dejado incompletos, y tampoco permitían acceder a un título universitario. Cursos que, de hecho, nadie pagaría con su propio dinero porque no van a ninguna parte. Un fraude”, señala una investigación de CIPER. La UNIACC recibió, por lejos, la mayor cantidad de dineros de estas becas, agrega el artículo, “gracias a que, en forma irregular y con anticipación, ese plantel obtuvo la nómina de los beneficiados por la Ley Valech y pudo así desplegar una agresiva campaña para capturarlos, con planes de estudios que resultaron ser caros y un engaño”.

Pero, no sólo se ha sindicado al parlamentario como protagonista del fraude de la Becas Valech. “En 2006, siendo Farcas directivo de la UNIACC, hizo campaña para que Luis Eugenio Díaz fuera elegido vicepresidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y, luego, lo contrató para asegurar la acreditación de su universidad y los millones del CAE”, sostiene el mencionado reportaje de CIPER.

Alguien que transita por trigos similares a los de Farcas es Claudia Nogueira. El viernes 15 de octubre de 2010, la diputada UDI devolvió alrededor de $30.290.000 y canceló otros cinco a Un Techo Para Chile. Con ello consiguió que el Tribunal de Garantía de Valparaíso suspendiera condicionalmente el procedimiento en el cual era investigada por fraude al Fisco, luego de ser formalizada por uso irregular de asignaciones parlamentarias.

¿Qué es lo importante, de todo esto? Que Farcas y Nogueira son los diputados que más defendieron y promovieron el Control Preventivo de Identidad, aprobado recientemente. Ambos son integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. El PPD, de hecho, es su presidente.

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