Chile. La confesión del ministro de Hacienda: no habrá ni buenas pensiones ni mejores salarios

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Un proceso de consulta centrado en la efectividad del actual modelo económico y las posibilidades de realizar cambios profundos en la materia, en respuesta las demandas sociales expresadas especialmente desde el 18 de octubre, desarrolló esta tarde el diputado Jaime Mulet (FRVS) al ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

En esta tercera interpelación a ministros de Sebastián Piñera en lo que va de la semana (interpelaciones a María José Zaldívar, de Trabajo, y Jaime Mañalich, de Salud)  el legislador consultó a nombre de la Corporación respecto de la posibilidad de hacer cambios concretos y de relevancia en temas como las AFP y el modelo de pensiones y en materia de salario mínimo.

Sobre el punto, el secretario de Estado reconoció que hay temas fundamentales que enfrentar, como los relacionados a las pensiones, salud y educación, pero fue enfático y reiterativo en especificar que es preciso hacer frente a esos desafíos “con responsabilidad”, dando sustentabilidad a los programas, de modo que perduren en el tiempo y no se transformen en promesas que no se puedan cumplir. “Un reformismo gradualista, pero creíble”, precisó, recordando que programas permanentes se deben financiar con ingresos permanentes.

El ministro Briones, si bien dijo que nuestro país debe avanzar mucho en materia de ingresos y en reducción de la desigualdad, recalcó que no se debe olvidar que estadísticas demuestran que Chile tiene los mejores indicadores en la región. Además, destacó que el actuar del Estado permite reducir la desigualdad y, en ese plano, defendió la fórmula de los aportes directos como vía para superar las brechas.

En materia de salario mínimo, Briones recordó que la realidad empresarial es diversa, lo que implica que no todas las empresas puedan pagar más a sus trabajadores. En este ámbito defendió el proyecto de ingreso mínimo garantizado, como vía para suplir recursos a los trabajadores de menores recursos y sin la aplicación de distinciones que se propuso en la Cámara, donde se restó del beneficio a las grandes empresas. Resaltó en este último punto que el bono joven y mujer, introducido por la administración de Michelle Bachelet, que también implica un aporte directo, no discriminó por empresa, entendiendo que el beneficio va directamente al trabajador.

Se restó de apoyar un sueldo mínimo de 500 mil pesos y dijo que fórmulas como esas no son efectistas sino que irrealistas. Dando el punto que es preciso avanzar en la materia, informó que, desde 1990 a la fecha, el primer decil ha visto aumentado sus ingresos en un 240 %, por sobre los otros deciles. En este plano insistió en la opción que plantea el ingreso mínimo garantizado.

En lo referente a pensiones, dijo que, cualquiera sea el sistema, de reparto o de ahorro personal, el dinero tiene que salir de alguna fuente y en ese plano resaltó las diferencias que presenta Chile con la OCDE: un 10% de cotización versus un 20% y una brecha de base de cotizante relevante, en donde el conglomerado económico presenta un nivel de participación de prácticamente del 100%. “Todos tenemos la obligación de cotizar, más si sumaremos elementos de solidaridad”, remarcó.

El ministro no se pronunció en pro de modificar el sistema previsional que rige para las FFAA y las entidades de Orden y Seguridad y replicó las palabras de la ministra del Trabajo en materia de AFP-pensiones, en orden a la necesidad de introducir cambios relevantes, donde un figura será la introducción de un pilar de cotización solidaria.

Empresas y economía

Otro ámbito de consultas apuntó a los efectos de la económica en algunas zonas o áreas específicas del país, los abusos de las empresas concesionarias, la reforma tributaria e impuestos a las personas y al proyecto de rentas regionales.

Ignacio Briones dijo que las empresas y las actividades productivas en general deben pagar por sus efectos y externalidades y respecto de ello relevó la importancia de tener leyes adecuadas, simplificadas, que permitan una adecuada fiscalización y sanción, si corresponde.

En cuanto a los abusos de las concesionarias, dijo que es importante que se haga un diagnóstico adecuado y que se tome en cuenta que Chile cuenta con una cobertura de servicios que es líder en la región. Indicó que parte del problema radica en que se trata de monopolios naturales, por lo relevó la necesidad de contar con una adecuada regulación, por ejemplo, en materia de precios.

Respondiendo a la opción de que el Estado asuma la labor de las concesionarias, sostuvo que el Estado debe priorizar en sus gastos. “No podemos hacer todo y en todos los casos. Sumé la serie de demandas (…) y llegué a ocho puntos del producto interno bruto”, precisó, acotando que ello implicaría aumentar considerablemente el tamaño del Estado o suponer un aumento de impuestos equivalente a un país desarrollado. “Se debe ser reformista, pero realista”, agregó.

En relación a la posibilidad de elevar los impuestos a las sociedades y a las personas en forma progresiva, para que quienes reciben más aporten más, Briones respondió que la tasa de impuesto corporativo es de 27%, lo que está en la parte alta respecto de otros países. “El impuesto a las personas (renta) es de 20% para los de mayores de ingreso y el otro 80% está exento. En países OCDE el 100% paga”, precisó.

Agregó que se debe comparar la carga neta de seguridad social, donde existe una brecha de seis puntos con la OCDE (26%), lo que se traduce en US17 mil de diferencia en el ingreso. Explicó que la carga tributaria tiene que subir en el tiempo de acuerdo al crecimiento económico.

Respecto al proyecto de reforma tributaria, especificó que la iniciativa considera un aumento de 1% del producto, lo que es sustantivo, pero complejo por el tiempo que se vive ya que implica una recaudación de US2.200 millones.

Por último, entre otros temas, se consultó sobre el ingreso del proyecto de ley de rentas regionales y responsabilidad fiscal, a lo que el ministro reconoció que están en falta con una propuesta comprometida para fines de octubre y anunció que se ingresará en marzo de 2020.

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