Chile. La búsqueda de un proyecto propio

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Esto no sólo importa en términos de justicia distributiva, sino por la inmensa fuerza que han alcanzado los grupos económicos en la sociedad chilena, la que se ha extendido al ámbito político. Ello se ha traducido en su determinante influencia en las políticas públicas, así como en las campañas políticas.

Esa fuerza de los grupos económicos ha conducido a un deterioro ético de la política. En efecto, los vasos comunicantes entre la política y los negocios se han hecho más fluidos en los últimos años. Ello se expresa en los recursos que las grandes empresas entregan para las campañas políticas y, también, en el reclutamiento que realizan de ex ministros y ex superintendentes de instituciones reguladoras para la participación en directorios de las empresas que de esa forma les sirven de lobistas. Incluso algunas leyes han sido manejadas por el empresariado.

Por otra parte, la política social no otorga derechos: impuso el lucro y reparte asistencialismo. No sólo en educación, sino también en salud y previsión el mercado decide sobre la calidad y oportunidad de las prestaciones. Cuanto más paga la persona es mejor la atención y la calidad. En todos estos sectores el lucro es el pilar central, aunque al sistema privado se le ha agregado una prótesis pública, para los pobres, de escasa calidad en salud y educación y de modesto monto en previsión. Es el asistencialismo para los sectores de más bajos ingresos.

Existe un fenómeno adicional, y es el predominio abrumador del capital financiero en la economía. El Estado frágil, y reducido, cuenta con limitados mecanismos regulatorios para impedir los abusos financieros que sufren los consumidores en multitiendas y supermercados, o aquellos que afectan a pequeños empresarios con la banca. Existe así una manifiesta indefensión frente al acoso financiero de un sistema que abusa de ellos y que, en varios casos, los ha estafado mediante la colusión.

La ciudadanía, por ahora de forma intermitente, protesta frente a un régimen político que le resulta inútil, con una Constitución que cierra las puertas a una efectiva representación. Ello explica que la mitad de los hombres y mujeres no ejerzan sus derechos ciudadanos, y que muchos ciudadanos, especialmente los jóvenes, no lleguen a votar o sufraguen nulo o blanco. Es que no sólo el poder económico está concentrado, sino también el poder político.

Todo indica que la protesta va más allá de reivindicaciones parciales. Ello explica el cuestionamiento de los movimientos sociales a la privatización de la educación, salud y previsión, que divide a los chilenos entre ricos y pobres, cerrando oportunidades a los más modestos y a las capas medias. Cuestionamientos que se han extendido al ámbito medioambiental, al sistema centralizado de poder en Santiago y al modelo productivo de recursos naturales. Es la crisis de la institucionalidad actual y la exigencia de una nueva.

La ciudadanía ya no confía en la clase política. Ésta dejó de representarla. Su dependencia del poder económico le impide impulsar modificaciones en favor de la mayoría. Los esfuerzos de cambio del actual gobierno no sólo se han visto frustrados por errores propios sino sobre todo por el bloqueo de gran parte la clase política, incluidos sectores de la propia Nueva Mayoría.

Las movilizaciones sociales reivindican un proyecto propio. El país se ha repolitizado y el pueblo busca nuevamente ser protagonista de su propio destino. El despertar ciudadano revela el rechazo a la construcción neoliberal, realizada en su momento por la intervención fáctica de los militares junto a la derecha y posteriormente consolidada por la clase política.

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