Chile: Informe FASIC sobre DD.HH.

Un proyecto de ley de derechos humanos que busca la impunidad, y la falta de una postura gubernamental con respecto a la Ley de Amnistía, figuran como los puntos más importantes señalados en informe sobre derechos humanos del 2003.

Hace algunos días la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), entregó su informe anual referido a los avances y retrocesos en materia de Derechos Humanos durante el año 2003. Entre los puntos más destacados por el documento, figura la «irrupción» de la UDI en el tema de los DD.HH al presentar, en julio pasado, una propuesta que pretendía dar solución a los familiares de detenidos desaparecidos. Este episodio es identificado en el mismo documento, como un «hito que marcó un antes y un después» en este campo.

Sin embargo, para el abogado del FASIC Alberto Espinoza, el hecho más relevante ocurrido durante el año recién pasado se generó a partir de este hecho, y fue «la falta de coherencia, entre el discurso de la Concertación en el ámbito electoral, y la forma cómo en la práctica, estando en el gobierno, se asume la problemática de los derechos humanos».

Según el abogado, lo que se destaca en el proyecto de ley presentado por el gobierno «es la impunidad: entrega impunidad a cambio de mayores o menores cuotas de verdad». Frente a esto, señala que «deben ser los tribunales de justicia los que tengan por misión determinar la existencia del hecho ilícito y la participación de cómplices e encubridores».

Algo similar es lo que destaca el documento entregado por FASIC, al señalar que «urge la necesidad de mejorar el proyecto original en el sentido de incluir una facultad para los jueces de configurar una atenuante calificada especial, que permita rebajar la pena que corresponda, en uno, dos o tres grados para aquellos que tengan responsabilidad en el delito investigado y que presten una decidida colaboración al juez de la causa, permitiendo que el sentenciador evalúe esa colaboración y en su mérito aplique la rebaja que estime pertinente».

A la hora de someter a un mayor análisis la actitud de la Concertación, Espinoza afirma que ésta responde a «variables de carácter político, que son absolutamente compatibles con las particularidades que tiene la transición política chilena. La vigencia de un fuerte componente militar en este proceso, queda en evidencia con las últimas declaraciones de Cheyre, quien no logra desprenderse -al igual que todos los comandantes que han sucedido a Pinochet – del lastre que significa tener un ejército comprometido con los derechos humanos».

De esta forma, para el abogado, la conducta de Cheyre, coloca a las FF.AA. en la posición de defender la impunidad, «de un modo claro y público cuando visita al Presidente de la Corte Suprema. Un hecho jamás visto en la tradición democrática y republicana de Chile».

Lejos del impacto mediático

A pesar de estos hechos, Alberto Espinoza señala que lo más trascendental en cuanto a derechos humanos, durante el año 2003, no tuvo que ver con el impacto mediático que produjeron las declaraciones de la UDI, Emilio Cheyre y Ricardo Lagos, sino más bien «con los avances que sucedieron en tribunales, de forma sostenida por parte de aquellas personas que han sido nombradas como jueces especiales, ministros en visita, etc.».

Asimismo, es enfático en señalar que este progreso judicial «no ha sido a costa de leyes que incentivan la entrega de información, sino más bien como producto de la responsabilidad, acuciosidad y seriedad con que los jueces han asumido esta función investigadora».

Por esta razón, el abogado agrega que «el proyecto de ley perfectamente pudo no haber existido, y el avance en DD.HH hubiese sido el mismo. Con o sin proyecto, de todas formas hemos podido obtener verdad y justicia».

«No es necesaria la creación de mayores estímulos para la entrega de información. Hay innumerables casos de violaciones a los DD.HH., como el de Tucapel Jiménez, Operación Albania, Orlando Letelier, Carmelo Soria o Degollados, que han logrado aclararse sin necesidad de alguna ley que estimule la entrega de información. Solamente ha bastado una voluntad por parte de los tribunales para solucionar y responder a esta demanda de la sociedad chilena», señala Alberto Espinoza.

El trabajo silencioso en tribunales fue por lo tanto determinante, sobre todo si tomamos en cuenta que fueron «unas 15 situaciones en DD.HH las que lograron avanzar significativamente, estableciéndose claramente la identificación de los sujetos que aparecen como responsables. Eso es lo que explica que la UDI, el Sr. Cheyre y el gobierno se hayan dado cuenta de pronto que, de manera bastante silenciosa y sin gran parafernalia, se ha dejado en evidencia todo lo sostenido históricamente respecto a la violación de los DD.HH.».

No a la Ley de Amnistía

Otro de los puntos que resultan altamente destacados por el informe FASIC es su repudio a la actitud del Ejecutivo, «que mantiene un alto grado de ambigüedad con respecto a la validez de la Ley de Amnistía». Por esta razón, se señala que «más allá de reconocer que serán los tribunales los que en definitiva se pronuncien sobre su vigencia o no vigencia, resulta injustificable que el gobierno no fije su posición en esta materia».

De esta forma, Alberto Espinoza, agrega a lo anunciado por el FASIC que «el gobierno no puede justificar su falta de opinión por tratarse de una situación que está en los Tribunales de Justicia o porque se trata de un problema legislativo. El Presidente de la República perfectamente puede opinar, y esa postura debería inclinarse hacia la validación internacional de los derechos humanos. La Ley de Amnistía es auto impunidad, hecha por los propios militares para exonerarse de responsabilidades, es ilegítima».

«La derogación de la amnistía es tan importante como la generación de un proyecto de ley sobre derechos humanos. Pero debe ser un proyecto que admita más instancias judiciales, mayores recursos al Instituto Médico Legal y a organismos o departamentos policiales que se aboquen a la investigación de los hechos. Sería un proyecto de ley bastante bien acogido por parte de los familiares de detenidos desaparecidos», afirma el abogado.

Otro caso de incompatibilidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se hace evidente, según el FASIC, «con dos importantes tratados suscritos por Chile que no fueron ratificados por el Senado y resultaron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional: la Convención Sobre Desaparición Forzada de Personas y el Tratado Sobre Tribunal Penal Internacional».

Según señala el abogado del FASIC, «los argumentos entregados por el tribunal para no dar aprobación a ambas instancias, es que éstas constituían una amenaza a la soberanía nacional. Una suerte de invasión de una jurisdicción externa».

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