Chile: hermana y socia de la Derecha de 1973, la Derecha 2012 defiende a ultranza lucro y expoliación

SIEMPRE HE DICHO que ser viejo y tener buena memoria constituye una de las principales herramientas para combatir la frescura de cutis de algunos políticos… pero, también esa característica puede convertirse en un obstáculo a la hora de analizar la situación reinante en el país. Es lo que me está ocurriendo en este preciso momento debido a la sucesión de hechos que la masa política nacional ha venido protagonizando. 

De un tiempo a esta parte, algunos acontecimientos que emanan de actuaciones y dichos de ciertos dirigentes derechistas me han obligado a recordar –con lujo de detalles- variadas situaciones que viví durante la época de la Unidad Popular. O quizá debí decir “durante la época en la que el patronaje abrazó el fascismo y decidió asesinar al pueblo”, pues ello correspondería más exactamente a la verdad histórica. 

Si usted, amigo lector, tenía corta edad en años de dictadura pinochetista y no recuerda maldita la cosa de lo que allí sucedía, permítame decirle que todo aquello que la oposición al Presidente Hugo Chávez está realizando hoy en Venezuela -para que el proceso de revolución bolivariana fracase y los predadores transnacionales vuelvan a hincar sus colmillos en la patria de Bolívar y Bello-, es una copia de los hechos acaecidos en Chile en el período 1970-1973.  Parece que el Departamento de Estado norteamericano no ha cambiado un ápice su programa de intervención, corrupción y asesinato diseñado por Richard Nixon, Henry Kissinger y un tal Richard Helms el año 1970, con el que convirtieron a Chile en un baño de sangre y clasismo repugnante, Exactamente lo  mismo es lo que los ‘escuálidos’ venezolanos utilizan hoy contra el régimen democrático de ese país. 

Después que la dictadura fracasó en su intento de alargar el período de gobierno de Augusto Pinochet , ya que el plebiscito de octubre de 1988 le negó tal posibilidad, la derecha política decidió jugar al “bandido bueno” aceptando –a regañadientes, claro- la restauración del sistema democrático institucional, pero colocando especial cuidado en que a la Constitución dictatorial de 1980 no se le tocara un pelo (o una línea) en  aquellas materias que resultaban fundamentales e intransables para el conjunto de vástagos pinochetistas y empresarios amantes de la depredación y el abuso. 

¿Usted cree que a nuestra derecha criolla le interesa, realmente, estar siempre en el gobierno soportando  bandazos, críticas, palos e incluso insultantes chistes provenientes de la masa mayoritaria de chilenos, así como también de mucha prensa independiente y, aún más, saber que en el exterior la crítica y la mofa por sus desatinos son el cominillo político diario? Los escasos dirigentes derechistas que tienen real capacidad política, son conscientes de que lo importante no es estar en el gobierno, sino mantener el poder –el verdadero y total poder- en sus manos. 

Jaime Guzmán –quizá uno de los líderes conservadores más inteligentemente malvados en toda la historia de esa corriente económica social en Chile-  tenía clarísimo el panorama,  y por ello estructuró una Carta Fundamental que aherrojó a la democracia transformándola en adorno de vitrina. Si el sistema binominal es perverso, también lo es el derecho a veto que asiste a los conservadores en el Congreso, con el cual derriban todo proyecto de ley que intente adosar justicia social a algún asunto. 

Así, lo que interesa a los sectores ultra neoliberales es, simplemente, mantener incólumes –por la vía del veto- todas las leyes paridas por los Chicago Boys durante la dictadura militar. En tal tarea, ciertamente la Constitución Política “pinochetista-guzmaniana” es herramienta fundamental, antidemocrática sin duda, pero hasta ahora vigente gracias a que muchos eméritos dirigentes concertacionistas –que dicen haber sido opositores al régimen totalitario-  se unieron interesadamente al sector fascista-patronal. 

La característica de efectivo totalitarismo y statu quo de la actual Carta Fundamental es tan profunda que el entonces Presidente del Consejo de Estado, Jorge Alessandri Rodríguez, renunció a seguir al mando de esa institución en julio  de 1980, dado que más del 50% de sus propuestas e indicaciones habían sido desestimadas por el ‘niño genio del mal’, Jaime Guzmán, quien era el verdadero jefe del gobierno interior en Chile en esa época. Los artículos que motivaron la renuncia de Alessandri a ese Consejo fueron los Nº 93, 95 y 196, porque radicaban el poder no en el pueblo soberano, sino en las FFAA y de Orden. 

Al hacer abandono de la presidencia de aquel Consejo, Alessandri manifestó que “ningún civil que se respete, podrá ser Presidente de la república con tales antecedentes que contiene esta Carta Fundamental”. Por su parte, el destacado cientista político norteamericano Robert Barros emitió en su oportunidad un juicio tan severo y contundente como el expresado por el ex mandatario chileno, Alessandri. Dijo Barros: 

“Tanto en sus orígenes como en su forma de ratificación, la Constitución de 1980 aparece nada más que como una imposición a la fuerza, un acto coercitivo, que, de acuerdo a los principios del derecho público, era jurídicamente nulo y vacío. Desde esta perspectiva, su validez no era diferente que la de cualquier otro decreto ley; la Constitución era de facto; y su eficacia práctica, una función exclusiva de las relaciones de fuerza que la sostenían. Al momento de su promulgación, aparecía como un mero mecanismo de prolongación del régimen militar –y, dada la propensión del régimen a organizar plebiscitos bajo sus propios términos, esta carta fundamental parecía presagiar dieciséis años más de régimen militar. El texto permanente, por ende, era meramente nominal, dado que era ineficaz; mientras que las disposiciones transitorias, la constitución efectiva, hacían que la Constitución en sí misma fuera semántica porque solo codificaba el monopolio del poder existente”.

Seguramente, usted, amigo lector, dirá que las opiniones de un cientista extranjero valen poco y nada, ya que para comentar hechos políticos chilenos es necesario haberlos vivido in situ. Pues bien, siéntese cómodamente porque lo que a continuación va a leer, estoy seguro, le dejará con un palmo de narices. Esto opinaba -hace algún tiempo- el actual ministro de defensa y precandidato presidencial, Andrés Allamand (“Las paradojas de un legado”, Andrés Allamand en “El modelo chileno, Democracia y Desarrollo en los noventa”; Paul Drake/Iván Jaksic, compiladores; LOM ediciones):

“La ‘arquitectura política’ de la Constitución de 1980 ya no es modelo al interior del país, porque simplemente no concita los grados mínimos de aceptación que serían necesarios para atribuirle tal carácter. Rechazo su supuesta condición de ‘modelo exportable’ ya que los principios en que se fundan las instituciones más controvertidas de esta Constitución no serían aceptables en ningún país que mantenga correspondencia con el desarrollo de los valores democráticos dominantes en el mundo”.

Entonces (y la pregunta salta con fuerza propia desde el escenario de la duda), ¿qué defiende el señor Allamand, y con él, seguramente, muchos otros derechistas que tienen absoluta claridad respecto a la invalidez jurídica y política de la actual Constitución?

Me parece que la respuesta es solamente una. Se trata de defender a rajatabla la permanencia del actual salvaje sistema económico, por lo que Allamand y los suyos ven necesario mantener -cual problema menor- una Constitución que no se ajusta a Derecho, pero que permite simular ser un documento moderno y ‘venderlo’ como tal a una desavisada ciudadanía para, de tal modo, conservar a ultranza leyes y articulados cuyas únicas pretensiones eran (y siguen siendo) la consolidación del proyecto neoliberal mediante el ‘derecho a veto’, el sistema binominal y, muy particularmente, conservar aquel paso antidemocrático consagrado por la Constitución de 1980 respecto de las FFAA y de Orden, ya que en ninguna Constitución Política anterior los militares fueron ‘garantes’  de la institucionalidad, ni tampoco había existido algo tan tétrico como el Consejo de Seguridad Nacional que, a mi juicio, en materias políticas y sociales, se acerca más al Tribunal de la Inquisición que a un organismo necesario en la democracia institucional. Tampoco, en nuestra Historia, había existido la posibilidad de que los comandantes en jefe de las FFAA –y las FFAA mismas- dispusieran de autonomía absoluta, incluyendo lo presupuestario.

Pues bien, en la actual Constitución dictatorial, ello está ‘consagrado’ en beneficio de las FFAA y del poder económico, verdadero patrón de los uniformados. Esas son las cuestiones de fondo que la Derecha chilena defiende, cobija e impulsa. Si las ve tambalear, flaquear o ceder, esa Derecha confiará el mantenimiento de sus prerrogativas a manos militares.  

Así fue ayer, así sigue siendo hoy. Mi buena memoria, al igual que mis dudas razonables, lo avalan.