Chile. Gobierno quiere frenar importante ley por la que luchó el dirigente Alejandro Castro
La administración Piñera ha insistido en que recurrirán al Tribunal Constitucional en caso de que el parlamento despache la normativa que entrega a los pescadores artesanales el 100% de la captura de la jibia, prohibiéndole a la pesca industrial su arrastre.
Tras ser aprobado en el Senado, el proyecto de ley que regula la captura del recurso marino de la jibia se encuentra ya en su tercer trámite constitucional en el parlamento. En palabras simples, la iniciativa establece que la especie llamada originalmente Dosidicus gigas solo podrá ser extraída utilizando potera o línea de mano, prohibiéndose entonces que la pesca de arrastre industrial la saque también del mar.
Quienes infrinjan la normativa se exponen a una multa de 24 millones de pesos y al decomiso de las especies hidrobiológicas y/o de los productos derivados de estas.
La captura de la jibia en un 100% por parte de la pesca artesanal fue una de las principales luchas que el dirigente de los pescadores de Quintero Alejandro Castro -quien fue hallado ahorcado en Valparaíso en octubre pasado- dio junto a su Sindicato S-24. “Sé y me consta que hicieron un tremendo trabajo para poder dignificar y recuperar el arte de la cultura de la pesca”, contó tras su muerte a El Ciudadano Carolina Orellana, su amiga y vocera del Cabildo Abierto Quintero-Puchuncaví.
Durante la tramitación de la ley -que ya lleva un año y cuatro meses en el parlamento- Alejandro Castro defendió la captura de la jibia por parte de los artesanales, participando en movilizaciones y asistiendo también a las comisiones en las que se abordaba la iniciativa en el Congreso.
Sin embargo, el avance y eventual despacho de la nueva normativa podría enfrentarse con el Tribunal Constitucional (TC) antes de conseguir su puesta en marcha, tal como lo han planteado autoridades de gobierno. La administración de Sebastián Piñera ya anunció que recurrirán a esa instancia en caso de que la iniciativa salga del parlamento.
En ese sentido, el seremi de Economía del Biobío, Mauricio Gutiérrez, reiteró y destacó esta semana en Radio Cooperativa que ha sido el propio subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, quien ha calificado como “inconstitucional” el proyecto, argumentando que la iniciativa limitaría “de algún modo, las atribuciones que tiene la administración pública para determinar los artes de pesca”.
Con esto, la administración Piñera se pone del lado de la pesca industrial, intentando a través del Tribunal Constitucional revertir el logro que de forma democrática habrían conseguido los pescadores artesanales dedicados a la captura de la jibia.