Chile. Filtran sobornos del nuevo director de Carabineros Hermes Soto para escoltar a empresa privada

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Nuestro país no es la excepción en el contexto latinoamericano de los grandes escándalos de corrupción de quienes ejercen la política institucional. Casos que van desde colusiones, soborno, cohecho, asociaciones ilícitas para triangular dineros y últimamente, las fuerzas armadas y de orden, con casos como el #Milicogate, #PacoGate, #Huracán y #Huracán2 entre otros y el caso más horrible luego de las violaciones de DDHH durante la Dictadura Cívico Militar, el Servicio Nacional de Menores, SENAME.

El 11 de marzo del 2018 en la Moneda asumió un nuevo gobierno, liderado por Sebastián Piñera y la coalición Chile Vamos, en medio de la polémica por los casos de criminalización sistemática, mediante la implantación de evidencia falsa al pueblo mapuche, ya conocido como los casos Huracán y Huracán 2.  Fue en ese contexto que el ahora imputable ex General de Carabineros Bruno Villalobos presentó su renuncia al día siguiente de la toma de mando de Piñera. Ya que no contaba con la protección y el amparo que daba la figura de la también otrora Presidente de la República Michelle Bachelet.

Dos días luego de la renuncia del Director General de Carabineros, Sebastián Piñera nombra como sucesor, al General Hermes Soto, lo cual conllevó el llamado a retiro de 10 Generales. Posteriormente, Soto una vez ya asumido, llamó a retiro a 15 Generales más, situación que no se veía en Chile desde el caso Degollados, el cual se dio en tiempos de la dictadura cívico militar. Pero esto no quedó solo ahí. Al nombramiento de la General Pamela Olivares por el nuevo Director de Carabineros, 108 coroneles tuvieran que presentar su renuncia, de los cuales quedaron solamente activos aquellos que no tenían los 30 años de servicio, el resto fue renunciado en el acto.

En los tradicionales medios de prensa se llamó a esta decisión como la mayor operación de blanqueamiento de la institución de Carabineros. También se ha dicho de lo favorable del Perfil “Ciudadano” o de “Calle” del General Soto. Asimismo, se recalcó que venía de provincia y que eso generaba una buena visión de parte del escalafón más bajo de la Institución, la llamada “Tropa”.

Sin embargo, durante ese mismo día se filtró parte de la hoja de vida del General Hermes Soto a través del diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, donde se revelan polémicos antecedentes de su pasado como teniente, los cuales fueron en el peor de los casos “pasado por alto” por el actual gobierno. En estos documentos se le acusa directamente de haber sido una especie de regente de un prostíbulo en el que brindada protección a las trabajadoras a cambio de servicios sexuales gratuitos.

El actual gobierno, bajo el mismo modus operandi que el anterior, blindó la figura de Hermes Soto mediante una serie de maniobras comunicacionales. Soto fue empoderado una vez más, anunciando cambios en la función de carabineros, las que estarían enfocadas a re-potenciar las labores preventivas y operativas. Con esto, Soto buscaría terminar con una “hipertrofia” en los departamentos enfocados en la investigación e inteligencia. Así fue que días después anunció el fin de las Unidades de Inteligencia Operativa Especializada. Con esto, una vez más, la Institución mejor evaluada del país estaba a salvo.

Mientras esto ocurría en el plano comunicacional, en tribunales, luego de la pérdida del poder del otrora General Bruno Villalobos, se dio cuenta de las investigaciones por el uso desmedido de fondos reservados, ya que durante el año 2017, Villalobos oficializó ante el contralor Jorge Bermúdez el uso completo del presupuesto 2016 de gastos reservados. La rendición de estos, según la Ley N° 20.882, sólo obliga a dar cuenta de su utilización de forma global y reservada. Ese año había $ 587.863.000 de presupuesto en moneda nacional y US$ 90.000 en extranjera y en cuyos listados de receptores figuraban Villalobos y otros 10 miembros del cuerpo de 41 generales. La causa se derivó a manos de la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Macarena Cañas.

También se dio cuenta de las reuniones ejercidas entre Bruno Villalobos y el ahora indicado como líder de la asociación ilícita para criminalizar al pueblo mapuche, Gonzalo Blu, ex jefe de Inteligencia de la Institución, donde también participó el famoso “experto informático” ,el civil ya confeso, Alex Smith (Software Antorcha). Estas reuniones se dieron entre agosto y septiembre de 2017, en pleno desarrollo de la “Operación Huracán”. Villalobos, quien participó en tres de estas reuniones, donde también asistió parte de la fiscalía de La Araucanía. Allí habría validado las pruebas con las que se inculpó a comuneros mapuche de atentados incendiarios. Las mismas que más tarde fueron demolidas por el Ministerio Público.

Así lo señala CIPER: “una semana después Villalobos retornó a la Fiscalía Regional. El miércoles 6 de septiembre llegó al edificio ubicado a los pies del Cerro Ñielol, en Temuco, junto al director nacional de Inteligencia de Carabineros, el general Gonzalo Blu. Ambos entraron a la sala de reuniones del Fiscal Regional, Cristián Paredes, quien los esperaba junto a los fiscales Roberto Garrido, Luis Arroyo y al jefe de la unidad jurídica de esa fiscalía, Felipe Mardones.”

Cabe destacar que ya pasado algunos días del escalando del Prostíbulo, el 23 de marzo del 2018, CIPER dio a conocer otra arista del historial de corrupción del recién Nombrado Director General de Carabineros Hermes Soto.

Es aquí donde se detalla su participación en una serie de sobornos realizados durante los años 1999 y 2003, los cuales fueron otorgados para el paso frecuente de camiones con sobrecarga “escoltados” por policías. El servicio era pagado por una empresa privada llamada Alchisa y la escolta la hacían efectivos de San Javier, cuyo comisario era Hermes Soto Isla.  Esto se dio a conocer en ese entonces por el Desplome del Puente Loncomilla. En total se pagaron más de 58 millones de pesos, los pagos se realizaban en una primera instancia de forma diaria y presencial hasta la perfección del sistema mediante el llenado de planillas, todo esto a cargo de del nuevo director de Carabineros.

Otra de las aristas es quién filtro la información del prostíbulo relacionado con Hermes Soto. Es aquí que la investigación interna, según los trascendidos, indican a uno de los hombres de confianza de Bruno Villalobos, el Teniente Coronel Jorge Espinoza Alarcón, lo cual revela los conflictos internos de poder al interior de la Institución, derivados de la divulgación del caso #PacoGate.

Mientras la política institucional de forma transversal valoraba los cambios de los mandantes como único camino para realizar cambios y mejoras en la institución, quedó demostrado, una vez más, el marco Institucional como opera carabineros de Chile en su conjunto. Frases como “el único afectado es el carabinero a pie” ya no son válidas para limpiar una imagen manchada. Ya no basta con limpiar la mancha de aceite del uniforme, si no como se elimina el aceite de un uniforme sumergido en una piscina de corrupción.

Es así como el #Pacogate lleva más de 27.000 millones de pesos en desfalco, más de 100 imputados civiles e institucionales, en un periodo histórico que trasciende más de 3 gobiernos democráticos, pero aún en un marco de impunidad, digno contendor de los otrora casos de corrupción de platas políticas de la institución peor evaluada del país, el Congreso Nacional.

Mientras esto sucede, el actual gobierno planea ingresar modificaciones a la Ley Antiterrotista, un plan que incluye 11 medidas, entre las cuales destacan una nueva definición del tipo penal del “terrorismo”, la incorporación de técnicas investigativas de “mucho mayor eficacia que las contempladas en la ley de drogas o de lavado de dinero”, como por ejemplo con agentes encubiertos; agentes reveladores, entregas vigiladas, interceptaciones de comunicaciones, entre otros. Medidas que atentan contra proclamaciones y pactos sobre DDHH que Chile tiene Firmado y Vigente. Y que buscan criminalizar al pueblo mapuche una vez más.

Aun con estos antecedentes sobre la mesa, desde la élite política, no se discute el rol de Carabineros en un país OCDE, así como tampoco un cambio en los fines ideológicos, jurídicos y civiles de la institución que ha operado en la peor de las formas, a la sombra de los representantes políticos y con el peso de las lumas para el mundo civil.

Chile, no está lejano a lo que sucede en el contexto Latinoamericano, pero sí está al debe en cuanto a las acciones y al marco legal que permite de forma sistemática que gran parte de las instituciones del Estado apliquen el peor enemigo de las democracias liberales, la corrupción.

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