Chile. Estudiantes presos en cárcel Santiago 1: Familias exigen cambio de medida cautelar a arresto domiciliario

Publicidad

Gran preocupación han manifestado las familias de Mauricio Gómez y Diego Espinoza, presos políticos recluidos en Santiago 1 desde el 26 de noviembre de 2019, tras el estallido social. Fiscalía estaría pidiendo 10 años de cárcel para ambos, de infringir la ley de armas, supuestamente por portar un elemento incendiario. Hasta el momento, el organismo persecutor no tendría más pruebas que los relatos de los funcionarios de la PDI que los detuvieron en cercanías de la Plaza de la Dignidad.

El proceso judicial en su contra comenzaría a mediados de junio y sus redes de apoyo denuncian que el gobierno estaría buscando amedrentar a la ciudadanía y desmovilizarla mediante estas extensas prisiones preventivas y condenas políticas. Ambos llevan seis meses en prisión preventiva y desde mediados de marzo que no pueden ver a sus familiares, debido a las medidas sanitarias adoptadas por el penal.

Mauricio (21) y Diego (30) son dos jóvenes estudiantes compañeros de la carrera de Ecoturismo. Ambos fueron apresados e investigados por participar de manifestaciones sociales, pese a que estas configuran un derecho constitucionalmente resguardado. Para Fiscalía en cambio constituyen un peligro para la sociedad y los tiene hoy recluidos bajo paupérrimas condiciones de vida. Ninguno cuenta con antecedentes previos.

Con respecto a esta situación, la familia de Mauricio comentó que, «ellos no son un peligro para la sociedad, porque luchan por la preservación de la vida natural y social, por una vida digna para ellos, sus familias, su gente y su clase. Ambos participaban en colectivos de defensa de la naturaleza, son personas sensibles y que les apasiona lo que hacen. De hecho, a Diego los profesores le mandaban las guías académicas con la mamá y así pudo terminar sus estudios adentro de la cárcel, a mi hermano solo le resta un semestre».

Cabe destacar que el proceso judicial de estos estudiantes, ha tenido a lo menos tres aplazamientos. En primera instancia, Fiscalía ordenó 45 días de investigación en su contra, «Pero hubo incumplimientos en los plazos de investigación de la Fiscalía y no se reunían más pruebas en su contra. De hecho, las pruebas que maneja hoy Fiscalía son las mismas que tenía en enero y aun así le han extendido la investigación, fustigaron desde las redes de apoyo de Diego Espinoza».

Además las familias de los presos políticos de Santiago 1, denunciaron que, «infringiendo absolutamente las sugerencias internacionales de distanciamiento -para no provocar hacinamiento en las cárceles- cambiaron a todos los presos que quedaban en el módulo 14 al 12, donde hay doscientas personas. Están con personas presas por delitos como homicidio, ex funcionarios de las FF.AA., ex pacos, ex milicos, etc. Este es un módulo de protección, por el riesgo que correría el resto de la cárcel».

Las protestas al interior de dicho penal en marzo pasado, que derivaron en un intento de motín, fueron generadas por las paupérrimas medidas sanitarias de Santiago 1. Sin artículos de aseo y con una pésima nutrición, las personas ahí recluidas han tenido que hacerle frente a la pandemia de COVID-19.

Familiares de presos relatan que «Como es una cárcel concesionada no nos permiten llevarles comida, solo cosas como mate, milo, galletas, suflés. O sea aparte de ignorar el distanciamiento social para evitar el contagio, hay una pésima alimentación, lo que juega en contra en un contexto de crisis sanitaria».

Como herramienta de visibilización del caso, las familias de Mauricio y Diego realizaron un video denunciando las irregularidades en su proceso investigativo y exigiendo que por la contingencia sanitaria, cambien su medida cautelar. Expresan que la larga prisión preventiva de sus familiares presos, es una herramienta de amedrentamiento hacia la ciudadanía, buscando evitar así la continuidad del estallido social.

Mauricio y Diego

Santiago, 27 de mayo de 2020Presos políticos de la revuelta:Abogada defensora: “La prisión preventiva es una condena anticipada”Sin poder hablar con sus familias y expuestos al contagio del COVID se encuentran Mauricio Gómez y Diego Espinoza, presos políticos de la revuelta del 18 de octubre. Ambos llevan más de 6 meses en prisión preventiva y se encuentran a la espera de la acusación fiscal. La abogada María Rivera pide cambiar la medida cautelar.Mauricio Gómez (21) y Diego Espinoza (30) fueron detenidos en los alrededores de Plaza Dignidad, en el contexto de las protestas sociales que movilizaron a gran parte del país a partir del 18 de octubre. Desde entonces han pasado más de 6 meses sin que se presenten pruebas ni se realice un juicio por los cargos que se le imputan. Reciben así un castigo anticipado, cuando podrían haber esperado todo este proceso en sus domicilios.Ayer, martes 26 de mayo, venció el plazo para que el fiscal anuncie formalmente la acusación.La situación de Mauricio y Diego es preocupante para sus familiares, quienes hace más de dos meses no han podido tener contacto con ellos. Sólo saben que estos jóvenes, que se conocieron estudiando ecoturismo y que no tienen ningún antecedente penal anterior, fueron trasladados al módulo 12 de la Cárcel Santiago 1, donde se encuentran junto a personas que están imputados por homicidio y violación, entre otros delitos graves.“Los presos políticos de esta época han tenido sanciones penales altas, entiendo que ya la prisión preventiva, es una condena anticipada. En otro contexto social, las medidas judiciales hubiesen sido distintas. Necesitan que el Estado les ponga atención y les cambie la medida cautelar”, comenta María Rivera, abogada defensora de Mauricio y Diego.La defensa de los jóvenes está siendo asumida por la Defensoría Popular, quienes han insistido en recalcar el carácter de presos políticos de los detenidos en las protestas sociales, entre ellos Mauricio y Diego. “Preso político es aquel que rechaza, enfrenta, se resiste o combate los planes o políticas del gobierno de turno. Luchas que se enmarcan en un proceso de reivindicación de los derechos que el pueblo ha perdido. No hay que olvidar que fue por eso que el pueblo chileno salió a las calles a partir del 18 de octubre en una verdadera revolución. En ese marco es que ellos son detenidos, por eso es que los consideramos y los defendemos como presos políticos”, agrega la abogada.La situación de Mauricio y Diego representa la de miles de jóvenes detenidos tras la revuelta del 18 de octubre. Llevan meses privados de libertad sin estar aún condenados por ningún tribunal del país. Medidas preventivas que para los abogados defensores resultan completamente injustificadas, más aún en el actual contexto de pandemia, donde incluso la fiscalía judicial ha admitido que las cárceles no cuentan con las medidas necesarias para detener los contagios por COVID-19.Contactar a carlagomezherrera4@gmail.com (familiar de Mauricio) o a la abogada del caso María Rivero, mrivera@defensoriapopular.org

Publicada por Coordinadora por la Libertad de los Prisionerxs Políticxs 18 de Octubre en Miércoles, 27 de mayo de 2020

Aseguran que, «lo que está haciendo el gobierno es mostrar medidas ejemplificadoras a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Es latente la idea de volver a manifestarse cuando esto pase, porque hay mucho descontento. Ante esta posibilidad, se están resguardando y mostrando que habrá cárcel efectiva para quienes se manifiesten. Ese es nuestro temor. Él no está acusado de dañar a ninguna persona, ni siquiera de lanzar un artefacto incendiario y ya le están pidiendo 10 año de presidio».

Por lo pronto, las familias de estos estudiantes se alistan para la audiencia de preparación del juicio oral de Mauricio y Diego, el que se realizará el 22 de junio próximo. En dicha instancia el Tribunal designará todo el material que irá como prueba para un futuro juicio. El plazo de investigación ya se cerró y desde sus redes de apoyo expresaron que en todo este tiempo, Fiscalía no fue capaz de presentar nuevas pruebas en contra de los dos estudiantes de ecoturismo.

resumen.cl/articulos/estudiantes-presos-en-santiago-1-familias-exigen-cambio-de-medida-cautelar-a-arresto-domiciliario

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More