Chile. Derecho a la Vivienda: Un negocio que castiga a los pobres con largos años de espera

Publicidad

Desde el frente de pobladores que agrupa a los comités de vivienda Barrio Digno, Inche ñi Mapu, y Abraham Calderón, organizaciones que integran la toma Violeta Parra de Barrancas en Resistencia por el Derecho a la Vivienda, nos dirigimos a las y los trabajadoras/es, al pueblo que lucha, al pueblo Mapuche, a la opinión pública y las instituciones.
Nosotros el día miércoles 03 de Junio, junto a las familias de la Toma Macarena Valdés, decidimos hacer ocupación de los departamentos ubicados en Mapocho con el Parronal, terreno de lo que fue la población Las Viñitas, en la comuna de Cerro Navia. Afirmamos que nuestra ocupación fue pacífica, incluso no respondimos a las agresiones que recibimos de pobladoras/es, que nos tiraron piedras y nos amenazaron con armas, desde la calle, asegurando que tenían prometidos esos departamentos y los venían a defender. No hicimos destrozos, tenemos registros que así lo demuestran, y no buscábamos quedarnos con los departamentos.
Nuestra intención de ocupar los departamentos siempre fue una respuesta al engaño de la constructora Oval, que junto a la Coordinadora Metropolitana de Pobladores por una Nueva Constitución, nos prometieron cupos de postulación para el proyecto habitacional La Hondonada, y en el camino se desentendieron de la propuesta, cambiando versiones reunión tras reunión, para terminar diciendo que nosotros vamos a postular al proyecto que se va ha levantar en el terreno que ocupamos hace 9 meses en la Toma Violeta Parra de Barrancas en Resistencia.
Nuestra preocupación como familias de trabajo que han ahorrado, cumplido con requisitos, esperando por años en la fila de postulación, y que, como medida extrema, decidieron tomarse un terreno para conseguir solución habitacional, es porque Oval, nos ofrece acuerdos de postulación en las mismas condiciones que nos prometieron el proyecto La Hondonada, sin mayor garantía para que nuestras familias logren tener vivienda.
Según el catastro de la constructora, hasta hoy solo el 48% de familias que viven en la Toma podrían postular al proyecto que nos ofrecen, excluyendo a un gran número de familias migrantes que no están catastradas.
Entonces, ¿Qué pasa con las más de 300 familias que quedan fuera del proyecto, marginadas por el Estado, por no cumplir con las exigencias de postulación? ¿Qué pasa con las familias de nuestros comités que no están en el catastro de la constructora, y no entran en el proyecto por no vivir en la Toma, pero se han sacrificado durante estos 9 meses?
Toda nuestra desconfianza y rabia con la Constructora es porque nos viene a exigir todo, sin entregarnos certezas, ni la disposición de mejorar las condiciones que nos imponen. Aún no tiene el traspaso definitivo por la compra del terreno, y si se cumplen todos los plazos, podrían ingresar el proyecto a Serviu a fin de año. Tiene un proyecto para mil departamentos y a nosotros ya nos cierran las postulaciones, dejando fuera a más de la mitad de nuestras familias. Lo único que busca la constructora es erradicar la toma, sin hacerse cargo del destino de nuestras familias como se comprometió en una de las reuniones, y terminar desalojando el terreno. Durante este mes y medio de conversaciones solo buscó allanar el camino para que nosotros entreguemos el terreno, salgamos del lugar en silencio, sin certezas y a punta de engaños.
Ayer mientras estábamos en reunión con el Municipio, Serviu y Oval, llegaron al Municipio, vecinas/os de la Unión Comunal de Cerro Navia (Comités de vivienda históricos de la comuna), asegurando tener documentos de compromisos de vivienda en el mismo terreno que ocupamos nosotros. Entonces nos enteramos que un aproximado de 2500 familias tienen posibilidades en el mismo terreno donde Oval ofrece su proyecto habitacional.
El derecho a la vivienda es un negocio manejado entre lo público y lo privado. El Estado, a través de Serviu, entrega facilidades a las inmobiliarias o constructoras, y se desentiende de su responsabilidad. Conscientemente ocupa políticas o instrumentos como el registro social de hogar para segregarnos entre los más pobres, negarnos el derecho a la vivienda y terminar hacinándonos en los guetos que nos conntruyen para capitalizar ganancias.
Esto es un problema estructural donde el Estado no se hace cargo de la crisis de la vivienda, es responsable de profundizarla. Al año hay respuesta solo para el 3% de la población de un total de 700 mil familia que no tienen casa propia, no existe voluntad política de ningún sector (salvo algunas excepciones) para encontrar salida a la crisis. Durante el 2019, aprobaron la Ley de integración social, que viene a sepultar el derecho a la vivienda. Entre tecnócratas, operadores políticos, y especuladores, nos amarran a sus mecanismos burocráticos de postulación, aseguran las ganancias de sus inversiones, y nos condenan a la miseria y la deuda, que es la esclavitud moderna.
Nosotros vivimos el abandono como pueblo, independientemente si postulamos a través de comités, o se asumen tomas de terreno. Pasamos años pagando arriendo, endeudados con créditos hipotecarios, sin tener techo asegurado dónde vivir porque el derecho a la vivienda esta hipotecado en manos de la banca, los especuladores de la tierra, inmobiliarias o constructoras que se presentan con programas amigables para los más pobres. Al resto lo devuelven a la eterna fila de postulación, y perpetúan la miseria y la deuda.
Bajo la crisis política-institucional, que encontró contención en la crisis de la salud, con el aumento en la tasa de cesantía de cientos de miles de trabajadoras/es despedidos y familias endeudas; con el hambre que se empieza a sentir y las protestas que se ven en las poblaciones, las tomas de terreno deben ocupar su lugar histórico, la constitución de comités de vivienda deben organizar a los sin techo para luchar.
Cuando el director de Serviu dice que no responde a los que se saltan la fila de postulación a través de tomas de terreno, afirma que el Estado no responde ni a los que tienen que esperar con facilidad por 10 años. Cuando el ministro de Vivienda afirma que se esta trabajando en soluciones, habla de las 20 mil viviendas que se entregan anualmente contra la realidad de más de 2 millones de personas que no tienen asegurado un techo donde vivir. Cuando Oval, busca responder con un proyecto habitacional, con un 48% a un total 450 familias catastradas en la toma Violeta Parra de Barrancas, ¿No va ha segregar de la misma manera las 2500 familias con derecho en el mismo terreno? Cuando la Constructora Oval busca asegurar su inversión de mil unidades, hacinando a familias numerosas en construcciones de 5 pisos de altura, ¿No es la Ley de integración social, en la práctica, financiada por el Estado?.
#FPLV|LA TOMA DE TERRENO ES UN ESTADO DE EMERGENCIA PERMANENTE, ANTES DE ASUMIRLA NO TENÍAMOS GARANTIZADO EL DERECHO A LA VIVIENDA. DIARIAMENTE VIVÍAMOS LA CONDENA DE LA MISERIA Y LA DEUDA, Y CORRÍAMOS EL RIESGO DE DESALOJO.
SOMOS FRENTE DE POBLADORES POR EL DERECHO A LA VIVIENDA. ¡NUESTRAS GANAS DE ORGANIZARNOS Y LUCHAR SIGUEN INTACTAS!.
También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More