Chile. Dedíquense a otra cosa

P. Longueira, siguiendo la estrategia del Jovinismo, culpó a la prensa de su desprestigio. Ominami asegura que es un chivo expiatorio de la Concertación. Orpis no asume. Dávalos sigue creyendo que todo es un complot de la UDI. En masa se quejan de las burlas de comediantes y humoristas. Nadie asume, todos culpan.

Sin embargo, a ningún político se le obligó a entrar en el ámbito de lo público. De hecho, muchos de ellos compitieron, con encarnizado marketing y show, por alcanzar los cargos públicos (menos Dávalos, que asumió por linaje). Fue su opción. Entonces, no se quejen. No se quejen cuando les exijan dar explicaciones al país por aprobar leyes que favorecen a sus financistas. Asuman con responsabilidad, respondan preguntas de la prensa, den explicaciones. Es su deber hacerlo.

Porque ustedes, señores políticos, cuando decidieron entrar en lo público asumieron tácitamente las reglas de una democracia, que no sólo es un medio para renovar a una elite política cada cierto tiempo, como fue durante más de dos décadas en el Chile de la eterna transición, sino que un fin en sí mismo, donde existe una opinión pública independiente, control entre los poderes del Estado, y, sobre todo, electores que votaron para instalarlos en sus cargos con sueldos que, automáticamente, los convierten en parte del 1% más rico del país. A ellos deben darles explicaciones.

El contractualismo define el origen de la sociedad civil y el Estado como producto de un pacto social, por el cual se pasa de un “estado de naturaleza” a un “estado social”. De este modo, se acepta una limitación de las libertades a cambio de leyes que garanticen el ordenamiento social. El hombre cede cierta soberanía al soberano. El soberano, entonces, posee el derecho de tomar decisiones en nombre del resto. Y los ciudadanos, por contra parte, tienen el derecho a exigir cuentas públicas de aquel soberano.

Nace un derecho social, también un deber. Un derecho en cuanto se genera un ejercicio de la ciudadanía como cuerpo legal de una república, y un deber porque, de no realizarse, el político puede hacer lo que se le antoje con el poder que se ha depositado en él y su cargo; puede, por ejemplo, regalar el mar a cambio de financiamiento.

Desentenderse del espacio público es abandonar el lugar donde todos, ricos y pobres, derecha e izquierda, de Colo-Colo o Curicó Unido, nos encontramos, donde formamos sociedad. Cuando esto sucede, lo público puede ser ocupado por cualquiera. Por eso, en una república el soberano debe someterse a los cuestionamientos del, en clave neoliberal, contribuyente, o, en términos republicanos, votante.

Es una regla básica, y simple. Por lo demás, la unanimidad y la autocomplacencia son siempre sospechosas, propias de las dictaduras u otras tipologías de regímenes autoritarios opuestos al ser humano como miembro de una sociedad libre y justa.

Es simple: quien busca estar en el espacio público queda automáticamente expuesto al juicio público. Una cosa lleva a la otra.

Por eso, si a los señores políticos les desagrada el escrutinio público, los juicios o las risas, entonces dedíquense a otro ámbito de la actividad humana, pero dejen de culpar a la prensa, a sus ex amigos de partido o tal o cual excusa. Asuman, den explicaciones.

Si no les agrada hacerlo, porque el país nunca antes se los exigió, entonces, insisto, dedíquense a otra cosa. Entiendan que poco a poco se acaba la pleitesía, esa especie de monarquía que los convertía en “honorables”.

Alguien dijo que “la política es la farándula de los feos”. Toda farándula es pública… y todos los políticos feos.

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