Chile. Declaración de Impacto Ambiental, la fórmula de las inmobiliarias para evitar regulaciones

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Una declaración jurada del representante de la empresa ante el Servicio de Evaluación Ambiental permite a las constructoras visar los proyectos, pese a que para su ejecución deberían ser sometidos a un Estudio de Impacto Ambiental en el que se integre la participación ciudadana con un plan de mitigaciones.

La ciudad de Santiago, como buena parte de las capitales latinoamericanas, se encontraría en una expansión demográfica. Según datos entregados por el Censo, en la región capital se concentra cerca del cuarenta por ciento de la población chilena.

Una tensión que se ha evidenciado con la resistencia de comunidades organizadas es la falta de resguardo de barrios que se enfrentan a impactos sociales y ambientales generados por la construcción de edificios. El caso de los “guetos verticales” construidos en Estación Central serían una evidencia del problema.

Uno de los procedimientos instituidos por ley para regular los proyectos es la Evaluación de Impacto Ambiental, que consta de dos tipos de procedimientos. Por una parte, se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y, por otro lado, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), las diferencias entre ambas pueden marcar la diferencia entre la aprobación y el rechazo del proyecto.

¿Por qué las inmobiliarias usan la Declaración y no el Estudio?, es una de las preguntas que permite explicar la realidad actual de la Región Metropolitana.

En la norma, el representante legal de la empresa inmobiliaria que presenta el proyecto a evaluación, envía una declaración jurada donde declara los impactos ambientales que generará el proyecto en la etapa de construcción y en su etapa de poblamiento.

El Estudio de Impacto Ambiental, en cambio, tiene diferentes etapas, haciendo el proceso mucho más riguroso. Por ejemplo, cuenta con un tiempo de participación ciudadana, una revisión exhaustiva de la línea de base de la propuesta y un plan de mitigación que prioriza la protección de quienes podrían verse afectados con una iniciativa empresarial de cualquier característica.

La Ley 19.300 en el artículo 11 pone énfasis en la necesidad de que un proyecto no ponga en riesgo la salud de la población, que no existan efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales, la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, entre otros aspectos.

Asimismo, en este proceso se estipula como obligatoria una consulta comunitaria con la que el Servicio de Evaluación Ambiental puede hacer una idea clara del caso que se encuentra valorando.

El que las inmobiliarias usen la Declaración de Impactos Ambientales y no sometan los proyectos a Evaluación de Impacto Ambiental no es una acción excepcional, sino que “se ha trasformado en la forma de operar de las empresas, con lo que han hecho de este proceso un mero trámite, cuando debería ser la forma de resguardar la forma de vida de las comunidades”, explicó Rodrigo Avendaño, abogado de Defendamos la Ciudad.

Esta práctica es sistemática en nuestro país, y se evidencia en los datos entregados por el SEA donde se expone que entre 2011 y 2018, 557 proyectos inmobiliarios fueron aprobados en la Región Metropolitana mediante Declaración de Impacto Ambiental, mientras que en el mismo periodo solo 6 presentaron Estudio de Impacto Ambiental.

La inversión total de proyectos inmobiliarios aprobados en 2017 a través de una EAI A fue de 3 mil 949 millones de dólares y la cantidad de proyectos finalizados durante dicho año fue de 176, esto según estadísticas del SEA.

Por su parte, a nivel nacional se aprobaron 1016 proyectos inmobiliarios a través de DIA, con una inversión total de 60 mil 766 millones de dólares solo durante 2017, con un total de 774 proyectos finalizados durante ese año.

En ese contexto de crecimiento, la construcción en altura se ha trasformado en una de las alternativas con la que se ha dado respuesta al crecimiento exponencial de la demanda de vivienda. Durante 2017 y según datos entregados por la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) en su informe anual, la mediana del precio de venta de los departamentos alcanzó a 49,2 UF por metro cuadrado en diciembre, constando un alza de un ocho por ciento, según la misma medición.

En departamentos, la cifra de venta de diciembre se ubica como la quinta mejor para dicho mes en el registro histórico, mientras que, por el contrario, la comercialización de casas FUE la cuarta peor. De acuerdo a las estimaciones de la CCHC, el nivel de ventas fluctuará entre las 2 mil 300 y las 2 mil 800 unidades mensuales en 2018, alcanzando una cifra de venta similar a la de 2017.

Zona norte en riesgo 

Las comunas del sector norte de la capital, como Recoleta, Independencia, Conchalí y Huechuraba han sido parte de una reestructuración. En el caso de Avenida Independencia aún se encuentran en desarrollo las obras de construcción para el ensanchamiento de la calle, lo que comenzó hace más de un año y medio. Este mismo trabajo se desarrollará en Conchalí, lo que busca hacer más fluido el tránsito que une el cordón Américo Vespucio con el centro de Santiago. En este mismo sector se está construyendo la línea tres de Metro, una serie de edificios y un centro comercial.

En Conchalí, específicamente en Avenida Fermín Vivaceta, entre las calles Parral y El Comendador, se tiene contemplada la construcción de cuatro torres de 12 pisos con 836 departamentos, 541 estacionamientos, 48 locales comerciales y un supermercado. Esto dentro de un barrio de casas de un piso que datan de los años setenta.

La Dirección de Obras Municipales rechazó el proyecto de la inmobiliaria Vivaceta S.A. en una segunda instancia, puesto que la cantidad de departamentos no calzaba con el de estacionamientos, y esto hace que la iniciativa no cumpla con las bases para la construcción.

La empresa llevó el caso a la Corte de Apelaciones, tribunal que falló en favor de la constructora. La Municipalidad apeló en la Corte Suprema y es en ese trámite se encuentra el futuro de la Villa el Comendador.

Silvia Rojas lleva cuarenta años viviendo en Conchalí desde que con su esposo se tomaron la casa en los años setenta. La vecina relata: “Cuando llegamos a estas casas, entre todos los vecinos nos organizamos para resistir en la toma, los hombres hacían turno de noche por si venía Carabineros o por si alguien quería quitarnos nuestras casas (…) entre todos nos organizábamos para tener agua y luz, porque nosotros llegamos alumbrándonos con velas a este barrio. Era muy linda la solidaridad que había entre los jóvenes que nos estábamos tomando las casas”, barrio que ven amenazado con los nuevos proyectos.

Falta de organización comunitaria, un camino libre para las inmobiliarias 

Contrario a lo que Silvia recuerda sobre la unión vecinal que existía en los 70, hoy señala que son “muy pocas personas participan en la junta de vecinos  y quienes lo hacen son los viejos. Nadie se preocupa del otro, todos están en sus mundos”.

Ella es presidenta de la junta de vecinos, además participa en la unión comunal y en un club del adulto mayor, ejercicio dirigencial en el que se ha sentido sola. “Nadie quiere participar. Yo he tenido que ocupar los tres cargos, presidenta, secretaria y tesorera, nunca he hecho una reunión comunitaria con la que se logre dialogar entre los residentes de la Villa el Comendador”.

radio.uchile.cl/2018/08/13/declaracion-de-impacto-ambiental-la-formula-de-las-inmobiliarias-para-evitar-regulaciones/

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