Chile. Cumbre climática: tierra caliente, en todos los sentidos

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(Por Vanessa Dourado para La Retaguardia)

“Chile-Madrid. Tiempo de Actuar», el título del acuerdo de la vigésima quinta Conferencia de las Partes (COP25) del Clima de Naciones Unidas nombra un tiempo presente negado por gobiernos y corporaciones. Mientras centenares de organizaciones y miles de personas, muchas de ellas jóvenes que recién se acercan a la problemática, pedían por acciones concretas para lograr limitar el incremento de la temperatura global por debajo de los 1,5º C, a los negociadores de los países —sobre todo los que más contaminan— les pareció que el próximo año estarían en mejores condiciones de llegar a un acuerdo.

El tiempo que insurge en las calles de Chile —que iba a ser la sede de la COP25 y necesitó ser rápidamente reemplazado gracias a las gigantescas manifestaciones en contra del gobierno neoliberal de Sebastián Piñera— es aquí y ahora. El rechazo de la población chilena a la propuesta del presidente de este país en llamar a un Congreso Constituyente, en el cual se cambiaría la Carta Magna vía legislativa, es motivado por la misma razón que hace que los miembros de la sociedad civil critiquen los términos del acuerdo celebrado en la COP25: la desconfianza.

En ambos casos, la falta de credibilidad en las instituciones es evidente. Si por un lado el pueblo ya sabe cómo gobiernan los legisladores; por otro, los movimientos y activistas climáticos son conscientes de que las COPs son un espacio habitado por aquellos que no harán nada para disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El momento histórico actual, marcado por un profundo sismo económico, social y político, no se divorcia de la dramática crisis ecológica que parece poner límites a los modelos institucionales vigentes. Y si antes era el dicho “no hay alternativa” de Thatcher el que hacía valer la ley de los mercados por encima de la dignidad de las personas, hoy son límites planetarios los que imponen el fin de una era de desmonte ambiental y de desprendimiento del tejido social que ha llevado el Sistema Tierra, tal como lo conocemos, al borde del colapso.

Las lógicas perversas de acumulación de capital y la manutención de los modelos de producción y consumo, que trata de eliminar externalidades buscando perseguir los niveles óptimos de competencia de la economía globalizada, dejan una gran huella ecológica que arrasa territorios y cuerpos a la misma velocidad que garantiza la ganancia de las corporaciones. Según la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Chile es un país altamente vulnerable frente al cambio climático debido a su susceptibilidad a desastres naturales, su alto nivel de degradación ambiental y su disponibilidad hídrica, y la situación es agravada por sus actividades económicas extractivistas y contaminantes.

Gracias al cambio climático, Chile se enfrenta a un estado de estrés hídrico y hoy ocupa el lugar 18 entre los países con riesgo extremadamente alto de carencia de agua. A pesar de la crítica situación, el agua en este país está bajo el control de empresas privadas desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet. La consecuencia de la privatización de este bien común, indispensable para la manutención de la vida, es avasalladora: muerte de miles de animales, desplazamiento de poblaciones y condiciones de vida híper precarizadas, especialmente en los sectores más pauperizados de la sociedad. No obstante, entre las principales actividades económicas de Chile están la megaminería y la agricultura intensiva, ambas demandantes de grandes cantidades de agua para su desarrollo.

Aunque comprobados, mediante estudios y proyecciones climáticas bajo distintos escenarios considerados en el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la condición de fragilidad del país frente a los esperados eventos extremos resultantes del sobrecalentamiento global, el gobierno chileno no escatima esfuerzos para aprobar el Acuerdo de Asociación Transpacífico –TPP 11, cuyo texto en su artículo 20 dice que “es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de una manera que constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre las Partes”.

Pese a todos los estudios que comprueban que las actividades económicas llevadas a cabo por las grandes corporaciones, y respaldas por los Estados, en una lógica de crecimiento infinito frente a recursos finitos y no renovables están teniendo impactos sin precedentes sobre el medioambiente; como la desertificación, la acidificación oceánica, la pérdida de biodiversidad, la polución química y los constantes fenómenos de eventos extremos relacionados al sobrecalentamiento global, la COP aún plantea la reducción de los GEI siempre que no perjudique el crecimiento económico.

Este año, la COP25, que tuvo lugar en Madrid, una vez más fue evaluada como un fracaso. Siguiendo la tradición, la conferencia evitó tocar la raíz del problema que es la necesidad urgente de frenar la quema de combustibles fósiles; de hecho, el avance en el compromiso para la presentación de planes para la reducción de emisiones de carbono más ambiciosos quedó para la COP del próximo año—que tendrá lugar en la ciudad de Glasgow, Escocia—.

Frente al escenario de Emergencia Climática, la respuesta real de los países históricamente responsables por la actual situación fue el aumento de las emisiones de carbono en un 2,7% en 2018 y para el año de 2019 se estima un aumento de 0,6% comparado al año anterior, a pesar de una estimada disminución de las emisiones de carbón en un 0,9%. O sea, la demanda energética sigue aumentado las emisiones.

Y como si este dato no fuera suficiente para evidenciar la total falta de compromiso y desprecio por la vida en todas sus expresiones, la saña por garantizar financiarización de la catástrofe se ve evidente en la nítida competencia entre los países que buscan negociar créditos de carbono con el único objetivo de mantener la lógica depredadora del capitalismo salvaje. Esta lógica que atropella todo lo que es considerado un pasivo, que no es rentable y que, además, impide el avance del llamado “desarrollo”, es racista, clasista y patriarcal. Es sobre los cuerpos de indígenas, mujeres, niñes, afrodescendientes y poblaciones del Sur Global donde pesa más fuerte la consecuencia de esta ruptura metabólica, donde los bienes comunes son considerados meras mercancías transables en el mercado financiero.

Asimismo, la COP25 ni siquiera logró consenso en lo que propone y, en este sentido, la imposibilidad de llegar a un pacto respecto del Artículo 6 del Acuerdo de París es señalada por Jörg Haas como una posible buena noticia. Según Haas, el mercado de carbono posibilita alcanzar la meta de reducción de emisiones en un país por la compra de créditos más baratos que permite al país comprador “tener el derecho” de emitir más a través de las matrices más contaminantes y que son más rentables. El resultado, ya alertado por los expertos, es una reducción nula de emisiones. En definitiva, es la conversión del derecho de emitir gases de efecto invernadero en activo financiero.

Si por un lado los Estados y las corporaciones demuestran, una y otra vez, su incapacidad en dar respuestas a la crisis civilizatoria en que se enfrenta la humanidad, por otro, es el pueblo organizado quién está en las antípodas de las falsas soluciones planteadas en espacios como las COPs —nítidamente estériles—. Y es justo en estos espacios que se gestan estos nuevos mundos, muchos de ellos que ya existen, y que son una alternativa real frente a la destrucción sistemática de la vida.

Mientras se organizaba la COP25 en Madrid, organizaciones de varios países se juntaron en Santiago de Chile para la “Cumbre de los Pueblos”, el evento que ocurrió entre el 2 y el 7 de diciembre y que fue una respuesta contundente al gobierno de Piñera y también a los heraldos del neoliberalismo. En este potente espacio de acogimiento del pueblo en lucha por su dignidad y de formulación de políticas desde abajo, capaz de recomponer los lazos de solidaridad entre los pueblos y las bases de sostenimiento de la vida, es que se da la verdadera solución al escenario apocalíptico en que se encuentra la humanidad.

No habrá solución a la crisis climática sin justicia ambiental, tampoco podrán las tecnologías y los mercados hacer el trabajo de cuidado de la naturaleza, y por ende, de la vida misma. Las salidas a esta encrucijada habitan en la conciencia de que el ser humano es parte de la naturaleza, no su dueño, y que un cambio profundo de orden político, económico y, sobre todo, cultural es la única forma de seguir existiendo.

Para esto, no alcanza con buscar diálogo en los espacios creados para mantener el statu quo. Es la potencia de los movimientos y de las mayorías sociales sensibilizadas que puede devolvernos a la Tierra, aún hay tiempo.

Se agradecen las críticas, sugerencias y acompañamiento de Tom Kruse y Alexandre Araújo Costa

*Vanessa Dourado es miembro de ATTAC Argentina y PSOL Brasil

 

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2019/12/chile-madrid-tiempo-de-actuar-pueblos.html

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