Chile. Consejo de Defensa del Estado “se lavó las manos” ante responsabilidad de empresas en incendios forestales

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Más de ciento diez organizaciones sociales de Chile vinculadas a derechos humanos, ambientales, de trabajadores, entre otras, ingresaron el 31 de enero de este 2017 ante el Consejo de Defensa del Estado diversos antecedentes relacionados a contextos de atentados incendiarios en el centro sur de Chile, particularmente en el marco de los intereses de la industria forestal en la Región del Maule, Biobío y la Región de la Araucanía, donde se solicitó expresamente a través de una petición formal, que el Consejo asuma la investigación y acciones legales relacionadas a los incendios forestales que afectaron gravemente al país y la responsabilidad que tendrían las empresas en ese sentido.

Lo señalado se basó en las facultades del Consejo en velar por el interés público y su posicionamiento como un actor nacional relevante en el cumplimiento de la legislación ambiental, mediante la aplicación del régimen de responsabilidad ambiental de la ley N° 19.300 y la consecuente protección y defensa del patrimonio ambiental del país, atendiendo que ha existido un grave daño en ese sentido, con un grave perjuicio a las arcas fiscales.

Sin embargo, a través del oficio 00890 , indicó recientemente que “en respuesta a su carta del antecedente en que solicita que este Servicio asuma la investigación e interposición de acciones legales por los incendios forestales que han afectado al País y a los intereses de las empresas forestales, informo a Ud. que el Consejo de Defensa del Estado no tiene las facultades investigativas que se requieren y, en todo caso, su competencia para intervenir en sede penal está circunscrita estrictamente a delitos que importen perjuicios económicos para el Fisco u organismos del Estado y aquellos cometidos por empleados o funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Conforme a ello, este Servicio no tiene competencia, por ahora, para intervenir en este asunto”.

Agregó en otro punto que “No obstante lo anterior, hago presente a Uds. que los antecedentes remitidos han sido entregados a la Unidad de Medio Ambiente de este Servicio para su estudio y análisis, a fin de recopilar más antecedentes y actuar en conformidad a las funciones y facultades legales entregadas”. El oficio fue firmado por Carlos Mackenney en calidad de presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado.

Para las organizaciones sociales existe una acción orquestada con clara intencionalidad y que busca desviar la responsabilidad de las empresas inculpando supuestas “causas mapuche”. Sin embargo, señalaron que no se ha considerado en el móvil que habría, a pesar de existir conocimiento de institucionalidad pública, que en la mayoría de las zonas afectadas por incendios donde han existido algunos detenidos, se trata de extensiones mayoritariamente afectadas por plagas que dañan las plantaciones exóticas de pinos y eucaliptus, algunas de ellas absolutamente descontroladas y que han seguido en aumento por todo el centro sur de Chile. Es el caso de la denominada “avispa taladradora o Sirex noctilio”. Son aspectos que se vienen denunciando desde el año 2012 por parte de organizaciones sociales en el marco de los focos de incendios en temporada estival y que incluso ocasionaron la muerte de siete brigadistas forestales de la empresa forestal Mininco, donde cierto grupo de políticos también pretendieron invocar “causas mapuche”, razón por la cual fueron denunciados públicamente de ser cómplices de crímenes forestales y de montajes comunicacionales, generando una grave ola de racismo, intolerancia y xenofobia, cuyo contexto fue motivo de una investigación periodística y publicación de un libro en el año 2014.

La denuncia por plagas y su relación que tendría con los incendios, se basa en el descontrol que existe de estos, donde por ejemplo, la Región del Maule se encontraba completamente bajo medidas fitosanitarias, una de las zonas más afectadas por incendios, así como la Región del Biobío con el 68 %.

Para la Red por la Defensa de los Territorios, uno de los referentes denunciantes, el Estado chileno ha invertido miles de millones de pesos en medidas de investigación científica para el control de plagas en especies exóticas de pinos y eucaliptus, desde centros de desarrollo biotecnológico, pasando por investigaciones de Universidades Públicas y hasta el control biológico generado por instituciones públicas con introducción de larvas e insectos para intentar frenar su expansión letal, cuyas plagas no tienen cobertura de seguros, pero sí los incendios forestales.

Para la Red, el hecho de que el Consejo de Defensa del Estado no quiera investigar estas relaciones, tiene que ver con que en su interior existe un claro conflicto de intereses: “El Presidente del Consejo (Juan Ignacio Piña Rochefort) fue personero de confianza del ex Presidente Sebastián Piñera como subsecretario en su periodo gubernamental y es sabido el vínculo del ex mandatario con las empresas forestales, quien fue socio en Antar Chile del holding forestal de Angelini y su estrecha relación con el grupo Matte de Forestal Mininco. Tampoco es posible omitir las redes de corrupción con amplios sectores de oposición y oficialistas, incluyendo a varios personeros vinculados al gobierno de Bachelet y a los intereses de las empresas. El Consejo de Defensa del Estado simplemente se lavó las manos”. La Red indicó que es impresentable que dicho organismo, que debe velar por los intereses comunes, sea cómplice de atentados y de graves daños patrimoniales causados por violentos grupos económicos.

Las organizaciones, junto con repudiar el actuar cómplice del Consejo de Defensa del Estado, anunciaron que insistirán ante instancias competentes para que se investigue y se esclarezcan los hechos, exigiendo justicia ante la devastación causada por las empresas forestales en el centro sur de Chile, cuyos impactos se relacionan directamente con la propagación de incendios, plagas descontroladas, crisis hídrica, degradación de suelos, redes de corrupción y saqueo de fondos fiscales para los intereses de los grupos más ricos de Chile.

Fuente: http://www.mapuexpress.org/?p=16708

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