Chile: Comicios edilicios en comunas rurales, la suma de las estulticias de la corruptela duopólica
ESCRIBO ESTAS LÍNEAS una semana antes de llevarse a efecto los comicios municipales en Chile, y lo hago motivado solamente por un hecho que considero de profunda importancia para nutrir adecuadamente nuestro sistema democrático institucional.
La verdad es que debería haber dicho “nuestro alicaído sistema democrático institucional’, ya que cada semestre que transcurre en el calendario político este sistema parece distanciarse de la concepción clásica de República… de aquella que intentaron enseñarnos romanos como Cicerón, pocos años antes del nacimiento de Cristo, y que en Chile fuera puesta en práctica en escasas oportunidades, como ocurrió durante los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens.
El concepto ‘República’, para ser concretado en gobiernos, exige ciertas cualidades y requisitos sine qua non a aquellos que pretenden administrar parte o el todo del andamiaje oficial. En una República no llega ‘cualquier ciudadano’ a ocupar cargos de fuste ni de representación popular. Pero sí puede hacerlo ‘cualquier ciudadano’ que cuente con la debida preparación para tales efectos. Es lo que sucede, por ejemplo, con quienes desean postular a un sillón en el Congreso. Se les exige, como mínimo, haber cursado satisfactoriamente su enseñanza media. Insisto en el concepto “como mínimo”, pues bien sabido es que la mayoría de nuestros y nuestras congresistas posee otros atributos adosados al certificado de licencia media, como por ejemplo un vasto recorrido en asuntos gremiales, o sindicales, o simplemente político-partidistas. Sobre este punto quiero construir mi opinión respecto de las elecciones edilicias.
¿Cuál es la experiencia –la experticia- en asuntos públicos, que la mayoría de los candidatos a alcaldías y a Concejos Municipales muestra a los electores? Si bien la democracia se sustenta en que todos somos iguales ante la ley y el estado, no podemos desconocer que resulta incluso tragicómico que un ignorante (y a veces casi analfabeto) pretenda dirigir los destinos no ya de una comuna únicamente sino, también, de quienes viven ella, como arquitectos, médicos, psicólogos, profesores, agrónomos, constructores, empresarios, comerciantes, temporeros, enfermeras, contadores, mecánicos, etcétera. La democracia no da para tanto. Pero en estos asuntos edilicios parece que sí da… y calderadas.
Soy conciente de que lo expuesto en las líneas anteriores no es de común ocurrencia en grandes metrópolis, ya que en ellas habitualmente los candidatos son personas con recorridos plausibles en materias similares a las que deberán acometer si resultan electos, amén de contar también con formación académica post enseñanza media. Reconozco que en ciudades capitales de regiones, los partidos políticos se han preocupado de privilegiar entre sus filas a personas con esas cualidades, al menos ello es lo que se observa desde fuera del bosque.
Pero no acontece lo mismo en comunas alejadas de las metrópolis. Aquí ‘cualquier ciudadano’ es candidato, pues en sitios rurales se produce una cascada de postulantes, cual de ellos menos apto para cargo alguno, destacando con luces propias una serie de caudillejos vivarachos e iletrados que desean hacerse de la férula edilicia para alimentar sus negocios tanto como los intereses económicos de sus amigotes y chupamedias.
¿Cuál es el conocimiento que esas personas tienen de la administración pública, de la contabilidad gubernamental, de la elaboración de proyectos, del manejo de grupo, del trabajo en equipo, y de todo el largo etcétera que conforma la administración de una comuna, lo que incluye ocuparse también del sistema de salud y del educacional? Realmente el manejo que tiene la mayoría de los candidatos a alcaldes en comunas rurales es bajísimo, cercano al cero absoluto, lo que finalmente se traducirá en que un reducido grupo de funcionarios municipales sea quien termine manejando la comuna, cuando no lo haga el diputado de turno que enviará a “su gente de confianza” para apoyar al novel alcalde (miembro de su partido), transformando las esperanzas y necesidades de la gente de ese lugar en una nueva base electoral para su consolidación parlamentaria.
No es mi intención vapulear a nadie en estos temas, pero doy fe –lo aseguro sin ambages- que en algunas comunas pequeñas, rurales, distanciadas de las grandes urbes, hoy (al igual que en años anteriores) postulan a un sillón en el concejo municipal ciertos individuos que en su propia localidad son reconocidos como delincuentes, traficantes, abigeos, demagogos, mentirosos, incapaces… e incluso propietarios de locales clandestinos donde se arriesgan grandes cantidades de dinero jugando al ‘monte’ y a los dados. ¿Eso es también parte de la democracia?
¿Por qué los partidos políticos –con sus cuarteles generales situados en ciudades grandes- hacen la vista gorda y permiten (e incluso propician) que el desarrollo y la dignidad sean eventos vedados para las comunas pequeñas? ¿Alguien podrá desmentir mi aseveración respecto a que el mayor porcentaje de candidatos a un puesto en el concejo municipal de comunas alejadas de las metrópolis está interesado, únicamente, en el pago de 400, 500 o 600 mil pesos mensuales por asistir a dos o tres reuniones de ese cuerpo colegiado cada treinta días? Es una alternativa ‘dulce y viable’ para muchos frescolines, ya que, además, la ley señala como exigencia solitaria únicamente no estar condenado por delito que amerite pena aflictiva (condena igual o superior a tres años y un día), ser mayor de 18 años y “saber leer y escribir” (respecto de esta última exigencia me refiero a concejales, pues los alcaldes deben contar con 4º Año Medio aprobado).
Muy bien…acepto esa mínima exigencia, pues soy consciente de que la democracia debe dar posibilidades a todos, sin excepción. Pero ‘a todos’ aquellos que no hayan incumplido leyes ni tengan deudas pendientes con la sociedad en general, y menos todavía con la localidad donde viven. No obstante, sigo aseverando que un candidato a cualquier cargo de representación popular (apunto, obviamente, a cargos “pagados” por el fisco), debe estar en posesión de cierta experticia en la materia que le corresponderá administrar, o al menos contar con un comprobable recorrido en asuntos dirigenciales que le permitan comandar equipos de pobladores, profesionales, comerciantes, técnicos y vecinos en general.
Amigos políticos, lo lamento… tengo más años de los que ustedes quisieran, y por ello –ya que mi memoria sigue estando en óptimo estado- puedo asegurarles sin ambages que en épocas pretéritas, cuando la república realmente existía en nuestro país, y cuando los hoy ‘concejales’ se llamaban entonces ‘regidores’, vuestras mismas tiendas partidistas exigían el cumplimiento de variados requisitos a quienes deseaban ser postulados a un cargo edilicio.
Hoy, tal cual reza la letra del ya histórico tango de Santos Discépolo, “cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón”, y ello parece ser mérito suficiente para que aliancistas y concertacionistas hayan prohijado –en comunas pequeñas y rurales- a variopintos guarapos cuya única característica destacable es la de ser ‘patudos y frescos de cutis’, lo que parece constituir requisito suficiente para formar parte de la élite politicastra regional, donde existe un caldo cuya olla hierve en corruptelas y familisterios amparados por la miopía del gobierno central, tanto como cobijada por la ceguera de las directivas de todas y cada una de las tiendas políticas que conforman los dos bloques o coaliciones principales.
Esto ya no solamente aburre y hastía, sino que constituye razón principal para que en nuestras comunas rurales (en una de ellas –hermosa y plácida- vive, ama y trabaja quien escribe estas apuradas líneas) la idea de una Asamblea Constituyente haya evolucionado hacia una necesidad imposible de transar ni negociar. En nuestras localidades –donde trabajamos con férrea disposición para alimentar a Chile con nuestros productos agrícolas, mineros, madereros y pesqueros- los vecinos, la gente, el pueblo, impetra participación, y ella sólo será posible en una nueva estructura como lo es una Asamblea Nacional (hija de la Constituyente), órgano representativo del quehacer popular, y alejado cósmicamente de la faramalla familisterial y corrupta de las actuales autoridades legislativas que se han entregado de brazos atados a los intereses de siete u ocho familias propietarias -o socias- de las principales empresas predadoras transnacionales.
Señor Escalona, señor Frei, señor Rossi, señor Cardemil, señor Burgos, señor ‘ovejero’ Larraín, señor Letelier Morel… ¿ahora entienden el por qué?