Chile. Central Clasista presenta propuestas para cambiar normativa de los “servicios mínimos”

Por Politika

Debido a que la falta de acuerdo en torno a la materia implica un retraso de la negociación colectiva y los trabajadores quedan sin fuero, por lo que corren el riesgo de ser despedidos. La reforma laboral aprobada en el segundo gobierno de Michelle Bachelet introdujo el concepto de “servicios mínimos”, funciones que se mantienen […]

Debido a que la falta de acuerdo en torno a la materia implica un retraso de la negociación colectiva y los trabajadores quedan sin fuero, por lo que corren el riesgo de ser despedidos.

La reforma laboral aprobada en el segundo gobierno de Michelle Bachelet introdujo el concepto de “servicios mínimos”, funciones que se mantienen durante la huelga, puesto que, de acuerdo a la ley, “resultan estrictamente necesarias para proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes; garantizar la prestación de servicios de utilidad pública o la atención de necesidades básicas de la población, incluidas aquellas relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas, y garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios”.

Tanto en el debate de la reforma, como desde su entrada en vigencia –en abril de 2017–, los sindicatos han cuestionado esta normativa, acusando que se trata de un mecanismo para relativizar el derecho efectivo a la huelga, puesto que el empleador plantea un conjunto de funciones de su empresa que deben cubrirse con trabajadores “involucrados en el proceso de negociación” y agrupados en los llamados “equipos de emergencia”.

Sin embargo, el detalle de la ley también es objeto de cuestionamientos. La Central Clasista presentó este jueves, ante el Ministerio del Trabajo y la Dirección Nacional del Trabajo, dos propuestas de reforma al artículo 360 del Código del Trabajo, referido a la “calificación de los servicios mínimos y de los equipos de emergencia”. Esto, por los plazos que establece la normativa, que dejan sin fuero a los trabajadores en caso de que la negociación se aplace por los desacuerdos entre empleador y sindicato, en materia de servicios mínimos.

Manuel Ahumada Lillo, presidente de la CCTT

“El fuero se extingue después de constituir el sindicato, a los 30 días, que se contrasta con el plazo que tiene el Director Nacional del Trabajo para pronunciarse en definitiva por aquella petición de los patrones de servicios mínimos. Por lo tanto, podríamos encontrarnos con decenas de trabajadores despedidos antes de iniciar el proceso, porque aunque presentaran el pliego, se suspende si no hay pronunciamiento del director”, explicó Manuel Ahumada Lillo, presidente de la Central Clasista.

La segunda observación expuesta por el dirigente se refiere a “aquellos sindicatos que tienen (contrato) colectivo vigente. Dice la ley que 180 días antes debe presentarse una petición de servicios mínimos al empleador. Sin embargo, el punto de discusión va hacia el mismo tema. La pronunciación final del Director del Trabajo no tiene plazo, por lo tanto, el Director del Trabajo podría pasar hasta un año sin pronunciarse y la negociación colectiva nuevamente queda suspendida”.

Al respecto, el artículo 360 establece que si las partes, sindicato y empleador, no llegan a acuerdo,  pueden recurrir a la Dirección Regional del Trabajo, dentro de los cinco días siguientes. El organismo tiene 45 días para calificar los servicios mínimos, sin embargo, su resolución puede ser reclamada ante el Director Nacional del Trabajo. Ahí es donde se genera la situación denunciada por la Central Clasista.

“Los empleadores están pidiendo, en algunos casos, hasta mas allá del 50% del personal a cubrir. Como el sindicato tiene un plazo para contestar la solicitud, niega esta exigencia patronal, pasa a oficios del director regional del Trabajo, pero si no hay acuerdo, pasa al Director Nacional del Trabajo, que tiene plazo indeterminado de pronunciamiento. Por lo tanto, el mayor problema son los plazos que la ley le da al Director del Trabajo para ser una suerte de ser omnipotente que va a resolver a su arbitrio los tiempos en que se desarrolla la negociación colectiva”, planteó Ahumada Lillo. 

El caso de la Fundación Beit Israel

El sindicato de la Fundación Beit Israel reúne a 83 trabajadores, de un total de 125, según detalló Claudio Abarzúa, presidente de la agrupación sindical. El dirigente señaló que en el último tiempo han sufrido prácticas antisindicales “de todo tipo, desde la instrumentalización de la PDI para tomar detenidos a sus dirigentes, hasta encerrar a trabajadores migrantes sin contrato, en bodegas, por largas horas”.

Claudio Abarzúa

De acuerdo a su relato, la negociación colectiva con su empleador debió haber comenzado en agosto de 2017. “Como establece la ley, presentamos nuestro proyecto colectivo dentro de los plazos. La Fundación respondió solicitando los servicios mínimos al sindicato, excediendo el numero de trabajadores que debiese haber por cada área”, precisó.

El dirigente señaló que la Dirección del Trabajo resolvió, en primera instancia, que los trabajadores tienen derecho a negociar, sin embargo, “la Fundación presentó un recurso jerárquico que judicializa por lo menos por seis meses más nuestra negociación”.

Durante este período de dilación, indicó Abarzúa, la Fundación ha despedido a 20 trabajadores, todos sindicalizados. “Cuando te congelan la negociación colectiva, también se acaba el fuero y los trabajadores quedan desprotegidos”, acotó el dirigente, quien añadió que “el tema de los servicios mínimos permite a la patronal entrampar el proceso de negociación en cuanto a los plazos”.

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