Publicado en: 6 julio, 2018

Chile. ¿’Asilo contra la opresión’, o contra nuestra propia débil democracia?

Por Arturo Alejandro Muñoz

Algunos ‘refugiados’ venezolanos ultra derechistas creen que en Chile están abiertas las puertas para que luchen no solamente contra el gobierno de su propia nación, sino además, para atacar soez y bravuconamente a sectores políticos chilenos no oficialistas.

En estas últimas semanas las redes sociales (twitter, específicamente) han develado un hecho que comienza a preocupar a varias organizaciones del país, y dice relación con el comportamiento agresivo, violento e irrespetuoso de algunos determinados extranjeros que han sido recibidos por el estado chileno con los brazos abiertos, a los que además les brindó una serie de garantías que hacen sospechar seriamente de algún tipo de acuerdo silente para privilegiar en la balanza política sólo a uno de los platillos, el de la derecha.

Llama la atención –y provoca inmediato rechazo- la política subjetiva que los gobiernos chilenos aplican en estas materias, pues mientras a ciertos extranjeros les prohíbe el ingreso a nuestro territorio, a otros, en cambio, no sólo les abre puertas sino también les concede garantías exclusivas. La tabla que usan en La Moneda los gobiernos del duopolio nunca ha sido rasa. Veamos ejemplos.

En el mes de julio del año 2016, se expulsó a un activista vasco que solidarizaba con la causa mapuche. Se llamaba Ibán Gartzía, el que  fue detenido en Curarrehue en un curso de mapudungún. El activista vasco de 33 años debió salir del país tras ser denunciado por cometer supuestos actos no permitidos por el reglamento de extranjería al divulgar la represión en la zona.

En el mes de octubre del 2016, Piedad Córdoba, senadora colombiana  reconocida mundialmente como defensora de los Derechos Humanos, fue retenida por más de una hora por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) -Departamento de Extranjería- con el argumento de que su participación en un seminario internacional a realizarse en Chile, denominado “Pensando Nuestra América desde el Sur”, en el que se iba a tratar la situación del pueblo mapuche, “atentaba contra la seguridad nacional”. Finalmente, su entrada fue autorizada, pero Córdoba decidió no ingresar al país por los tratos vejatorios hacia ella.

En febrero del 2017 la PDI detuvo al periodista italiano Lorenzo Spairini para luego emitir una orden de expulsión inmediata, dictada por el Intendente de Santiago, Claudio Orrego, firmada por él y por el Ministerio del Interior, no dando paso a ningún tipo de defensa al comunicador afectado. El argumento que respaldaba el hecho era que había “sido detectado en diversas actividades anti sistema, alterando el orden social del país y constituyendo de esta manera un peligro para el estado”. Las acciones cometidas por Spairini era grabar manifestaciones y marchas de variopintas organizaciones sociales.  

Sin embargo, la vara con la que se mide a quienes desean ingresar  a nuestro país –o permanecer en él- tiene distintas extensiones y volumen según quién sea el postulante. Hace solamente algunos días este tuit recorrió las redes sociales y provocó ácidas discusiones entre muchos cibernautas. <<Con una mano en el corazón: ¿a alguien le parece razonable que a los únicos extranjeros a quienes se les exige certificado médico de no tener enfermedades infecto-contagiosas para entrar a Chile sea a los haitianos?>>

Poca duda cabe respecto a que nuestro actual gobierno derechista discrimina a migrantes que provienen de Haití, pero  privilegia desmedidamente a venezolanos anti chavistas que solicitan refugio en Chile, algunos de los cuales se desarman pontificando contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero a la vez, aprovechan el envión y vociferan insultos, ofensas y groserías contra la izquierda chilena, como también explicitan ofensas e injurias contra algunas ex autoridades de gobiernos de la ex Concertación y de la Nueva Mayoría, así como  contra todo aquel o aquella que ose exigirles respeto recordandoles que se encuentran en un país que no es el suyo.

Puede ser entendible el deseo de ciertos venezolanos por instalar en su tierra un gobierno que santifique la ideología y sentimientos neoliberales de quienes escapan de su patria por –supuestamente- carecer de oportunidades reales para vivir dignamente en ella, no obstante, es oportuno puntualizar que la nación venezolana lleva más de veinte años gobernada por la izquierda chavista, la llamada revolución bolivariana, instalada allí democráticamente por los ciudadanos que en un sinnúmero de elecciones la han apoyado mayoritariamente.

Los problemas internos de naciones  hermanas son patrimonio de esas mismas naciones, y no es asunto chileno involucrarse directamente en ellos. Sin embargo, Piñera lo ha hecho al entrometerse torpemente en cuestiones que no son de su directa competencia (ni tampoco de Chile como nación), rompiendo un precepto de primera importancia en lo referido a relaciones internacionales, lo cual se arrastra desde el gobierno de Ricardo Lagos cuando dio su visto bueno al golpista Pedro ‘el breve’ Carmona, con una rapidez que aplaudieron en Washington y en el FMI, pero luego, tan rápidamente como lo anterior, hubo de echar pie atrás culpando del patinazo a ciertos funcionarios de la embajada chilena en Venezuela.  Fue, a no dudar, el puntapié inicial.

Por ello, y por todo lo ya señalado, algunos venezolanos derechistas han creído que en nuestro país están abiertas las puertas para que luchen no solamente contra el gobierno de su propia nación, sino además, para atacar soez, ofensiva y bravuconamente a sectores políticos que en nuestro país son  hoy día claramente no oficialistas.

Esos privilegios desmedidos otorgados por el estado de Chile a determinados extranjeros, preferentemente a venezolanos militantes y simpatizantes de la ultra derecha, avala la creencia de esos ‘refugiados’ en cuanto a que todos los países de la región deben tener mandatarios y gobiernos cercanos al nacionalismo extremo y a la dependencia absoluta de los dictámenes emitidos por el  imperio estadounidense.

Lo que es peor aún, esos mismos foráneos suponen que nuestro gobierno posee una tendencia a tal escenario ideológico debido no sólo a la posición anti gobierno venezolano que Sebastián Piñera ha manifestado en estos primeros meses de su administración, sino también a la fuerte influencia que tiene en la agenda presidencial el ultra nacionalista José Antonio Kast.

El “asilo contra la opresión” no debe permitir el desmadre agitado por personas provenientes de otras latitudes, menos aún si a ellas el estado las ha acogido brindándoles refugio. Nuestro país hubo de sufrir, luchar y esforzarse –con sangre y lágrimas incluidas- para recuperar el sistema democrático (aunque hasta hoy tal sistema cojee severamente), por lo que resulta inaceptable observar a nuestras autoridades políticas mantener cómplice quietud y silencio ante estos actos de provocación e insultos llevados a cabo por los elementos ya mencionados, quienes se involucran de lleno en la política local trabajando para tiendas partidistas de la derecha, tratando de replicar en nuestro suelo las atrocidades y actos violentos que experimentaron en el propio, posiblemente con la peregrina y peligrosa idea de convertir a Chile en un nuevo campo de batalla que les permita beneficiar sus personales intereses.

Tampoco es un despropósito afirmar que las acciones desestabilizadoras efectuadas por estos elementos foráneos -pertenecientes a la ultra derecha venezolana, como se ha dicho- han recibido un vitamínico espaldarazo proveniente del actuar inefable (y en algunos casos delictual) que hoy caracteriza a algunas de nuestras instituciones, como es el caso de las cofradías políticas y la policía uniformada.

En estos últimos meses (tal vez han sido años) hemos identificado por fin el verdadero continente del alma de muchísimos políticos y autoridades, sean del bando que sean, descubriendo que no han trabajado ni legislado en beneficio de la mayoría de los chilenos, pues privilegiaron el hartazgo de los ya obesos capitalistas transnacionales, permitiéndoles sobrepasar la ley y la moral sin recibir sanciones severas.

También, en estos últimos meses, hemos descubierto los graves delitos cometidos por la policía uniformada y el ejército, lo que se traduce en un robo total superior a los setenta mil millones de pesos, y tan grave como ello ha sido además confirmar que esa policía uniformada se ha convertido en guardaespaldas de la oligarquía.

Mediante lo dicho, tal vez se pueda entender por qué la opinión que tiene la gente sobre la Justicia no supera el 15% de aprobación. Además, con todos estos delicados asuntos se nutren y arropan los extremistas que nuestros gobiernos del duopolio cobijan, refugian y amparan. Definitivamente, estos gobiernos nuestros son cómplices.

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