Chile. 100 muertes y una interpelación parlamentaria

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Carta abierta a la diputada Marcela Sabat

Sra. Diputada: ante la interpelación a la ministro de Justicia Javiera Blanco, tengo una serie de dudas sobre la crisis del Servicio Nacional de Menores (SENAME) que quiero plantearle.

La crisis del SENAME ha costado por lo menos 100 vidas de niños, niñas y adolescentes. Esto constituye una tragedia no sólo por la cantidad sino porque cada una de esas muertes se pudo evitar. Ciertamente la envergadura de este desastre amerita establecer responsabilidades, castigar negligencias, establecer eventuales sanciones penales para los responsables y también hacer un juicio político a la administración del Estado. Pero quiero saber si miraremos a fondo lo que la pérdida de esas vidas esconde.

¿Se establecerá que la obligación de protección de esos menores era DEBER DEL ESTADO, que debe operar cuando la red social y familiar pone en peligro el desarrollo y los derechos de niños y jóvenes?

¿Se evaluara el nefasto resultado del actual modelo?

¿Se asumirá que el rol del Estado en la creación de una red de protección es central y su delegación en actores para-estatales es un fracaso?

¿Se reconocerá el error de haber operado poniendo la ejecución de las políticas de protección en manos de sostenedores privados, que se financian a través de la subvención a la demanda?
¿Se asumirán las responsabilidades de no haber ejercido una vigilancia efectiva de los mecanismos de intervención del sistema de sostenedores?
¿Se pondrá en tela de juicio que existen organizaciones que lucran con la tragedia de los niños y vulneran sus derechos? ¿Y que pese a existir denuncias muchas de ellas no son cesadas como prestadoras de servicios al Estado?

¿Se discutirán públicamente la crisis de los centros de privación de libertad de jóvenes infractores de ley?
¿Se debatirá el drama de la violencia sexual contra los menores dentro del sistema?
¿Se establecerá que el rol de las organizaciones religiosas de las iglesias no da garantía de respeto a los DDHH de los niños y estas también deben ser revisadas?

¿Se juzgará a todas las administraciones que sin excepciones reforzaron las políticas privatizadoras, sin establecer mecanismos coherentes para proteger a los ciudadanos ingresados en el sistema?
¿Ante o lejos de las cámaras analizaremos el resultado de políticas hechas esencialmente para el castigo y no para la protección de los niños, que han dominado en estos últimos 25 años?

¿Se reconocerá que la tragedia también es resultado de una política pública que puso la institucionalidad de protección principalmente al servicio de la represión de la violencia delictual infanto-juvenil?
¿Estarán dispuestas las personas como usted a ir más lejos que la interpelación a la ministro de Justicia?
¿La “preocupación por nuestros niños“ que usted ha expresado la llevará también a reconocer la responsabilidad política de quienes han legislado con un doble estándar, que ha impuesto por más de 20 años una política de sospecha y persecución contra la infancia más pobre de nuestro país?

A la luz de las vidas desperdiciadas todas estas preguntas requieren urgente respuesta. Ellas surgen porque todas y cada una de esas muertes fueron el resultado de los oídos sordos de TODOS los poderes del Estado.

Se juzgará a la actual administración pero alguien debería juzgar también las responsabilidades de no invertir los recursos del Estado en un sistema de protección, que garantice el derecho a la vida, a la dignidad y a la integridad, y en eso señora diputada los responsables son muchos más que una ministro.

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