Chihuahua es el primer estado mexicano en manos del crimen organizado



Quizá sea Chihuahua el primer estado de la república en que el narcotráfico se ha hecho amo y señor a tal grado que las instituciones políticas y legales han sido enterradas casi por completo, para dejar paso a una situación de zozobra y angustia. En este 2008 el crimen organizado ha impuesto sus condiciones a alcaldes –frecuentemente amenazados de muerte–, domina las policías, extorsiona y secuestra a ciudadanos, incendia negocios, infunde miedo, inyecta el terror necesario para paralizar a buena parte de este inmenso estado.

Al punto de que piden decretar estado de emergencia. Los narcos matan periodistas, alcaldes, policías, ciudadanos comunes y corrientes. Los narcos desafían al ejército y ejercen un poder sin paralelo. Por eso no extraña que 62 de sus 67 alcaldes pidan, desesperados, que el gobierno federal haga algo antes de que el narco acabe con el estado. Ay, Chihuahua.

Por Humberto Padgett

Son cientos los presidentes municipales en México que viven bajo el dilema mortal casi por necesidad: plaza o plomo. No importa de qué partido sean o en qué estado se encuentren: todos se encuentran bajo acecho del narco y del crimen organizado. Están indefensos, tienen miedo. Viven en Chiapas, estado de México, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Yucatán. Muchos, como los que aquí hablan con emeequis, están cansados y hablan porque quieren protegerse. Otros enmudecen de miedo. Están al borde de un ataque del narco.

El teléfono celular en Chihuahua es una cajita de terrores que ya bien
conocen los presidentes municipales. Por eso, la voz que escuchó Félix Altamirano, alcalde de Bachiniva, era una descarga eléctrica.

–Me das 30 millones de pesos o te mato. Primero a ti y luego a tu familia –le dijeron hará unos dos meses.
–Pues necesito dejarte la presidencia, porque de dónde saco tanto dinero. Si gustan venir por la presidencia, vengan y llévensela. Yo qué les voy a dar –respondió Altamirano.

Por esos mismos días sonó el teléfono del presidente municipal de San Francisco de Conchos.
–¿Armando Hidalgo?
–A sus órdenes.
–Me das 800 mil pesos o te mato, cabrón.
–Pues vénganse para dárselos –contestó con la garganta comprimida.
–Ahora vamos por ti, vamos ya llegando
–le dijeron–. Colgaron.
Armando subió a su esposa e hijo a la camioneta y aceleró a la ciudad de Chihuahua. Regresaría azorado dos o tres días después al pueblo que le tocó gobernar.

Otra llamada. Es al edil de El Tule, Manuel Moreno Loera. Estaba en la capital estatal.
–Te tenemos identificado. Tengo a tu hija secuestrada.
–…
–Dame 500 mil pesos o la mato. Las del mismo tipo son anécdotas que se multiplican en Chihuahua desde hace semanas, meses.
–Está sucediendo esto, ten mucho cuidado
–le dijeron a Isaías Portillo Arras, presidente municipal de Valle de Zaragoza–. No te asustes, es pura mentira. Con frecuencia, la voz dice: “Sabes qué, ahora te tenemos interceptado. Te secuestramos a un hijo, nos das tanto dinero. Aquí te citamos en tu casa. Vamos a matarlos a todos”.

“Los presidentes nos hablamos a diario”, dice Isaías en entrevista telefónica con emeequis.

El suyo es un municipio con daños colaterales. Es territorio de paso por las carreteras federales que conectan hacia la capital del estado y la ciudad de Hidalgo del Parral. Por esos caminos han dejado siete cadáveres en lo que va del año. Una enormidad para seis mil habitantes.

“Nos ha tocado la peor de las administraciones en materia de seguridad pública. Ya no se puede confiar, desgraciadamente, ni de uno mismo. Salimos de casa y no sabemos si tenemos la oportunidad de regresar vivos. La gente demanda paz, pero ni nosotros mismos la tenemos. No sabemos lo que es el día de mañana.


“No hay seguridad ni para los agentes de seguridad pública, porque a lo largo y ancho de las ciudades matan a los agentes. ¿Qué seguridad puede tener uno si estamos mucho más abajo y&nbsp venimos de municipios muy pequeños. Los municipios&nbsp pequeños cuentan con diez o 14 de policías. Nosotros tenemos 12, ¿qué vamos a hacer?”.


Isaías aprieta la voz. Ya no permite que le amenacen. Le hablaron por teléfono y cuando escuchó la tensión de la voz, el primer insulto, colgó. Ha colgado varias veces más. Los alcaldes se cansaron de las llamadas.


Y apenas el pasado lunes tres de noviembre se reunieron 20 y 30 alcaldes de los enormes municipios chihuahuenses, pero apenas habitados. Estaban en la capital del estado recogiendo dinero de las participaciones estatales y federales. Uno a uno, confesaron las amenazas.

“Vimos la problemática, la analizamos nosotros mismos”, cuenta Isaías Portillo. “Ahora sí ya no vamos a hacer caso. Si nos dicen que nos vienen a matar, que nos van a secuestrar, que nos van a llevar, pues no vamos a hacer caso.

“Dijimos: no hay que temer. No tengamos miedo, no se han llevado a nadie. Es puro amago. Nosotros no podemos hacer nada. Si nos llegan de repente, pues ni modo, ya estamos en el camino”.

El terror, las amenazas, los amagos a los presidentes municipales de Chihuahua es sólo una parte de la violencia que el narco ha desatado en esta entidad. Nada es pequeño en Chihuahua. Ni el anhelo de los cárteles de Juárez y Sinaloa por aniquilarse, descabezarse, incendiarse. Ni son cortas las carreteras ardientes con muertos sembrados al lado.

Tampoco es pequeña la cifra de ejecuciones en ese estado, el más&nbsp extenso de la República: más de mil 300 personas atravesadas por las AK-47, las R-15, las nueve milímetros, sólo en 2008. En ninguna parte de México se mata más que en Chihuahua. La relación es de dos y medio a uno con respecto a Sinaloa, el segundo con la lista roja más larga.

El miedo también es grande. Galopa. Las autoridades dicen que los narcos han encontrado que la fórmula de la riqueza es más amplia que únicamente que traer y llevar mariguana y cocaína. Por eso la escalada de los secuestros. Las organizaciones sociales del estado estiman que 40 personas han sido secuestradas en Chihuahua este 2008.

El mismo número de negocios han sido incendiados, en su mayoría giros negros, luego de que sus dueños no cumplieran con el pago exigido por grupos de extorsionadores que, según alcaldes consultados, están relacionados con el tráfico de droga.
En Chihuahua, la desesperación quedó por escrito en un desplegado publicado a principios de la semana pasada.

Firmaron 62 de los 67 presidentes municipales, los gobiernos que de manera más directa viven el horror de levantones, ejecuciones, extorsiones, asaltos. El texto fue dirigido al presidente Felipe Calderón . Se le reclamó reorientar el Operativo Conjunto Chihuahua, a partir del cual las tareas de patrullaje e investigación han sido asumidas en parte por el Ejército y la Policía Federal.

Se convocó a la unidad, se exigió no “partidizar” la situación y se le dio un voto público
de apoyo al gobernador priista José Reyes Baeza, quien venía de semanas de intenso bombardeo de legisladores locales y federales panistas por la pérdida de seguridad en el estado.

Al escrito se sumaron 15 rectorías y direcciones de escuelas universitarias en el estado y del vecino Durango firmaron 21 organizaciones empresariales y ocho líderes religiosos católicos y protestantes.

Lo dicho: el pavor cabalga. “Chihuahua está viviendo momentos de violencia e intranquilidad que han superado cualquier expectativa”, escribieron. “Reconocemos que las actividades del crimen organizado han rebasado cualquier nivel de tolerancia socialmente aceptable.


“Consideramos necesario se convoque nuevamente al gabinete nacional de seguridad para que se tomen las medidas concretas que permitan dar una respuesta a esta situación extraordinaria que los chihuahuenses estamos viviendo”. Pero ese mismo día la pólvora opacó el mensaje.


Ciento cuarenta y nueve disparos de alto poder debían ser garantía de que en la madrugada del pasado domingo 16 de noviembre el comandante de la policía ministerial José Manuel Sanginés quedaría definitivamente muerto. Y así fue. Doblado sobre el volante de la Dodge Durango, el policía fue encontrado sin vida. Sanginés estaba especializado en investigación de secuestro, extorsión, robo y en esquemas de inteligencia contra la delincuencia. Al mismo tiempo, en las rotativas de diarios locales se imprimía el desplegado firmado por alcaldes, empresarios y autoridades educativas y religiosas.

Pero ese mismo día, otro hombre de 23 años de edad fue encontrado en la Agencia Estatal de Investigaciones. Otro murió en la colonia Puerto la Paz. Una más en el poblado Guadalupe Distrito cuando en el Monumento al Periodista fue abandonada una cabeza con un letrerito: “Armando Rodríguez Carreón”. Minutos después de esa mañana de jueves, 10 balas nueve milímetros acababan con su historia y con su vida.

Periodistas de El Diario de Juárez volvieron a las máquinas y escribieron a Felipe Calderón.

“Como máximo gobernante de nuestro país, lo instamos a que decrete ese estado de
emergencia para esta frontera y actúe en consecuencia con la potencia que esta desesperada coyuntura exige, con la verdadera fuerza del Estado que tantas veces ha expresado a través de su discurso en estos últimos dos años, mas no se ha traducido en la reacción que los mexicanos, y los juarenses en particular, hemos esperado”, se lee en la carta.

Otros han optado por huir. El corresponsal de Reforma en Juárez, Luis Horacio Nájera, lleva un mes en Canadá en calidad de refugiado. Y Jorge Luis esperó el final de las exequias de Armando Rodríguez, reunió familia y pertenencias y se marchó al norte.

Emilio Gutiérrez, corresponsal del periódico El Diario de Juárez en el municipio de Ascensión, donde apareció una hielera con cabezas, pasó la frontera sin permiso con su hijo menor de edad. En Estados Unidos se entregó a la autoridad
migratoria.


Hasta ahora, el reportero permanece preso en ese país y así seguirá hasta marzo de 2009, mes al que se pospuso su audiencia.


Al menos otros seis periodistas de Ciudad Juárez están en estos momentos bajo amenaza de muerte, de acuerdo con datos de Reporteros sin Fronteras.

El jueves 20 de noviembre y en referencia a la persecución de informadores en Chihuahua, la organización internacional llamó a las autoridades fronterizas de Estados Unidas a adoptar medidas humanitarias y conceder asilo político a periodistas mexicanos de Chihuahua.

El temor se hizo un hielo que resbaló por la espalda de los vecinos de Chihuahua capital a partir del lunes 10 de noviembre.


El miedo cabalgó cuando cientos de personas fueron amenazadas de muerte por teléfono y corrieron los mensajes de que la ciudad estaba sembrada de bombas, de que salir a la calle era el paso previo para morir a quemarropa. Todo pareció justificado el martes por la noche cuando el conteo de ejecutados ese día y sólo en ese lugar llegó a siete. “Tú serás el próximo”, escuchó al otro lado del teléfono celular Jorge Luis Aguirre, director del periódico digital La Polaka. Estaba en los funerales de Armando Rodríguez Carreón, reportero de El Diario de Juárez.

El 13 de noviembre, Armando, con 40 años de edad y 20 de carrera periodística, salió de su casa, en el Fraccionamiento Magisterial de la ciudad fronteriza. Subió a su Tsuru blanco y esperó la salida de su hija, a quien llevaría a la escuela.

El total de los últimos cinco días fue de 15 muertos y siete bares y restaurantes incendiados.

Las amenazas, recibidas en primera persona o a través de terceros, fueron un rumor creciente que confluyeron con la falsa versión propagada del secuestro de la procuradora estatal, Patricia González, y de que era inminente que se decretara un toque de queda.

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“Ante la serie de rumores que señalan que habrá una serie de eventos delictivos por parte del crimen organizado, se hace un llamado a la población para que no haga caso”, salió a decir en televisión Patricia González.


Pero el ojo del huracán estaba encima de Chihuahua. Al día siguiente, miles de trabajadores, alumnos, empleados y comerciantes se encerraron en casa a la espera de recibir noticias que confirmaran que su miedo estaba justificado, que se habían cumplido las amenazas.

Gustavo Madero, coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores, lamentó el “peloteo” entre los gobiernos estatal y federal. En tanto, el senador Ramón Galindo, también panista, alargó el debate que sostiene con el gobernador.

“En un principio el problema era Juárez, luego era la ciudad de Chihuahua, ahora tenemos que aceptar que todo el estado está en manos del crimen organizado, y no sólo del narco, sino de secuestros, robo de todo, de comercios, autos, es evidente que el gobierno del estado y los municipales, y en buena parte el federal, no tienen la capacidad para enfrentar este problema”, dijo el 13 de noviembre.

A las protestas ciudadanas se han sumado las declaraciones de más panistas. Semanas atrás, el diputado federal Emilio Flores insinuó que existen relaciones entre el crimen organizado y el gobierno de José Reyes Baeza. “Nos queda muy claro que desde que entró el operativo federal aquí al estado de Chihuahua se descompusieron las cosas enormemente porque pensamos que vinieron a romper con el orden pactado (…) creo que aquí había una administración más que una persecución de los delitos, una administración del crimen”.

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