Chiapas: Carta abierta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 14 de Mayo de 2009.&nbsp
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C A R T A&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp A B I E R T A&nbsp
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DR. JOSÉ LUIS SOBERANES FERNÁNDEZ.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL

DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH).

Ciudad de México.&nbsp
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Por este medio y ante la opinión pública, nos dirigimos a Usted para solicitar su pronta intervención con respecto a lo que ya es claramente una política de Estado trazada por el gobierno del señor Juan Sabines Guerrero en Chiapas: la represión y criminalización de las legítimas luchas sociales emprendidas por las organizaciones que reivindicamos nuestro derecho a ser independientes de gobiernos y partidos políticos.&nbsp

A la luz de los hechos más recientes en la entidad, es claro que el gobierno estatal ha adoptado una nueva política hacia las organizaciones y comunidades que no aceptamos vender nuestra palabra a cambio de los programas paternalistas que ofrece. Para nuestros espacios organizativos la única respuesta oficial que se ve hoy es la represión, acompañada de grandes campañas de linchamiento mediático enfocadas en criminalizar nuestras luchas sociales; campañas que son difundidas de manera masiva en todos los periódicos estatales y algunos nacionales, así como permanentemente a través del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.&nbsp

De este modo el gobierno del señor Juan Sabines ha fabricado delitos para detener y procesar a luchadores sociales inocentes. Igualmente ha recurrido, como tristemente lo hicieron en su momento los ex-gobernadores Pablo Salazar Mendiguchía o Roberto Albores Guillén entre otros, a la siembra de pruebas, a la compra de testigos falsos, a todo tipo de irregularidades procesales y a la deplorable utilización de personas civiles como grupos de choque o paramilitares, que frecuentemente acompañan y guían a los cuerpos policíacos durante sus operativos represivos. Aunado a ello, las instancias de procuración de justicia han actuado en estos casos con inusual rapidez y bajo consigna por órdenes del Ejecutivo estatal.&nbsp

Todo este cuadro violatorio del orden constitucional y de los Derechos Humanos, que en resumen ha generado nuevos Presos Políticos en Chiapas, ha sido la constante en los casos recientes de miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI-CNPA-MN), de la Alianza Popular de Trinitaria (APT), de la Otra Campaña en la zona de Agua Azul, y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).&nbsp

A lo anterior se suma un clima de hostigamiento y persecución en contra de otras organizaciones independientes como es el caso del Bloque Democrático de la Sección VII del SNTE y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS): el cual además de sufrir amenazas de muerte, allanamiento de hogares, e intimidación con supuestas órdenes de aprehensión por parte de funcionarios estatales, ha padecido incluso el acoso e intento de allanamiento por parte de elementos del ejército federal.&nbsp

Al inicio del actual gobierno estatal percibimos una actitud de apertura a la atención de las añejas demandas insolutas que se vienen arrastrando en la entidad. Sin embargo no tardamos mucho tiempo en percatarnos de que en realidad se trataba de un escenario de simulación, en el cual se escuchaban los pliegos de las organizaciones e incluso hasta se llegaban a firmar “minutas de trabajo”; pero en los hechos no existía ni la voluntad política ni la seriedad para darles la debida solución.&nbsp

Prueba patente de ello es que la Subsecretaría de Relaciones Políticas, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, que es la instancia encargada de dar la atención institucional a las demandas planteadas por las organizaciones sociales, ha cambiado seis veces de titular en los dos y medio años que lleva la actual administración; siendo siempre un continuo recomienzo desde cero, cada vez que nos “atiende” el nuevo funcionario en turno. Quienes han ocupado sucesivamente este cargo, más que querer dar solución a los problemas que se les plantean, se han distinguido por utilizar esta posición como escalera política.&nbsp

Esta desatención sistemática de las demandas planteadas por las organizaciones chiapanecas, ha sido paralelamente acompañada por la intención gubernamental de obligar a éstas a suscribir un llamado “pacto de gobernabilidad”: mediante el cual el gobierno estatal canaliza programas y proyectos de carácter meramente paliativo, a cambio del silencio y la desmovilización de las organizaciones que lo aceptan.&nbsp

Pero las organizaciones independientes que seguimos enarbolando las históricas demandas políticas, agrarias y otras de fondo, negándonos a fungir como agencias de gestoría de dichos programas que sólo sirven para eternizar el nocivo vicio del paternalismo que tanto ha dañado al tejido social chiapaneco, hemos sido completamente ignoradas por el actual gobierno estatal y, en los últimos meses, colocadas en la mira de la represión, criminalización y persecución política.&nbsp

Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) se ha solicitado en incontables veces el reinicio de la “mesa de atención” que de facto fue abandonada por la representación del gobierno estatal; y en seis ocasiones (25-Jun-07, 13-Ene-08, 25-Abr-08, 2-Jul-08, 22-Ene-09 y 15-Abr-09), esta reiterada solicitud se ha hecho a través de Cartas Abiertas dirigidas al gobernador Juan Sabines Guerrero, girando las correspondientes copias a Usted como presidente de la CNDH, a los funcionarios públicos y a los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales a los cuales también giramos copia del presente documento.&nbsp

Ante dichas cartas públicas, que dejan constancia de la voluntad del FNLS por buscar la solución de sus justas demandas a través de las vías institucionales, la respuesta oficial ha sido nula. Algunas de las organizaciones militantes de este Frente se han visto en la necesidad de recurrir a movilizaciones y acciones contundentes, como lo fue el bloqueo carretero efectuado los días 16, 17 y 18 del pasado mes de enero en el municipio de Tila, como la única opción viable para lograr que el gobierno estatal atendiera una sentida necesidad de la población indígena del ejido Petalcingo.&nbsp

Por su lado el Bloque Democrático del Magisterio de la Sección VII del SNTE, ha sido totalmente ignorado en su justa exigencia de que el gobierno estatal resuelva el pliego de demandas de los Trabajadores de la Educación entregado al Secretario General de Gobierno el pasado 27 de Abril. Más aún, el gobierno de Juan Sabines de manera abierta, irresponsable y provocadora ha estado apoyando a la dirigencia sindical espuria encabezada por Rosendo Galíndez Martínez, quien de manera ilegal y violando los estatutos sindicales fue impuesto el 18 de marzo de 2008 por la cacique Elba Esther Gordillo Morales.&nbsp

En este mismo marco, el gobierno estatal se negó a intervenir en el caso de la agresión perpetrada por un grupo priísta de corte paramilitar, coordinado por el presidente municipal de San Andrés Larrainzar, donde secuestraron y expulsaron a 32 profesores del Nivel de Educación Indígena pertenecientes al Bloque Democrático, siendo amenazados de muerte para evitar que volvieran a ingresar a sus centros de trabajo.&nbsp

Lo más reciente y descarado es el lamentable terror de Estado y linchamiento mediático emprendido en contra del MOCRI-CNPA-MN, cuyas viejas demandas sociales y de liberación de presos políticos no sólo fue ignorada por el actual gobierno, sino que de manera por demás injusta en noviembre de 2008 procedió a encarcelar además a otros trece miembros de ésa organización, de los cuales 5 permanecen aún como presos políticos; uno de ellos es Wilfrido Hernández Jarquin, parte de la dirección de la organización.&nbsp

El intento de aniquilación hacia el MOCRI-CNPA-MN ha llegado al grado de que el pasado 7 de abril a las 5:00 a.m., policías estatales detuvieron arbitrariamente a cinco familiares de presos políticos que se encontraban ejerciendo su derecho a la libre manifestación frente al palacio de gobierno, a través de un plantón que también fue desalojado con violencia. Mientras esto sucedía, simultáneamente otros 200 elementos policiales, acompañados por miembros del grupo paramilitar de la Colonia Emiliano Zapata, allanaron las oficinas de la organización en Tuxtla Gutiérrez, privando ilegalmente de su libertad a varias mujeres que se encontraban ahí, robándose además toda la información escrita de la organización, discos duros de las computadoras, memorias USB, fotografías de eventos realizados por la organización, cámaras y documentos personales; procediendo también a sembrar en el lugar armas con las cuales se procedió a la formal prisión de Eric Bautista Gómez, uno más de los dirigentes de esta organización social.&nbsp

Dr. Soberanes, nos preocupa mucho que este lamentable contexto se vea hoy agravado con las medidas anticonstitucionales impuestas por el gobierno federal del señor Felipe Calderón Hinojosa, que en el marco de su llamada “guerra contra la delincuencia organizada” y ahora ante la contingencia del virus de la influenza A/H1N1, ha hallado los pretextos para suprimir de facto las garantías individuales y los derechos humanos del pueblo de México.&nbsp

Por todo lo antes expuesto, Dr. Soberanes, pedimos atentamente a Usted que se sirva tomar las medidas conducentes a fin de detener la ola represiva y de criminalización de la protesta social que se ha desatado en Chiapas contra las organizaciones independientes. De todo lo aquí asentado, se tienen las pruebas y documentos que lo acreditan; lo cual ponemos a su disposición en el momento que Usted lo requiera.&nbsp

Solicitamos a Usted, Dr. Soberanes, que inste al gobierno del señor Juan Sabines Guerrero a deponer esa deplorable actitud represiva. Así mismo, a que le haga ver que el respeto inalienable a los Derechos Humanos es condición ineludible de toda democracia; que es obligación del Estado respetar todos los convenios y pactos internacionales existentes en materia de derechos universales. De igual modo, que lo invite a reflexionar en que la persistencia de presos políticos o del uso faccioso de la justicia, no son sino resabios de un pasado autoritario que es necesario desterrar a fin de arribar hacia un mejor país para nuestros hijos. Que lo invite a entender que las organizaciones sociales han sido una necesidad histórica de nuestro pueblo y que nunca desaparecerán con represión, sino con la debida atención a sus demandas sociales; esto es, no a través de simulaciones o campañas mediáticas, sino a través de los hechos. Así también que se abstenga de integrar expedientes bajo consigna y órdenes de aprehensión hacia los luchadores sociales integrantes de las organizaciones firmantes de la presente.&nbsp

Confiamos en que Usted sabrá persuadir al gobernador Juan Sabines, para que sepa que aún está a tiempo de enmendar esa actitud retardataria, antes de seguir transitando por el mismo camino que emprendió su antecesor: el hoy multi-repudiado Pablo Salazar Mendiguchía.&nbsp

Sin más por el momento Dr. Soberanes, nos despedimos atentamente de Usted quedando al pendiente de sus comentarios.&nbsp
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A T E N T A M E N T E&nbsp
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Por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS):&nbsp
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Yolanda Castro Apreza&nbsp Daniel A. Luna Alcántara&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp Luis A. Abarca González&nbsp &nbsp &nbsp
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Por el Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI-CNPA-MN):&nbsp
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Pavel A. Vázquez Cruz&nbsp &nbsp Francisco Jiménez Pablo&nbsp
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Por el Bloque Democrático de la Sección VII del SNTE:&nbsp
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Adelfo Alejandro Gómez&nbsp &nbsp Wulfrano Gutiérrez Martínez&nbsp
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c.c.p. Doña Rosario Ibarra de Piedra, Senadora y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República , para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Obispo Emérito Don Samuel Ruiz García, para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Lic. Diego Cadenas Gordillo, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), y Lic. Blanca Martínez Bustos, para su conocimiento y seguimiento del caso.&nbsp

c.c.p. Sr. Edgar Cortez, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos” (Red TDT), para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Lic. Luis Arriaga, Presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRO), y Lic. Isabel Uriarte, para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Lic. Dolores González, Directora de Servicios y asesoría por la Paz (SERAPAZ), y señores Miguel Álvarez Gándara y Pablo Romo, para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. P. Miguel Concha Malo, Presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y Licenciados Alfonso García Castillo y Amanda Ramos García, responsables del área jurídica, para su conocimiento y seguimiento del caso.&nbsp

c.c.p. Lic. Mario Solórzano, Presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Sr. Francisco Cerezo Contreras, Coordinador del Comité Cerezo por los Derechos Humanos, para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Dr. Adrián Ramírez López, Presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Lic. Israel Sampedro Morales, Coordinador de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Lic. Noemí Ramírez, Coordinadora del Proyecto Pueblos Indígenas de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Dra. Blanca Hernández, Directora de la Fundación Diego Lucero por los Derechos Humanos, para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Sr. Felipe de Jesús Toussaint Loera, Director de la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO), para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada , para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Lic. Marina Pagés, Coordinadora de Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Lic. Patricia Miller, Directora de PROPAZ-Suiza, para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Lic. Wolfgang Grenz, Grupo de Coordinación de Amnistía Internacional para América Central y México, para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Sr. Rodolfo Stavenhagen, Alto Comisionado de Naciones Unidas para Minorías Étnicas en México, para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Sr. Alberto Brunori, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Lic. Luis H. Álvarez Álvarez, Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Senador Andrés Galván Rivas, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República , para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Dip. Marcos Matías Alonso, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión , para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión , para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Dip. Omeheira López Reyna, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión , para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Profra. María del Socorro Ceseñas Chapa, titular de la Secretaría de Derechos Humanos del CEN del PRD, Sr. Enrique Fernández Valdéz, titular de la Subsecretaría respectiva, y Lic. Patricia Martínez y Aurelia Lozano, para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Lic. Noé Castañón León, Secretario de Gobierno del estado de Chiapas, para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Lic. Blanca Ruth Esponda, Coordinadora de Gabinete y Secretarías Técnicas del C. Gobernador del Estado de Chiapas, para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Lic. Marcos Shilón Gómez, Secretario de Pueblos Indios del Gobierno de Chiapas, para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Lic. Juan Carlos Moreno Guillén, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para su conocimiento y seguimiento del caso. &nbsp

c.c.p. Lic. José Luis Hernández Alabat, Subsecretario de Relaciones Políticas de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, para su conocimiento. &nbsp

c.c.p. A las organizaciones que conforman el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), para su conocimiento y seguimiento del caso.

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