CGT recurre el acuerdo de adjudicación pública del servicio 112 Andalucía a la empresa Ferrovial

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La organización de trabajadores solicita a la Administración el acceso a toda la documentación del proceso de licitación del 112 Andalucía

CGT pide la paralización cautelar de la adjudicación del contrato por dos años y 26 millones de euros al apreciar «motivos legales» que debían haber provocado la exclusión de la participación de esta empresa en la licitación

La Confederación General del Trabajo en Andalucía (CGT-A) ha interpuesto un recurso especial contra el acuerdo de adjudicación del servicio 112 Andalucía a la empresa Ferrovial por parte de la Junta aprobado el pasado 27 de diciembre por 26 millones de euros, IVA incluido, con una duración de dos años. CGT, además, ha solicitado a la Administración el acceso a toda la documentación del proceso de licitación del 112 Andalucía, entendiendo que existen motivos legales que debían haber provocado la exclusión de la participación de esta empresa en la licitación.

Según adelantan fuentes de la CGT, el recurso se basa principalmente en el artículo 71 de la Ley de Contratación del Sector Público que alerta de la «prohibición de contratar a entidades que han sido condenadas por vulnerar derechos fundamentales de sus trabajadores/as, se adjuntan algunas sentencias a título ilustrativo e igualmente se hace saber que se está pendiente de sentencias derivadas de la actividad de esta empresa en el 112 Andalucía durante el anterior contrato y prorroga».

Se trata de fallos judiciales relativos fundamentalmente relativos a la vulneración del derecho fundamental a huelga y a la libertad sindical, como las del 8 de marzo de las que ha venido informand este periódico. Las sentencias anexadas al recurso no solo se refieren a asuntos ocurridos en Andalucía sino en Madrid o Santander, por ejemplo, al tratarse de una empresa de carácter nacional. Montenegro también recuerda que el Parlamento andaluz aprobó una moción en abril de 2018 para la mejora de la gestión de las emergencias y apnta que, por aquel tiempo, además, Ferrovial estaba siendo sancionada por la Inspección de Trabajo por no respetar la jornada laboral de los trabajadores del 112.

El recurso especial interpuesto ahora ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales se dirige a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, cuyo titular es Elías Bendodo, y está firmado por Miguel Montenegro, secretario general de la CGT-A, que ha solicitado la adopción de medidas cautelares que suspendan la adjudicación del contrato a Ferrovial Servicios S.A. Igualmente se ha solicitado el acceso al expediente completo para la adjudiciación del servicio ‘Emergencias 112 Andalucía: Operaciones, desarrollo y análisis en los Centros Regionales y Provinciales e integración de Organismos al sistema 112’.

Asimismo se ha solicitado la paralización cautelar de la adjudicación a Ferrovial del contrato por 24 meses, al entender que existen motivos legales que debían haber provocado la exclusión de la participación de esta empresa en la licitación.

 

Prevaricación archivada

En relación a la anterior adjudicación del 112 a Ferrovial, un juzgado de Sevilla ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella formulada por CGT-A contra dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía (Isabel Mayo y Demetrio Pérez) «al no constar acreditada la comisión de infracción penal alguna» en relación con el aumento de los contratos a la concesionaria del 112.

En un auto, la jueza señaló que la «discrepancia» denunciada «debe hacerse valer, en su caso, en vía contencioso administrativa, y no en vía penal, a través de los mecanismos legales oportunos». La organización de trabajadores había pedido que se investigase si la Junta de Andalucía aumentó de manera arbitraria el contrato público a Ferrovial en noviembre de 2018 para la gestión de las emergencias del 112 en Andalucía.

Ferrovial, encargada de gestionar el 112 en Andalucía desde abril de 2017, y la extinta Consejería de Justicia e Interior acordaron modificar una de las cláusulas del contrato que habían suscrito, según la querella, e incrementar en 1,17 millones de euros las partidas bajo el argumento de las «continuas situaciones de emergencia extraordinaria» en la comunidad autónoma a partir de aquella fecha.

 

El diario

 

 

 

 

 

 

 

 

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