Centenares de inmigrantes concluyen su encierro de fin de semana tras una manifestación

Unos 300 inmigrantes, según la Guardia Urbana, y cerca de una millar, según la orgaización, se manifestaron esta tarde por las calles de Barcelona, desde el Polideportivo Sant Medir de Gràcia hasta la plaza de Sants, una acción que sirvió para poner fin al encierro que casi 600 de ellos protagonizaban en diferentes locales de la capital catalana y de Santa Coloma de Gramenet desde el viernes por la noche.

En el caso de Barcelona, los locales que les han acogido han sido, además de Sant Medir, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), los locales de los sindicatos CNT y Cobas, el auditorio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la iglesia de Sant Miquel del Port. En Santa Coloma, los extranjeros se han encerrado en la parroquia de Sant Miquel, el ateneo Julià Romera y el centro de acogida del municipio.

Tras la asamblea que llevaron a cabo en el Polideportivo, donde se reunieron porocedentes de todos los lugares que les han cobijado, los inmigrantes, a los que se unieron miembros de otras asociaciones, se manifestaron por la calle de Sants, cortando tres de los carriles de circulación, en dirección a la plaza España.

Unos 450 de los encerrados protagonizaron también una huelga de hambre desde el sábado, de los que dos precisaron atención sanitaria por principios de úlcera. A uno de los dos hombres le trasladaron a un Centro de Atención Primaria (CAP) y al otro le atendieron en el mismo lugar del encierro. La Cruz Roja, algunas parroquias de Barcelona y muchos particulares suministraron agua, zumos y mantas a los inmigrantes.

El portavoz de la Asamblea por la Regularización sin Condiciones, Enrique Mosquera, comentó a Europa Press que «numerosas personalidades visitaron algunos de los ocho locales donde se encuentran los inmigrantes para solidarizarse con ellos».

Enumeró, entre otros, al presidente de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, el secretario general de la CGT, Juan Antonio Cabrero, y el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Josep Ferrer Llop. Éste último, según Mosquera, agradeció «el cuidado y el respecto a las instalaciones» de su universidad. Incluso tuvieron que cancelar el servicio de limpieza contratado porque los inmigrantes se encargaron de esa tarea, aseguró.

REGULARIZACIÓN LIMITADA.

Los inmigrantes consideran que han logrado su objetivo, que era «mostrar a la sociedad que el proceso de regularización nos mantendrá sin papeles si no se modifican los requisitos exigidos, como el empadronamiento o un contrato laboral», comentó Mosquera.

Durante estos días, han criticado que la regularización deja fuera a las mujeres amas de casa o a los niños, al tiempo que han asegurado que muchos empresarios prefieren despedirles antes que hacerles un contrato regular.

En su opinión, el hecho de exigir un contrato de trabajo para conseguir la regularización fomenta las mafias, que en algunos casos venden contratos hasta a 6.000 euros. Los inmigrantes reclaman al Ejecutivo que flexibilicen al máximo los requisitos para conseguir lo papeles y que se admita como prueba de su estancia en España no sólo el padrón municipal sino otros documentos.

Los inmigrantes esperan que en los próximos días el Gobierno, a cuyos representantes solicitaron una reunión, responda a sus peticiones. En caso de no obtener respuesta, han planeado iniciar una huelga de hambre de carácter indefinido el 2 de abril, jornada europea de lucha contra el racismo y la discriminación.


Los 500 inmigrantes encerrados en Barcelona ponen fin a la protesta


[agencias]

Barcelona.– Los más de 500 inmigrantes sin papeles que se han encerrado este fin de semana en diferentes locales de Barcelona para reclamar que se flexibilicen los requisitos para conseguir la regularización han puesto fin a la protesta a última hora de la tarde, tal como habían anunciado.

Según ha explicado Norma Falconi, portavoz de la Plataforma por la Regularización sin Condiciones, los inmigrantes han acordado en asamblea abandonar la protesta, así como la huelga de hambre que han seguido unos 300 de los encerrados, ante el «delicado estado de salud» de algunos de ellos.

Según Falconi, cinco bengalís han tenido que ser atendidos en centros hospitalarios después del ayuno que han llevado a cabo desde el pasado viernes, cuando se iniciaron los encierros. La huelga de hambre ha sido secundada por inmigrantes encerrados en el polideportivo y parroquia de Sant Medir, en la parroquia Sant Miquel de Santa Coloma y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

También han acogido encierros de inmigrantes este fin de semana las parroquias barcelonesas de Sant Miquel del Port, la Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, las sedes de los sindicatos COBAS (Comisiones de Base) y CNT, el Ateneo Julia Romera y el centro de acogida de inmigrantes.

Los encerrados en la parroquia de Sant Medir del barrio de Sants de Barcelona han puesto fin al encierro con una marcha de protesta que ha desarrollado entre la parroquia y la plaza de Sants.

Nuevos encierros en abril

La Plataforma por la Regularización sin Condiciones ha anunciado que si el Gobierno no atiende sus reivindicaciones, a partir del próximo 2 de abril llevarán nuevos encierros indefinidos. La plataforma exige al Ejecutivo que elimine el requisito del contrato para conseguir la regularización y conceda permisos provisionales para que los inmigrantes puedan conseguir empleo, así como una ampliación de los plazos del proceso.

Además, los inmigrantes agrupados en esta plataforma reclaman que se acepte para la regularización «todo documento admitido en derecho para demostrar la estancia en el país», incluidos los resguardos de anteriores solicitudes de normalización y las órdenes de expulsión, y no exclusivamente el certificado de empadronamiento.

En opinión de los portavoces de la plataforma, aunque aumente «de forma geométrica» el número de solicitudes de regularización –hasta ahora se han presentado en España unas 100.000, según el Gobierno–, como mucho se llegará a los 400.000 expedientes, lejos de los 1,4 millones de «sin papeles» que la plataforma estima viven en el país.

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