Catástrofe en Haití, vergüenza y racismo en Uruguay

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Se cumplieron diez años del terremoto que asoló Haití, 7.0 Richter el 12 de enero y 51 réplicas de 4.9 y más en la semana siguiente. Hubo más de 300 mil muertos y otro tanto de heridos, millón y medio sin hogar, 3 millones de afectados, en un país de 11 millones. Las pérdidas superan al PIB de Haití. Entre los numerosos edificios destruidos o muy dañados estaban los hospitales. Pero esta catástrofe es más social que natural.

Si en el minuto escaso del terremoto y lo que siguió hubo muchos muertos en el acto, más numerosas han sido las muertes evitables de los que no fueron rescatados y atendidos a tiempo, por las carencias estructurales de asistencia y de todo tipo. Durante días, en muchos lados podían oírse los gritos de la gente atrapada por los derrumbes, pidiendo ayuda, y de gente que vio morir a sus seres queridos sin poder llegar a ellos. Algo parecido ocurrió en 2016 cuando el huracán Matthew. Haití es un país con 80% en la pobreza y más del 50% en pobreza extrema, durante siglos. Y esta pobreza afecta todo, y es la condición de base de la multiplicación del efecto destructivo del terremoto, y lo mismo el huracán.

Pero esta precariedad tiene una causa: el colonialismo. Y no es sólo cosa del pasado.

Haití sufrió una ocupación militar de tropas de la ONU desde 2004 a 2017, con una fuerte participación de Uruguay. Una pretendida «misión de paz» en un país que no estaba en guerra ni fue nunca amenaza para nadie, continuando la invasión de tres meses antes por EEUU, Francia y Canadá que derrocó y secuestró a su presidente democráticamente electo, tras de un siglo de intervenciones imperialistas similares. La ocupación se mantuvo durante 13 años con el supuesto objetivo de «estabilizar» Haití, y su efecto real ha sido profundizar todos sus problemas y sostener por vía fraudulenta gobiernos represores y corruptos. Con la economía colapsada, sin servicios esenciales, el salario mínimo en términos reales es hoy las dos terceras partes de antes a la ocupación, y la inflación es seis veces mayor. A esto se suma el caso escandaloso ahora revelado de la malvesación de los fondos de ayuda de Petrocaribe, y también que el gobierno resolviese un aumento de los combustibles por receta del FMI, que era otro mazazo. Ante esto el pueblo se levantó, y la rebelión masiva dura ya casi un año, una continuación y desarrollo de la serie de protestas populares contra el neo-colonialismo que lleva décadas, y que rara vez aparece en los medios; lo esencial es invisible a los ojos del racismo.

De la ayuda humanitaria internacional por el terremoto, casi nada llegó realmente al pueblo haitiano. La mayor parte fue reciclada de nuevo a los países imperialistas centrales por contratos con empresas privadas o ONGs, transformando la tragedia en negocio. Se construyeron menos de 1000 viviendas a un costo diez veces mayor que el proyectado, y sigue habiendo 30 mil campamentos y construcciones precarias. Poco y nada hicieron las tropas ocupantes y los funcionarios de la ONU, si bien también tuvieron sus muertos. Y hubo una invasión dentro de la invasión por parte de más de 20 mil marines de EEUU para rescatar solamente a sus ciudadanos. En cambio, mientras se habla de «estado fallido» y cuando nada hizo tampoco la intervención de la ONU, la solidaridad espontánea de la gente estuvo presente, rescatando lo que se pudo.

Viendo todo esto, es una vergüenza recordar que en el parlamento uruguayo, al justificar año tras año la continuación de la participación de Uruguay en la ocupación, se decía una y otra vez que así los militares uruguayos destinados podrían al volver «hacerse una casita».

Porque si para otros países invasores el negocio es lucrar con la tragedia, la vergüenza de Uruguay es prestar y ofrecer servicios mercenarios para mantener estas fuerzas armadas, y que además por eso hasta habría que tolerar los gajes del oficio.

Además de la violación de la soberanía haitiana y de sostener gobiernos antidemocráticos y fraudulentos, la ONU agregó por su cuenta otras dos catástrofes. Una es la epidemia del cólera, enfermedad que introdujeron esas tropas el mismo año del terremoto y que sigue hasta hoy, con un acumulado de tal vez 30 mil muertos y un millón de afectados. Después de años de negar su responsabilidad la ONU no tuvo más remedio que reconocerla por la evidencia abrumadora, pero no ha dado ninguna reparación.

En la otra catástrofe Uruguay ha tenido un destacado primer lugar. Siempre, las ocupaciones militares incluyen actos de violaciones, abusos sexuales, fomento de la prostitución, y actos de violencia contra la población civil. Éste también ha sido el caso.

Siempre se supo y se conocieron muchos casos concretos, y en el caso de Uruguay ya existía el precedente de hechos similares en la intervención en el Congo (y el denominador común es el racismo en acción). Si hay un gobierno que sabe lo que hacen sus tropas en este tipo de abusos, es el uruguayo. Al punto que, cuando hay un caso de paternidad de un militar uruguayo las autoridades lo repatrían, siguiendo así una política institucional sistemática de encubrimiento del abuso y abandono de esos niños.

Ahora, una investigación académica independiente sitúa a Uruguay en el primer puesto de casos registrados de abuso sexual y violación. Y las autoridades a ambos lados del sistema político, incluyendo el ministro actual y el próximo (que anunció además la intención de continuar con estas «misiones»), salen a minimizar los hechos y falsear las cifras. Hablan de un pequeño porcentaje de efectivos «indignos» entre todos los que «defendieron dignamente nuestro país» (que nunca fue atacado) como si no supiesen que en este tipo de delitos, los casos registrados son siempre una pequeña parte de los casos reales debido a las dificultades de las propias víctimas para hacer las denuncias y que se las reciba y preste atención, agravadas enormemente en el caso de un país ocupado por tropas extranjeras que son precisamente los violadores, agravadas además por la miseria extrema de las mujeres forzadas a la prostitución por la penuria económica, muchas veces además por tener que mantener a niños surgidos de esas mismas violaciones. Y más aun por la condición de niñas de muchas de esas víctimas. Sabiendo además, como está plenamente documentado, que el encubrimiento es una práctica sistemática de la institución militar como ocurrió en el caso de Johnny Jean, joven haitiano violado por tropas uruguayas en 2011.

La única actitud digna que corresponde es justicia y reparación. Que el Estado uruguayo asuma la responsabilidad, que se procese a todos los responsables incluyendo los mandos encubridores, que se tomen las medidas de fondo para cortar de raíz estas aberraciones, siendo además estas fuerzas armadas definidamente racistas desde su nacimiento hasta ahora. También es hora de que, con la reparación de estos hechos, comencemos a pagar la deuda histórica y actual que tenemos con el pueblo haitiano. Agreguemos que en su momento hubo varias iniciativas de acciones solidarias de acogida temporal de familias con niños, a propuesta de la comunidad afrodescendiente y organizaciones sociales, y que fueron ignoradas.

Indigno es en cambio este cinismo descarado de las autoridades de defender lo indefendible; el colmo es decir que es producto de la «naturaleza humana», y que justifiquen este tipo de intervenciones mercenarias neo-colonialistas. Y además, ¡que quieran seguir haciéndolo!

COORDINADORA POR EL RETIRO DE TROPAS DE HAITÍ

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