Catalunya. Tres octubres
Vivimos los rigores y absurdos de la causa político-penal más grande desde el final de la dictadura.
“Proceda” –Manuel Marchena
Tres años después nos queda, sí, una triple paradoja de la arbitrariedad de Estado. Porque el resumen drástico, kafkiano o imponderable es que, exactamente con arreglo a la misma ley y bajo el mismo imperio, por el enjuiciamiento de un mismo hecho –el 1 de octubre de 2017 y sus derivadas– ya se han producido tres sentencias absolutamente y radicalmente distintas. Incluso antagónicas. No se me ocurre ningún monumento más grande que el abuso pueda brindar a la inseguridad. En el altar de la inseguridad jurídica. Tanto como decir que sabes por qué puerta entrarás, pero que nunca tendrás ni idea de por cuál –si sales– saldrás. Así pasa con toda deriva regresiva: sabes cómo comienza, pero jamás cómo acaba. Y algunas, a veces, acaban zampándose al inventor. Por un mismo hecho que tenía idéntica acusación inicial –rebelión– tenemos un triple resultado diferente. O bien 100 años de prisión en el Supremo por sedición; o bien 20 meses de inhabilitación en el Superior de Justicia de Catalunya por desobediencia para la mesa del Parlament –que se lo expliquen a la estimada Carme Forcadell–; o bien una categórica absolución en la Audiencia Nacional que ni siquiera la Fiscalía se atreve a recurrir.
Esa misma Fiscalía que en las postrimerías del juicio reclamaba, casi implorando, que condenaran al mayor Trapero por alguna cosa –por la que fuera–, justo después de que los viéramos, como si nada, pasar de acusarlo inicialmente de rebelión a acabar suplicando una pena de desobediencia. O sea que, desde la barra libre represiva y desde la cara que tienen, venían a decirle al tribunal: de todo lo que prevé el Código Penal, de más a menos, condenen por lo que quieran o por lo que sea. Pero condenen, por Santiago Apóstol. Pues los han absuelto. Categóricamente. En una absolución que se vuelve como una sentencia contra quien los pretendía condenar. Porque claro, cuando las pruebas de cargo son las que son, pasa lo que pasa. De un general que en su osadía reconocía que hablaba de apreciaciones personales y debía de pensar que eso en sí mismo ya es una prueba; a un Tácito con tricornio que aportaba chapuceramente una prueba de última hora –no aceptada por el tribunal– y que, encima, la traducía mal. Lo que pasa en el fondo, fundamentalmente, es que vivimos los rigores y absurdos de la causa político-penal más grande desde el final de la dictadura, traducida jurídicamente en tres octubres distintos.
Tres años después y tres sentencias diferentes, pues, cuando instructor y fiscalía lo equiparaban y los acusaban de lo mismo: rebelión. Y una rifa represiva macabra continuada. Porque aquel mismo ángel benemérito que pretendía que un correo electrónico mal traducido, aportado fuera de instrucción y nulo de pleno derecho, valiera de súbita prueba condenatoria, es el mismo que esta semana rubricaba los informes que hablaban de rusos, criptomonedas y de la Vóljov –severa derrota hitleriana, por cierto– y que provocaba, a la postre, informaciones periodísticas del tipo “se los vincula al lema Spain, sit and talk”.
Porque si esta semana tocaba continuar mezclando todo y pasar por el Kremlin, por Snowden y Assange; si esta semana tocaba la pesca de arrastre para ver qué pescaban y qué inventaban; si esta semana tocaba acumular munición para cuando el Duque de Ahumada participe en la previsible campaña electoral; si esta semana alguien planificaba –qué, por qué, desde dónde– todo esto; pues la semana que viene, a nosotras, nos tocaba activar de nuevo la solidaridad frente al ensañamiento de Estado con los síndicos y las síndicas del referéndum del 1-O. Fiscalía solicita para Jordi Matas, Tània Verge, Marc Marsal, Josep Pagès y Marta Alsina 2 años y 9 meses de prisión para cada una. Digo que tocaba, porque cuando la injusticia penal es epidemia, el juicio oral se ha aplazado por pandemia.
Agendas paralelas, lawfare, shock doctrine o deep state –anglicismos nuevos que hablan de cosas viejas–, quien finalmente aplica esta doctrina del shock es una tecnoestructura del Estado –la caja B de la represión– que tiene nombres propios y combina todos los elementos. Porque alguien –quién, por qué, desde dónde– planificaba todo eso. Pretender hoy que las desventuras del comisario Villarejo –“Acabar con los independentistas de una puta vez por todas”– o las confesiones judiciales del comisario Pino –“Hemos hecho operaciones que pondrían los pelos de punta. Por el interés de España”– son una anécdota a pie de página de la cloaca estatal, y no todo un dispositivo de Estado que para poder operar se sitúa a las afueras del sistema ordinario, es no querer afrontar la dimensión del retroceso ni asumir la profundidad de la deriva ni evaluar los daños permanentes.
De la síntesis hoy sabemos, cuando menos, las frías consecuencias estadísticas, pese a que los números siempre ocultan los rostros: cerca de tres mil personas represaliadas tras el 1-O. Por querer votar. Por unas urnas, por unos pitidos, por una nariz de payaso o por una pancarta, da lo mismo. Todo por la patria, se entiende mejor en este contexto. Y todo quiere decir todo –juicios especiales, cloacas estatales, espionaje industrial, operaciones encubiertas, batalla diplomática por el relato, complicidad y amparo a la extrema derecha, Pegasus y todo el arsenal represivo disponible–. Y con el personal dispuesto, claro: policías patrióticas, fiscales patrioteros, magistrados patriotas. Tecnoestructura de Estado al servicio del Nacionalismo de Estado. Y doble vara de medir, claro: no hay derecho penal de enemigo sin derecho penal de amigo. Homenaje de Estado a la impunidad y la violencia de persecución contra las urnas. Siempre deberíamos recordar, cada día, que los mandos superiores de la represión policial de octubre de 2017 han sido todos galardonados, ascendidos y condecorados.
“Causa general”, “Meras sospechas e hipótesis”, “Espigueo en la aplicación general de normas excepcionales que generan una clara indefensión”, “Investigación prospectiva”. No son las palabras sensatas de ningún independentista. Son las palabras, harto sensatas también, del escrito de la abogada Rosa María Seoane exigiendo el archivo de la querella contra el gobierno de España por la gestión de la covid-19. Seoane fue quien acusaba, en nombre de la Abogacía del Estado, en el juicio contra el 1-O en el Supremo. Hay palabras que se dan la vuelta solas. La deriva iliberal estatal en un contexto de desdemocratización global abre de par en par el agujero negro de un cajón de sastre represivo discrecional y de un sistema penal dual. Uno formalmente garantista, el otro discretamente excepcional. Esto es lo que afrontamos. Y de donde hemos de salir urgentemente. Decir unitariamente se ve que ya es decir demasiado.
“La construcción de un orden político sobre la evitación del miedo y la crueldad no tiene nada de reduccionista”, escribió Judith Shklar en El liberalismo del miedo. «Quien desee salvaguardar su libertad deberá proteger de la arbitrariedad incluso a sus enemigos o se establecerá un precedente que se le volverá también en contra”, escribió Thomas Paine. La actual degradación democrática demuele también lo que han construido –no sin hipocresías, carencias y déficits– las tradiciones del liberalismo político, nacido precisamente contra el abuso, contra la intolerancia del poder y contra la crueldad de los absolutismos, y como respuesta civil a las violencias amargas del sometimiento y la dominación. Lo digo para escudarnos (así están las cosas de mal) en uno de los principios políticos liberales clásicos, nacido del espanto o del horror universal: la sospecha de abuso de todo Estado, el temor a la arbitrariedad y el miedo a la indefensión. Y la radical necesidad de códigos, compromisos y conciencias que lo impidan. Antes de que sea demasiado tarde. De lo que ya es.
https://www.ara.cat/opinio/Tres-octubres-David-Fernandez_0_2554544757.html
Traducción: viento sur
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