Catalunya: Panorama antes del 14F
Es muy probable que la lucha por los derechos sociales y las condiciones de vida de las clases populares, como única posibilidad de defenderse de los efectos devastadores de la crisis económica, vaya en aumento.
La situación política catalana está en un proceso de cambio desde finales de octubre de 2017 y esto se reflejará en las elecciones, pero el resultado es muy difícil de captar por las encuestas en una situación en que la gente tiene miedo de ir a votar debido a la epidemia de la covid-19 y con un gran número de indecisos a pocos días de las elecciones. Además, cambios relativamente pequeños en los votos de cada partido pueden tener consecuencias importantes sobre quién será el futuro presidente.
Tanto las personas que desean que el presidente sea Pere Aragonés, como Laura Borràs o Salvador Illa pueden encontrar una encuesta que mantenga sus esperanzas aunque sea por un margen estrecho, porque si se mira el conjunto de los sondeos se observa un triple empate.
En el curso de estos tres años se han producido cambios en la opinión de la gente que las encuestas de opinión han podido seguir mejor. Las del Centro de Estudios de Opinión (CEO) han continuado indicando que una mayoría muy amplia de la población es partidaria de un referéndum para decidir el futuro de Catalunya: un 76,6% en octubre del 2020. En cambio, desde julio de 2019, la gente que dice explícitamente que quiere que Catalunya sea un Estado independiente es menor que la que no lo quiere (44,5% frente a 47,7% en enero de 2021). El no a la independencia alcanza el 71,4% entre los que tienen intención de votar a los Comunes y el 20,6% entre los que lo quieren hacer por ERC. A un nivel más genérico quienes creen que Catalunya debería ser un Estado independiente son un 33,5%, los que opinan que debería ser un Estado federal un 26,5% y los que prefieren que sea una Comunidad Autónoma el 26%.
La lógica política parecería aconsejar que todos los partidos independentistas pusieran en primer término la exigencia de un referéndum, una medida democrática que hace un consenso muy grande en Catalunya y que tiene un apoyo del 30% en el resto del Estado (CEO de octubre del 2019). Pero esto no es así y algunos desplazan el debate a si hay que hacer una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) o si se debe descartar una solución pactada con el Estado y prepararse sólo por una vía unilateral.
¿Una DUI con el 50% de votos independentistas?
Desde el día siguiente del referéndum del 1 de octubre de 2017 hay mucha gente que considera que el referéndum ya se hizo, se ganó, tuvo suficiente legitimidad y sólo hay que cumplir el mandato de octubre y hacer efectiva la independencia.
Así lo expresaba va por ejemplo un editorial de Vicent Partal, director de VilaWeb : «No hay que plebiscitar el mandato del primero de octubre: hay que cumplirlo».
Una posición más radical que la de Quim Torra, que consideraba que implantar la república debía ser la consecuencia jurídica si el independentismo superaba el 50% del votos el 14F.
La posición de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) es similar. En su Decálogo de principios de acción política institucional afirma: «El mandato democrático del Primero de Octubre es vigente para hacer efectiva la independencia en esta misma legislatura» (punto 3). «Si bien el 50% + 1 de los votos independentistas legitimaría aún más el mandato del referéndum del Primero de Octubre, este último por sí solo obliga a las instituciones a hacer efectiva la independencia» (punto 5).
Carles Puigdemont (JxCat) también pidió desplegar la DUI si el independentismo supera el 50% de los votos y el gobierno central no acepta un referéndum de autodeterminación.
Laura Borràs (JxCat) comenzó la campaña afirmando que si el independentismo superaba el 50% de los votos la primera sesión del nuevo parlamento debería ratificar la declaración de independencia. Pero posteriormente lo matizó diciendo que la DUI sólo se haría cuando se pudiera defender.
Estas propuestas se han criticado desde otras posiciones del independentismo como puramente simbólicas, sin condiciones para hacerlas efectivas o como independentismo mágico.
En todo caso, ninguno de los defensores de hacer una DUI sin ganar un nuevo referéndum no ha explicado cómo se haría y cómo se defendería. O por qué Puigdemont no lo hizo después del 1 de octubre, en unas condiciones mucho más favorables.
Se ha insistido menos en que una DUI en estas condiciones no sería democrática. VilaWeb ha calculado que con la participación del 62% estimada por el CEO, el 50% + 1 de los votos se lograría con 1.720.000 papeletas. Pero debido a la pandemia es posible que la participación sea aún más baja: en el País Vasco fue del 51% y en Galicia del 49%. En un país de 7,5 millones de habitantes, con más de 5,6 millones de posibles votantes, con un independentismo profundamente dividido y con una movilización importante de los contrarios a la independencia, no es democrático proclamar la independencia con 1,72 millones de votos en las elecciones autonómicas.
La realidad es que aunque gane, Laura Borràs no activará la DUI de forma inmediata ni más adelante. Que sólo es una fórmula retórica que, como durante la presidencia de Quim Torra, quizás vaya acompañada de desobediencias poco trascendentes y consecuencias penales importantes. Pero esta retórica puede seguir influyendo en que más gente desvíe su frustración hacia la denuncia de más españolistas y colonos, como ya ha empezado a pasar con personas de la lista de JxCat.
ERC: ¿la vía amplia hacia la independencia?
Desde hace mucho tiempo ERC tiene una opinión contraria a hacer una DUI. Defendió que tenemos que ser más y más fuertes para hacer efectiva la república catalana y que hay que ensanchar la base, sumar más gente favorable a la independencia, sobre todo a través de una buena acción de gobierno, empezando a demostrar en la práctica que con una Catalunya independiente todos, no sólo los independentistas, saldrían ganando.
Durante la campaña electoral ha definido su camino hacia la independencia como una vía amplia que el periodista Antoni Bassas ha resumido así: «Vía amplia, ya se entiende, significa que caben los independentistas nuevos y los viejos, los de tenemos prisa y los de debemos ser más, los de con España no hay nada que hacer y los que creen en la España fraternal».
Laura Borràs ha criticado esta orientación: «Quieren una vía tan amplia para poner la independencia en una vía tan lenta que puede acabar en vía muerta».
En mi opinión ERC es realista a la hora de constatar la situación en que estamos y en que hay que ensanchar la base o construir una vía amplia donde quepa mucha más gente. El problema es cómo propone hacerlo y cómo lo ha hecho durante estos tres últimos años en el gobierno de la Generalitat.
La acción del gobierno de JxCat y ERC no sólo no ha servido para ensanchar la base, sino que la ha reducido. Por ejemplo:
- Cuando la Generalitat ejerció de acusación contra personas que participaron en movilizaciones, algunas de las cuales tenían el apoyo del propio gobierno.
- Con las graves insuficiencias en el desarrollo de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que, según el exhaustivo informe de Sixte Garganté, tiene una «una tasa de cobertura inferior a las prestaciones equivalentes del País Vasco, Navarra, Aragón , Extremadura y Asturias, que son las comunidades autónomas que dedican, proporcionalmente, más dinero de sus presupuestos».
- Con la falta de previsión y los errores en la lucha contra la covid-19. Tanto por parte de la conselleria de Sanidad, que sólo cambió el secretario de Salud Pública tras muchas presiones y confió el rastreo a una empresa privada filial de Ferrovial, como por parte de la consellería de Asuntos Sociales que estaba al cargo de las residencias de ancianos.
Para decirlo brevemente, una condición indispensable para ensanchar la base es que el gobierno demuestre en la práctica que amplía las libertades democráticas, los derechos sociales y las garantías de condiciones de vida dignas, especialmente para las clases populares. Y eso no ha pasado. ERC no ha querido o no ha podido hacer políticas de izquierda. Ni siquiera las ha propugnado abiertamente. Ha sido prisionera de la vieja fórmula: primero la independencia y luego ya nos pelearemos, y cada año que pasaba la vía se hacía más estrecha.
El efecto Illa: una restauración con mascarilla quirúrgica
La propuesta de Salvador Illa como candidato del PSC fue la sorpresa de la precampaña electoral. Es una persona gris, que no tiene la retórica de Pedro Sánchez, ni baila como Miquel Iceta, pero era conocido por todo el mundo debido a sus apariciones en la tele explicando la evolución de la pandemia.
Su popularidad aumentó cuando dejó de hacer ruedas de prensa con militares y guardias civiles y, sobre todo, cuando devolvió buena parte de las competencias a las comunidades autónomas, que aparecieron como las principales responsables de las malas noticias. Especialmente cuando no fueron capaces de demostrar que lo sabían hacer mucho mejor que el Estado, como es el caso de Catalunya.
La última encuesta del CIS sobre Catalunya muestra que la gente valora igual de bien o de mal la gestión de la pandemia por parte del Estado o de la Generalitat: el 66,3% valoran como regular, buena o muy buena la del gobierno de España y el 66,4% la de la Generalitat.
El efecto Illa, antes de las elecciones, ha conseguido hacerlo aparecer como posible ganador.
Pero el efecto Illa, si logra ser presidente de la Generalitat, será una actividad de gobierno sistemática para restaurar la situación política y social anterior al tripartito de Pasqual Maragall, cuando el Parlamento de Catalunya aprobó un proyecto de nuevo Estatuto (2005). Aquel que fue recortado por las Cortes españolas (2006), aprobado por referéndum (2006) y vuelto a recortar por el Tribunal Constitucional (2010). Salvador Illa quiere retrasar el reloj político 15 años.
Para conseguir esta restauración Illa no hará uso de insultos, como Arrimadas, Carrizosa o Borrell. Lo hará como si diera una información sobre la covid-19, con la mascarilla puesta, pero con la precisión de una operación quirúrgica. Sus declaraciones no dejan lugar a dudas.
Se acabó de hablar del derecho a decidir: «Cataluña decide cada vez que va a votar … Un referéndum de autodeterminación no tiene Cabido en la Constitución. Quiero pasar página de 10 años que han dividido a la sociedad. El punto de encuentro es volver a convivir y aceptar que hay una mayoría que no quiere la independencia … Un referéndum es algo descabellado y no tiene apoyo en la sociedad catalana». (Entrevista en El País )
«No, yo con Vox no me manifesté, yo me manifesté en una convocatoria a la que fue mucha gente de Catalunya que decía: escuche, no queremos la independencia … El 155, guste o no, es una respuesta del Estado de derecho … quiero hacer un gobierno progresista, y la fórmula que propongo es con los Comunes, que muy probablemente no sumará 68 diputados, pero tendrá un peso importante». (Entrevista en el diario Ara)
La pregunta que hay que hacerse es: con este programa, aparte de los Comunes, ¿qué fuerza política le puede votar para que sea investido por mayoría absoluta en la primera vuelta o por mayoría simple en la segunda? La única posibilidad parece ser Ciudadanos, PP o Vox
Los que no ganen pueden ser decisivos
Quienes no ganen pueden hacer posible un gobierno independentista presidido por Aragonés o Borràs. O un gobierno presidido por Illa. O forzar una repetición de las elecciones.
Por mucho que lo nieguen durante la campaña creo que no se puede excluir que C’s o PP o Vox se abstengan en la segunda votación de la candidatura de Salvador Illa, para cerrar el paso a un presidente independentista si resulta aritméticamente posible.
En este caso, ¿cuál sería la posición de los Comunes? No sé si se lo han planteado. De momento Ada Colau ha afirmado que sólo los Comunes pueden conseguir un gobierno de izquierdas entre ellos, ERC y PSC. Pero esto parece extraordinariamente difícil porque los dos últimos se han excluido mutuamente y porque sería destructivo para ERC. Si los Comunes deben optar por uno de los dos, lo más probable es que elijan al PSC, tal como ya hicieron en el Ayuntamiento de Barcelona, y porque así no entrarían en contradicción con el gobierno de coalición a nivel estatal.
El programa de los Comunes en el terreno nacional, sin dejar de ser formalmente soberanista, se ha ido haciendo cada vez más gradualista. Así lo ha explicado Jessica Albiac : «El referéndum, obviamente, está, pero sabemos que el PSOE se niega, de momento. Y no queremos quedarnos sin reaccionar ante el conflicto que tenemos, el malestar de la gente. El conflicto se debe ir resolviendo. Por lo tanto, libertad para los presos, avanzar en autogobierno, reforma del sistema de financiación, disposición adicional de la constitución [ para reconocer más derechos y competencias para Catalunya; nda ] y referéndum. Estas son nuestras propuestas. El orden depende de la correlación de fuerzas de cada momento».
Pero, de momento, tampoco parece que tengan capacidad de hacer entrar en el PSOE en esta vía reformista. Los esfuerzos de Jaume Assens a favor de un indulto y de la reforma del delito de sedición aún no han dado ningún fruto. Pedro Sánchez está concentrado en arrastrar votos de Ciudadanos hacia el PSC.
Si Salvador Illa no puede ser presidente, ¿los Comunes se abstendrán para permitir la elección de un presidente nacionalista? ¿O preferirán la repetición de elecciones?
Otro voto que puede ser decisivo para la elección de un presidente es el de la CUP-G (confluencia entre la CUP y Guanyem) . Son una candidatura independentista y la única abiertamente anticapitalista entre las que pueden obtener diputados. En el terreno nacional Dolors Sabater ha criticado la DUI que propone JxCat y defiende un nuevo referéndum que sea vinculante, ya sea porque el Estado lo acepta o bien porque se le obliga a aceptarlo. En el programa de CUP-G se explica que para ello será necesario interpelar a gente más allá del independentismo. En buena lógica parece que estas cosas requieren tiempo y alianzas. Por eso sorprende que hayan propuesto el 2025 como fecha para el referéndum y que no hayan abierto su candidatura a fin de agrupar soberanistas e independentistas en una orientación anticapitalista.
CUP-G no se ha pronunciado sobre la investidura y sabemos que hay debate sobre si formar parte de un gobierno independentista. Se puede dar por seguro que no investirá a Salvador Illa. Pero como los posibles presidentes independentistas, Aragonés o Borràs, no presentan un programa con orientaciones anticapitalistas, no está claro si permitirán su investidura con su voto o la abstención. Recientemente Dolors Sabater ha declarado que «sería un fracaso hacer unas nuevas elecciones, pero también sería un fracaso repetir lo que hemos hecho estos tres años». En este sentido, ha reclamado «medidas de control y seguimiento» para apoyar un posible gobierno de JxCat y ERC … «Queremos conseguir la máxima representación para poder condicionar el futuro ejecutivo porque no basta con tener un Gobierno independentista, sino que hay que rescatar a nivel social a la mayoría de la gente «…
Gane quien gane habrá inestabilidad política
Cualquier gobierno nacionalista deberá apoyarse en una alianza entre ERC y JxCat aunque su orientación será diferente según si la presidencia es para Borràs o Aragonés y según las posibilidades de condicionarlo que tenga la CUP. Pero las discrepancias y las tensiones continuarán como en estos últimos años. Aun así permitiría evitar un retroceso en el terreno nacional, ser un factor de presión sobre el gobierno del PSOE y Unidas Podemos, y evitar las tentaciones del PSOE de girar hacia C’s.
Si Illa consigue la presidencia iniciará su programa de restauración, pero con toda probabilidad se encontrará con grandes movilizaciones en la calle, porque la gente independentista está frustrada pero no derrotada, y volverá a la lucha y a la resistencia unitaria.
Tanto en un caso como en otro, es muy probable que la lucha por los derechos sociales y las condiciones de vida de las clases populares, como única posibilidad de defenderse de los efectos devastadores de la crisis económica, vaya en aumento.
Es en el curso de estas luchas que se pueden ir creando las condiciones de una alternativa en el terreno nacional y social.
Martí Caussa es miembro del Consejo Asesor de viento sur
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